Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 06/2011
26 de enero de 2011
Pregunta (P): En relación con la situación que viven los menores, no nos quedó muy claro, ¿son más de 5 mil los menores que están ya dentro de las filas del Ejército mexicano?
Luis González Placencia (LGP): Bueno, de acuerdo con los datos del Informe sí, estamos habando de todo el país. Son personas menores de edad, hay que tener en cuenta que estamos hablando de menores entre los 16 y los 18 años.
P: ¿Y eso una violación a sus derechos?
LGP: No necesariamente, el problema está cuando estos jóvenes empiezan a hacer tareas que ponen en riesgo sus vidas. Lo que es importante aquí es que se eleve la edad de ingreso a las Fuerzas Armadas a los 18 años como lo marca la Constitución en términos de la mayoría de edad.
P: Doctor, ¿y qué pasa con los menores que se enrolan en el crimen organizado, este número se podría duplicar?
LGP: Desafortunadamente no hay estadísticas claras sobre el tema, pero ahí no tenemos ninguna limitación de edad desafortunadamente. Entonces estamos hablando de que puede haber niños y niñas de edades tempranas ya involucrados en actividades de la criminalidad organizada.
P: ¿Pero usted hablaba de un riesgo de que pudieran verse enrolados ya en esas actividades del crimen organizado?
LGP: Sí, desde luego ese riesgo existe. En nuestra opinión el problema radica en que desde muy temprana edad niñas, niños y adolescentes no encuentran mecanismos institucionales para acceder a sus derechos, como a la educación, a la salud; en el caso de los adolescentes al trabajo; y todo eso lo que implica es generar un caldo de cultivo para el reclutamiento en las filas de la criminalidad organizada.
P: ¿Entonces ante la falta de apoyos institucionales se podrían engrosar las filas del crimen organizado?
LGP: Sí, naturalmente. Yo creo que por eso es que es importante que la revisión que se está haciendo de la estrategia se tomen en consideración estas otras variables de carácter social que contengan la violencia y que creen, digamos, esas vías institucionales.
P: ¿Sería suficiente, Doctor?
LGP: Pues tendría que ser un tema que se verifique a mediano y largo plazo. Hoy me parece que estamos viendo consecuencias de cosas que no se hicieron hace 15 ó 20 años, y esa mirada de largo plazo en el país es necesaria. Hay que empezar a hacer las cosas ahora para que se puedan ver más tarde.
P: Cambiando un poquito de tema, sobre el caso de la Supervía. El Jefe de Gobierno el mismo día en que se emitió la Recomendación y al día siguiente ya hizo de manifiesto que no se va a acatar y que la obra va a continuar, que seguirá adelante. ¿En qué posición queda la Comisión? Hay el apoyo social a la Recomendación, pero también hay disgusto en algún sector de la población de Magdalena Contreras que se opone justamente a esta Recomendación. ¿Cómo queda parada la Comisión, Doctor?
LGP: Bueno, nosotros hicimos una resolución que es totalmente técnica. Estamos esperando la respuesta oficial del Gobierno de la ciudad. Sabemos que esa respuesta se está construyendo también con muchísima responsabilidad. Entonces lo que esperamos, como lo dije el día en que la presentamos, es que la Recomendación se acepte. Por otro lado, yo ya me he estado reuniendo con grupos de vecinos que están a favor del proyecto para aclararles cuál es el sentido de la Recomendación. Hemos tenido diversas reuniones con personas en Santa Fe y otros lugares en donde le explicamos que el asunto es que nosotros no nos oponemos a la construcción de la obra. Lo que estamos diciendo es que encontramos violaciones a derechos humanos de personas, de un colectivo en específico, con motivo de la construcción de esta obra y estamos solicitando que esta obra se resuelva. No es nuestra facultad pronunciarnos sobre la utilidad o no de la obra. En todo caso compartimos el sentir de quienes viven de aquel lado y la necesidad que tienen de comunicarse más rápidamente con el Sur.
P: Doctor, pero si bien la respuesta que está siendo estudiada de una manera muy responsable, la respuesta inmediata que da el Mandatario local no fue, entre comillas, la más mesurada o la que se esperaba. ¿Este ya es un mensaje para la Comisión de cómo puede venir la respuesta y si tienen ustedes un plan B en caso de que la rechace el Gobierno del Distrito Federal?
LGP: Bueno, el plan B está en la propia ley; es decir, nosotros podemos decir solamente lo que la ley nos permite. Si hubiese un rechazo tendríamos que evaluar, junto con nuestros peticionarios, cuál sería el paso siguiente, que según la ley tendría que ser el de notificar a la Asamblea. Pero la verdad es que esperamos que a pesar de esa respuesta inicial que se dio la respuesta oficial venga en un sentido distinto.
P: Oiga, Doctor, pero el Jefe de Gobierno ya afirmó y ya dijo por todos lados que no va a suspender la obra, que eso no se puede atender. En todo caso sería una aceptación parcial de la Recomendación, ¿eso no significa que realmente la Recomendación no nos va a servir de nada o no les va a servir de nada a los vecinos que buscan esta reparación de daños?
LGP: Tendría que haber una explicación justificada y motivada para negarse a la Recomendación. Eso es lo que esperamos que nos entregue el Gobierno de la ciudad. Una vez que conozcamos ya claramente cuáles son los términos de esa respuesta entonces ya podremos asumir una posición. De momento lo que ha habido son expresiones y yo creo que en ese sentido tenemos que tomarlo.
P: ¿Usted cree que todavía puede decir que sí acepta completamente la Recomendación el Gobierno del Distrito Federal entonces?
LGP: Pues es lo que esperamos, ¿no? Nosotros lo que buscamos es que haya una aceptación de la Recomendación, que se haga caso a lo que la Comisión plantea…
P: ¿A pesar de lo que ya dijo el Jefe de Gobierno?
LGP: A pesar de lo que dijo el Jefe de Gobierno, claro.
P: Doctor, se está creando un ambiente de confrontación: vecinos a favor de la Supervía y vecinos en contra de la Supervía. ¿A dónde puede llevar esta confrontación ya directa entre unos y otros?
LGP: Yo creo que ese ambiente de confrontación tiene ya mucho tiempo gestándose. Probablemente ahora se ha evidenciado más, y lo que pensamos nosotros es que es importante que el mensaje que se envíe es que lo que se busca es generar certeza, y que las personas encuentren en las instituciones la vía para resolver sus conflictos. O sea, parte de las motivaciones que nos llevaron a emitir esta Recomendación tienen que ver con la necesidad de detener un conflicto que se estaba recrudeciendo y que ya había dado muestras de conato de violencia que por fortuna no llegaron a mayores. Entonces creo que el mensaje que tenemos que enviar es que las instituciones son las adecuadas para resolver los conflictos y que hay que recurrir a ellas y confiar en ellas.
P: Doctor, entiendo que el siguiente paso sería recurrir a la Asamblea Legislativa, pero la Asamblea Legislativa está dominada por el PRD; o sea, no habría ningún margen de movilidad para que la Comisión pudiera exponer y hacer ver a los diputados de que se tiene que acatar esa Recomendación. Muchos sectores de la sociedad ya han dicho que el Gobierno del Distrito Federal debe acatar si es que realmente está en el mismo plano o en la misma concordancia con el Programa de Derechos Humanos, porque el Gobierno fue uno de los principales promotores del Programa de Derechos Humanos y ahora es la primera instancia que da muestran de incumplir con una Recomendación de la Comisión de Derechos Humanos. ¿No se maneja ahí una doble faceta del Gobierno de la ciudad?
LGP: Por eso insisto mucho en que creo que una respuesta ya, digamos, más pensada, el Gobierno tiene 15 días para responder, una respuesta mejor construida tiene que tomar en consideración justamente esas premisas que tú planteas. Y de ahí la confianza en que la Recomendación pueda ser efectivamente aceptada, o de que en caso de que haya algún argumento, porque según recuerdo lo que el Jefe de Gobierno dijo es que había una imposibilidad jurídica para suspender, que ese argumento se plantee. Hay tomar en cuenta, si ustedes leen la Recomendación, la suspensión es un medio no es fin. Es un medio para que se satisfaga un derecho que fue violado que es el de la participación ciudadana. Entonces una respuesta en la que se demuestre eficientemente que efectivamente hay una imposibilidad jurídica para suspender nosotros tendríamos que valorarla en ese sentido.
P: Comentaba que se ha reunido con las personas que están de acuerdo con la obra, ¿ha logrado convencerlos de que hubo violaciones a los derechos humanos de los vecinos que se oponen a la obra?
LGP: Sí, afortunadamente ha habido una gran apertura, ha habido una posición, digamos, de reconocimiento, de que la investigación se hizo con toda seriedad, de que las Recomendaciones que estamos nosotros planteando son Recomendaciones que se derivan justamente de esas violaciones y de la certeza de que la Comisión está haciendo su trabajo como debe de hacerlo.
P: ¿Y sí son vecinos, Doctor?
LGP: Algunos son vecinos, algunos son empresarios.
P: ¿Pero sí radican ahí o son agregados?
LGP: No, algunos son vecinos, otros más que trabajan en la zona, y como lo he dicho nosotros estamos abiertos, totalmente abiertos a hablar de quienes están a favor…
P: ¿Los invitaron ustedes a acompañar la Recomendación?
LGP: Eso es lo que yo estoy buscando; es decir, que quede claridad de que no es la Comisión la que está generando este conflicto. La Comisión está buscando un camino institucional para resolverlo y más bien aquí lo que necesitamos es que haya certeza en los actos del Gobierno, de manera específica en cuanto a la Supervía y consideramos que si esa certeza se da es posible que el conflicto por lo menos en esos temas se encauce adecuadamente.
P: ¿Es el mismo grupo que pidió audiencia pública hace unos días, es el mismo grupo con los que se reunió?
LGP: No, con ellos ya me había reunido en otro momento también durante la investigación. Este grupo que tú comentas iba a venir el lunes, los estuvimos esperando, no llegaron. Tengo entendido que hay un grupo de personas ahora aquí también, entonces la verdad es que no sé cuál es el motivo, pero estamos totalmente abiertos a hablar con ellos.
P: ¿Han detectado la presencia de algún tipo de grupo de choque característico o ligado directamente al PRD, algún tipo de organización de invasores que se esté uniendo a este movimiento y busque crear este ambiente de confrontación? Porque la manifestación que tuvieron aquí ustedes enfrente no fue del todo pacífica, no venía en buenos términos.
LGP: No tengo noticia de que pertenezcan a algún grupo. Nosotros los atendemos aquí como cualquier persona que llega, pero no tengo ningún indicio que me permita suponer eso, por lo menos hasta ahora.
P: Doctor, ayer realizó un operativo la Procuraduría capitalina, se rescatan a 75 personas. Ustedes dieron el aviso a la Procuraduría, ¿y en base a qué ustedes lo canalizaron?
LGP: Tuvimos una queja aquí de una persona que dio cuenta de este asunto. Inmediatamente la Dirección General de Quejas se puso en contacto con la Procuraduría, dio noticia y efectivamente ayer se realizó el operativo.
P: ¿Qué tipo de irregularidades, porque me supongo que enviaron ustedes a algún tipo de Visitador a verificar esta información?
LGP: Dimos cuenta de inmediato a la Procuraduría por la naturaleza de la denuncia, de lo que se hablaba era de abusos que podían implicar daños graves a las personas, y en ese sentido fue que se actuó.
P: ¿Qué pasa con la Recomendación que se iba a emitir por el caso de losElegidos de Dios y limpieza social?
LGP: Está todavía en investigación.
P: ¿Pero qué es lo que hace falta?
LGP: Pues por ejemplo que en casos como éste verificar si los podemos incorporar a la propia investigación, ésa la está llevando a cabo la Tercera Visitaduría.
P: Oiga, Doctor, pero en este caso estar esperando caso tras caso…
LGP: No, no es que estemos esperando los casos es que cada vez que aparece un caso como éstos tenemos que considerarlo porque eso fortalece la investigación.
P: ¿El año pasado ya tenían lista esa Recomendación, no?
LGP: No, todavía no estaba lista.
P: Pero es que hasta donde vemos nosotros como reporteros no hay una analogía entre ambos casos. Éste nada más es un anexo donde los tenían ahí en un estado insalubre, pero no eran explotados laboralmente. En el caso de los Elegidos de Dios sí se comprobó el maltrato, la explotación, etcétera. Ya va más de un año de este caso…
LGP: Tengan en cuenta que estamos hablando en los dos casos de situaciones que se dan entre particulares y que nosotros tenemos que buscar cuál es la responsabilidad del Gobierno de la ciudad en esto. Entonces de ahí la complejidad, no es una situación que se da solamente en un evento, sino que el común denominador son las razones que hoy por hoy implican la posibilidad de que particulares se hagan cargo de este tipo de situaciones.
P: ¿En este caso el Estado, el Gobierno del Distrito Federal tiene algún tipo de responsabilidad en el albergue que se cateó ayer?
LGP: Eso es lo que queremos establecer. Seguramente que debe estar obligado, por ejemplo, a mantener un revisión permanente sobre este tipo de anexos; debe haber alguna reglamentación o si no esa reglamentación será su obligación establecerla. Entonces justamente ese es el tema que estamos tratando de ver cuáles son los comunes denominadores en estos casos, y cuál es la referencia directa con el Gobierno de la ciudad.
P: Doctor, sobre la sentencia a la revista Contralínea, ¿cuáles son las implicaciones en el desempeño en nuestra labor periodística?
LGP: Nosotros no podemos meternos en asuntos jurisdiccionales; sin embargo, sí nos importa mucho que todo el tema relacionado con el debido proceso esté clarísimo. Creemos que es importante por las implicaciones que tiene en términos del derecho a la libertad de expresión, que no debe quedar obstaculizado de ninguna manera, y que sí hay alguna razón para que la justicia local determine finalmente en algún sentido su resolución, pues que esa resolución sea clara, que sea técnica y que sea justa.
P: ¿Cuál es el papel de la Comisión, le van a darle seguimiento al caso?
LGP: Nosotros lo que hacemos en estos casos es dar acompañamiento como defensores que somos, y por la Relatoría que opera en esta Comisión de defensa de periodistas. Entonces daremos acompañamiento en ese sentido, verificaremos que todo el tema del debido proceso esté bien custodiado y pues ya en la sentencia ahí sí ya no nos podemos meter.
P: Doctor, incursiones del Ejército y la Marina y la Policía Federal Preventiva a territorio capitalino ya como tal en busca de supuestos integrantes de los cárteles de la droga, ¿qué opinión le merece?
LGP: Bueno, como lo he expresado en muchas ocasiones, nosotros no compartimos una visión en la que el Ejército o la Marina tengan que estar involucrados en este tipo de situaciones. Vamos a solicitar al Gobierno de la ciudad, a la Procuraduría y a la Secretaría de Seguridad Pública información para saber si ellos estaban enterados de estos operativos; si había algún mecanismo de coordinación o en todo caso cuál es el estatus de los propios operativos.
P: Pero las Fuerzas Armadas nunca trabajan en conjunto con los Gobiernos locales, Doctor.
LGP: A mí me parece eso gravísimo, me parece muy grave porque especialmente en el Distrito Federal tendría que haber una colaboración explícita en caso de haberla, habría una justificación para ello. Nos parece que estas intervenciones son absolutamente rechazables.
P: ¿Se puede interferir, doctor, cuando hay órdenes de cateo, como en estos casos?
LGP: Sí, pero tiene que ser la autoridad civil. Solamente si hay una orden judicial es la autoridad civil la que tiene que intervenir, no la autoridad militar.
P: ¿Se corre el riesgo de que se trate de militarizar la cuestión de la seguridad pública en el Distrito Federal con este tipo de acciones?
LGP: Mientras sean aisladas me parece que no, pero sí creo que es importante generar una respuesta enérgica de parte del Gobierno de la ciudad si no hubo coordinación, porque si no sí se va creando una expectativa que en nuestra opinión puede ser contraproducente.
P: Doctor, pero ya no podrían ser intervenciones aisladas, fueron cuatro en un fin de semana…
LGP: Lo que quiero decir es que aparentemente no forman parte de una estrategia de seguridad de la ciudad. Entonces eso es lo que hay que tener en consideración y por eso nos parece que en todo caso el Gobierno de la ciudad sí tiene que manifestar su posición frente al tema. Muchas gracias.
