Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 08/2011
31 de enero de 2011
Pregunta (P): ¿Las autoridades ya le informaron a la Comisión de Derechos Humanos sobre los operativos militares que se han llevado a cabo en la ciudad?
Luis González Placencia (LGP): Se nos ha hecho saber que efectivamente cuando este tipo de operativos se presentan en la ciudad hay comunicación con el Gobierno. Se nos ha hecho saber también que en estos casos que son, digamos, operativos que están destinados a cumplir un objetivo específico, las autoridades de la ciudad conceden que el planteamiento de discreción, que es necesario a alrededor de estos operativos, ha sido totalmente respetado; y en ese sentido, ahora ya sabemos cuál es la naturaleza de esos operativos.
P: ¿Está bien que se estén realizando esos operativos, independientemente de que den el aval o no?
LGP: Pensamos que siempre y cuando haya razones que funden y motiven estos operativos y que no se violen derechos humanos, pues nosotros no encontramos ningún otro problema. El tema aquí es que si debe de quedar claro en todo caso cuáles son los resultados, cuáles son las razones que motivan estos operativos; y si hubiese el caso de detenciones, que éstas sean llevadas a cabo por autoridades civiles.
P: ¿Llama la atención que el Gobierno de Distrito Federal niegue constantemente que no opera el crimen organizado en la ciudad de México?
LGP: Sí, sí llama la atención porque digamos que hay indicios. Nosotros lo que pensamos es que en la medida en que se pueda abrir la información, desde luego guardando todo el respeto de las investigaciones que se estén llevando adelante, las ciudadanas y ciudadanos del Distrito Federal podremos sentirnos más seguros.
P: Doctor, diputados perredistas han propuesto que se quede congelada la reforma penal por el caso de Rubí y de Maricela, ¿qué opina al respecto?
LGP: Creo que ese es un pésimo mensaje. Nos parece que no hay que confundir este desafortunado caso con la necesidad que tenemos de cambiar el Sistema de Justicia Penal. Son dos cosas que son diferentes; e incluso en el caso en el que se acredite un error judicial es importante no confundir este error con la naturaleza del sistema y con la importancia que tiene que ya el país cambie definitivamente hacia los juicios orales.
P: Hablan como argumento de la falta de la preparación de los jueces, de la capacitación en todo el personal…
LGP: En todo caso ese es un problema que hay que resolver y que tiene que ver con las instancias impartidoras de justicia en el país, tanto la capacitación de los abogados defensores como la de los fiscales y la de los jueces desde luego. Pero son problemas contingentes, no tienen que ver con la reforma y eso es importante entenderlo.
P: Señor, el caso de la Supervía, ¿cómo va esa controversia que se dio con el Gobierno de la ciudad?
LGP: Bueno, estamos esperando la respuesta. Todavía faltan un par de semanas para que la respuesta se dé, y como he dicho: lo que esperamos es que sea una respuesta sólida, fundada y motivada.
P: Señor, sobre la respuesta de parte del Gobierno capitalino, en caso de que llegara a justificar jurídicamente que la obra no se puede detener entonces la obra continuaría. ¿En esta situación la Comisión no tendría que haber previsto esa situación, que realmente, jurídicamente estaba dentro de lo legal el Gobierno?
LGP: Sí, y lo hicimos, efectivamente. Hasta este momento no tenemos ningún argumento ni ningún documento que nos indique que no se hubiese podido detener, de lo contrario no habríamos recomendado lo que recomendamos. Y lo único que me parece importante aclarar es que lo que nosotros esperamos es una respuesta fundada y motivada. Desde luego seguimos esperando que se acepte totalmente la Recomendación, y que en caso de que no, el punto, cualquiera que sea, que no se acepte, pues esté fundado y motivado. Nosotros ya haremos la valoración en consecuencia y a partir de ahí fijaremos la postura.
P: Pero en este caso si el Gobierno capitalino demuestra que realmente jurídicamente no puede detenerse la obra, ¿en este caso la investigación de la Comisión se quedaría corta?
LGP: No, de ninguna manera, porque las violaciones que nosotros acreditamos están ahí en el cuerpo de la Recomendación plenamente probadas. Estamos acreditando violaciones al derecho a la seguridad jurídica, al derecho a la participación, que son violaciones ya consumadas. El tema de la suspensión obedece a que en nuestra perspectiva para que no hablemos de una violación continuada es necesario suspender, regresar, resolver la violación que se cometió y enseguida actuar de acuerdo con los resultados de la consulta pública, según la ley lo plantea.
P: ¿Pero si no se detiene entonces sería todo lo contrario?
LGP: Si no se detiene estaríamos en el escenario efectivamente de que la violación debe de conocerse como una violación continuada y hay que resolver. El problema aquí, que es lo que nosotros acreditamos, es que el Gobierno de la ciudad se brincó un paso de ley que es la consulta pública; además de algunas otras cuestiones que acreditan la violación a la seguridad jurídica. Y lo que nos importa a nosotros es que se resuelva ese tema, que se consulte ampliamente a la ciudadanía y con base a los resultados que se explique por qué sí o por qué no a la Supervía.
P: Oiga, en las últimas obras ha habido muchos problemas con esto de las obras, en lo de la Supervía, en lo de Narvarte, en la Línea 12 del Metro, ¿el problema ahora es que si haces una construcción también violas los derechos humanos?
LGP: No, yo creo que aquí hay que tener mucha claridad sobre el tema. Los estándares que existen hoy en día para poder realizar construcciones se han elevado notablemente precisamente porque hay una evolución importante, primero en la concepción de participación democrática y segundo en el papel y el lugar que juegan las y los ciudadanos en la toma de decisiones públicas. Entonces lo que pasaba antes es que un gobierno cualquiera decidía construir y pasaba por encima de quien fuera sin pedir su opinión. Me parece que la evolución legislativa que hay en la ciudad señala claramente que hoy eso no es posible, que es importante y necesario consultar a la ciudadanía. Eso no le quita la decisión al Gobierno de la ciudad, lo que pasa es que eleva el estándar de explicación, de justificación que tiene que dar a la hora en la que va a hacer una obra. El camino está muy claro, está señalado en la ley y si se respeta ese camino no vemos por qué tenga que haber problemas para las construcciones.
P: Según algunas de estas personas de las obras y de los movimientos, habría ordenamientos internacionales en materia ecológica que no está respetando el Gobierno mexicano a pesar de haber signado esos instrumentos, ¿ahí habría todavía algún recurso y a quién le correspondería?
LGP: En todo caso tendría que ser la Semarnat la que se pronunciara en ese sentido; en el caso de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, lo que nosotros decimos es que el no haber previsto todos estos pasos previos a la decisión de construir la obra por lo menos pone en duda el que haya afectaciones al medio ambiente. No podemos determinarlas, no es nuestra competencia, pero lo que sí podemos afirmar es que mientras esa duda exista el Gobierno de la ciudad se obliga a explicar si efectivamente se dañará el medio ambiente, en su caso cómo se resolverá o si tiene los argumentos por qué afirma que no habría este daño. Muchas gracias.
