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El Estado deja de lado el estudio de las condiciones sociales que generan la violencia: CDHDF

Boletín 27/2011
26 de enero de 2011 

El Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, subrayó que el Estado mexicano espera que una respuesta policial, y eventualmente militar, contenga la violencia, dejando de lado el estudio de las condiciones sociales que la generan en las relaciones cotidianas, “en los lugares donde las personas nos reunimos, donde problematizamos, donde construimos las vías de solución para esos problemas”.

Lo anterior lo expresó durante la presentación del libro Infancia y conflicto armado en México, Informe alternativo sobre el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hizo énfasis en la necesidad de revisar a fondo el tema de la violencia, porque se ha tratado desde una perspectiva más bien policial.

Señaló que el libro da cuenta, tanto del ingreso a edades tempranas de niñas, niños y adolescentes a las filas del Ejército, como de su reclutamiento por parte de los cárteles del crimen organizado, situación que refleja una pérdida de expectativas.

“Estamos fallando en la obligación que tenemos de generar una expectativa razonable de vida para nuestras niñas, niños y adolescentes. No logramos transmitir el mensaje de que una vida que se dé en términos de una convivencia armónica, una cultura de paz, de respeto a los derechos humanos puede ser redituable desde el punto de vista ciudadano, ético y  legal”.

Indicó la falta de oportunidades de acceso igualitario para que niñas, niños y adolescentes encuentren en una vida de respeto y de cultura de paz, un camino para seguir, que no enfrenten la disyuntiva de recurrir a una institución como el Ejército, que les va a dar de comer a cambio de un proceso de despersonalización, o bien a una vida corta, probablemente muy arriesgada, pero llena de satisfactores inmediatos que les ofrecen una salida a la supervivencia.

Mencionó que los datos que presenta el Informe son reveladores: 314 jóvenes realizaron su Servicio Militar en tres meses, integrándose al adiestramiento de erradicación del cultivo de amapola y marihuana; es decir, dijo, no solamente ingresan a las fuerzas armadas, empiezan a formar parte de los cuerpos que están involucrados en la lucha contra el narcotráfico, de manera directa.

En 2009, agregó, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó que en Mazatlán, Sinaloa, se realizaron actividades de erradicación localizada y destrucción de enervantes, con la participación de 5 mil 609 elementos, que incluía a docentes y alumnos de las escuelas militares.

González Placencia hizo hincapié en que documentos como el que se presentó este día, que provienen de la Sociedad Civil, tienen que interpelar a la autoridad, porque eso debería ser materia de la política pública que se está instrumentando en el Estado mexicano.

A su vez, el Director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P. A.C., Miguel Concha Malo, señaló que el Informe habla de cómo el crimen organizado ha coptado a niños y adolescentes, porque son pobres, no tienen futuro, no se les garantiza el derecho a la educación, al trabajo, y se les presentan modelos “de éxito” en los medios de comunicación, en medio de la marginación social.

Destaco la pertinencia de la educación para la Paz, para prevenir estas situaciones de violencia, para que las niñas y los niños y los adolescentes efectivamente sean educados de otra manera.

Destacó que la Red expone en este libro que hay por lo menos 900 niñas, niños y adolescentes, entre 15 y 17 años, que han sido víctimas de la situación de violencia en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico.

A su vez, el Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, Juan Martín Pérez García, dijo que en este libro se incluyen casos paradigmáticos que pueden ayudar a identificar las fragilidades que el Estado mexicano enfrenta en su conjunto, donde el sistema de atención para la infancia ha quedado trastocado, frente al conflicto del combate al narcotráfico.

Expuso que hay un incremento de la presencia de adolescentes de 15 a 17 años en el conflicto. Puso como ejemplo la participación de adolescentes en el Servicio Militar anticipado, ya que en 2009 había 1, 219 adolescentes en este caso. Así como el incremento de la tasa de homicidio doloso en el segmento de adolescentes de 15 a 17 años.

 Detalló que en el libro hay recomendaciones sugeridas al Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU), tales como la prohibición explícita en las leyes mexicanas de la implicación de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados; la necesidad de reformar el Artículo 133 de la Constitución para conferir a los tratados de derechos humanos y derechos internacionales, el mismo rango de la Constitución.

Otra recomendación es la necesidad de crear una Defensoría de los Derechos de la Infancia a nivel federal para investigar con imparcialidad e independencia los casos de violaciones de Derechos Humanos.