Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Entrevista al Presidente de la CDHDF, Doctor Luis González Placencia, en la inauguración de la 9ª. Feria por los Derechos Humanos
Transcripción 141/2010
5 de diciembre de 2010
Pregunta (P): sobre esta iniciativa de ley para el programa de Derechos Humanos, ¿qué tan necesaria era, transcendente?
Doctor Luis González Placencia (LGP): Yo creo que sí es muy importante que exista una Ley, la idea del Programa es que se convierta en una obligación para todas las autoridades del Gobierno de la ciudad, para la Asamblea y para el Poder Judicial, e incluso la Comisión, entonces la única manera de garantizar esa obligatoriedad es a través de un instrumento legal que tenga el rango suficiente como para que independientemente de los cambios de gobierno que pueda haber en el futuro, la Ley siga vigente. Ahora, esa Ley no es inamovible, desde luego, la propia Ley plantea mecanismos para hacer una revisión del Diagnóstico y para también reorientar el Programa, de acuerdo con las necesidades que se vayan presentando en el futuro, pero por los pronto sí plantearía la obligación de todas las entidades que conforman los órganos de gobierno de la ciudad de respetar el programa
P: De esta periodicidad de revisión de seis años, ¿es el tiempo estaría bien que se revisara?
LGP: Me parece que eso lo dirán las circunstancias, pensamos que esa periodicidad puede ser interesante también para que se pueda dar espacio para que se pueda cumplir plenamente el Programa, si lo revisáramos con mayor frecuencia tendríamos entonces que estar interviniendo cada momento y seguramente eso alteraría a mediano y largo plazo el Programa.
P: La revisión caería a mitad de sexenio.
LGP: Sí ayudaría, porque entonces va a ser ya transexenal, no lo hace un programa de gobierno, sino más bien es un programa que tiene una visión de estado, y sería muy interesante porque eso también le permitiría a los gobiernos hacer una valoración de cómo ha resultado el Programa y en su caso de refrendarlo o bien de modificarlo.
P: ¿Hasta ahora cómo han visto el cumplimiento del Programa de Derechos Humanos?
LGP: No ha sido fácil, definir las líneas del Programa digamos que se llevó un tiempo considerable y ahoya, implementarla, se va a llevar mucho más tiempo todavía. El Mecanismo de Revisión y Seguimiento está todavía trabajando en una metodología que permita generar certeza. Hoy sabemos, las instancias han reportando que van avanzando, desafortunadamente no tenemos parámetros claves para saber si ese avance cualitativamente es real, pero el año que entra empezaremos a trabajar en esa metodología, para tener ya una idea clara de cómo vamos avanzando, por lo pronto lo que sí puedo decir es que sí hay una actitud positiva, tanto del gobierno como de la Asamblea y en el Poder judicial, y en esa medida, lo que pensamos es que podemos ir generando condiciones para que el Programa de implemente adecuadamente.
P: ¿Cuál es la evaluación que la CDHDF hace del trabajo del gobierno capitalino de todo el año?
LGP: Yo creo que hay dos elementos que hay que tomar en cuenta, por una parte está el compromiso con el Programa, que me parece que ha sido bastante bueno, ha habido mucha disposición por parte de las autoridades, pero desde luego que la implementación total del Programa no va a ser posible hasta que no se encarne en los servidores y servidoras públicas, entonces ahí hemos tenido múltiples quejas, vamos a llegar a las 8 mil 500 quejas este año, en general, de todas las instancias del gobierno de la ciudad. Hemos emitido hasta el momento diez Recomendaciones, seguramente saldrán otras dos o tres más antes de que se finalice el año. Esas señalan espacios en los que todavía es importante tiene que trabajar para ir consolidando una cultura efectiva de derechos humanos.
P: El incremento de la tarifa del agua como lo manda el gobierno del Distrito Federal…?
LGP: Como todos los incrementos, pensamos que tiene un impacto negativo siempre en el bolsillo de las y los ciudadanos, nuestra opinión es que tendríamos que buscar mecanismos para que ese impacto se sintiera lo menos posible, para que hubiera una menor carga en la ciudadanía, o bien mecanismos para que esta carga se vea revertida en beneficio público.
P: Algunos asambleístas se manifiestan en contra, ¿la Comisión podría hacer algo más que pedir que se busquen mecanismos?
LGP: No tenemos una competencia directa sobre el tema, por supuesto que haremos pronunciamientos y vamos a ver en el marco del Programa, cómo podemos colaborar para evitar que estos incrementos se vayan dando, no solamente en el tema del agua, sino en general en los impuestos.
P: ¿Cuál ha sido la instancia recurrente e n las Recomendaciones que ustedes han elaborado?
LGP: La Secretaría de Gobierno por el Sistema Penitenciario, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
P: Para esta nueva Ley que quiere proponer el Secretario de Gobierno, y si la carencia de una Constitución para el Distrito Federal es la que ha impedido mayores avances en materia de Derechos Humanos.
LGP: En principio te comento que somos parte del Comité que dio origen al Diagnóstico y al Programa, entonces digamos que sí hemos sido defensores de la idea de la Ley. Hemos estado trabajando con el gobierno de la ciudad y con la Asamblea para que la Ley sea efectivamente una ley útil, que no sea una ley facciosa, que no invada competencias y me parece que lo hemos logrado, del segundo tema, desde luego que sí, porque si tuviéramos una Constitución, sería mucho más fácil incorporar, por ejemplo, un capítulo de derechos humanos y una serie de mecanismos constitucionales para hacerlos obligatorios, hoy por hoy eso no es posible, tenemos el Estatuto desde luego, pero el Estatuto no tiene es estatus jurídico de una Constitución. En la Comisión nos hemos pronunciado por la idea de ir generando los elementos necesarios para que la ciudad de México pueda ser considerado como un Estado, que tenga las prerrogativas que tiene un estado, con todas las posibilidades también desde el punto de vista jurídico para funcionar como tal.
P: Han habido avances reconocido a nivel internacional, ¿por qué sería mejor aprobar esta Ley?
LGP: De entrada eso implica que el Programa sea obligatorio, ahora es un acuerdo de voluntades, si alguna de esas voluntades falla, el Programa se viene abajo, entonces tenemos que buscar la manera de blindarlo contra las contingencias políticas y la única manera de hacerlo, la mejor manera de hacerlo ahora es a través de una Ley que obligue a los entes que tienen que ver con los órganos de gobierno de la ciudad a acatar el Programa.
P: Este caso de que no haya Constitución provoca incluso que el DF esté vulnerable a que el Estado a nivel federal vulnera leyes que ya se han aprobado.
LGP: Sí, todavía hay muchas áreas que no son competencia directa de la ciudad de México, que dependen de la decisión de las autoridades federales y todo eso desde luego, mina la independencia, la autonomía y las posibilidades de gobernar adecuadamente, entonces, eso tiene un efecto directo en la manera como se consolidan los derechos de la ciudadanía, definitivamente lograr una Constitución para la ciudad de México implica también darle mayoría de edad a las y los ciudadanos que habitamos y transitamos por este lugar.
P: Finalmente, ¿cuánto llevan trabajando con esta Ley y cuándo se proyecta presentar?
LGP: Tenemos prácticamente trabajando todo el año con la Ley y con la evaluación del Programa y la idea es que se presente la semana siguiente.
P: El comparativo de este año con el año pasado, ¿cuál es en materia de quejas?
LGP: Se incrementan las quejas.
P: ¿Qué porcentaje?
LGP: El porcentaje es bajo, pero el número de quejas es importante, estamos pasando de 8 mil a 8 mil 500 quejas a los largo del año. Pensamos que eso tiene que ver con que finalmente ya las y los ciudadanos del Distrito Federal ubicaron la nueva sede de la Comisión, ha resultado bastante céntrico, a pesar de que está más hacia el sur y estamos captando un mayor número de quejas.
P: El próximo año es un año electoral, ¿se espera que se incrementen las quejas?
LGP: Es probable que sí, la experiencia que tenemos es que en años electorales hay un número superior de quejas, y de hecho, ahora que fuimos a negociar el presupuesto, eso fue uno de los planteamientos que hicimos, esperamos un incremento del número de quejas para el año que entra.
P: ¿El porcentaje como de cuánto?
LGP: No tengo claridad sobre el porcentaje, puede no ser significativo en términos porcentuales, pero sí lo es en términos absolutos, estamos hablando de 500 quejas más que el año pasado, el próximo año podría incrementarse en un número similar, podríamos llegar a las nueve mil quejas.
P: Respecto a las tarifas del agua se pretenden incrementar para el año que viene, ¿se violan los derechos de la ciudadanía?
LGP: Violan los derechos en el sentido de que implica un impacto al patrimonio de las y los ciudadanos, pero yo decía que, y eso es lo que tenemos que ver con mayor claridad, es cuál es el retorno que tienen, lo que se paga por estos servicios, en cualquier ciudad del mundo, el pago de impuestos tiene que ser compensado por un retorno en infraestructura, en mejora de servicios y en al abaratamiento a mediano y largo plazo de los propios servicios, aquí el tema está, desde luego, en principio el impacto es alto porque se va encareciendo la vida cotidiana, pero lo que tendría que ser relevante, lo que tendríamos que vigilar desde la Asamblea, incluso desde el Poder Judicial, es que ese cobro de servicios se revierta en beneficio para la ciudadanía.
P: ¿Estas 500 quejas que se incrementan este año en qué rubro son?
LGP: Tenemos la misma tendencia que en los años anteriores, en Seguridad Pública, prisiones, Procuraduría General de Justicia.
P: Esta Feria ¿qué objetivo tiene?
LGP: Lo que queremos es aprovechar, que se cumplen ya 62 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero hacerlo de una manera tal que las personas puedan vivir sus derechos, se trata no nada más de darles folletitos para que sepan cuáles son, sino a través de juegos, a través de experiencias que se tienen en los stands de la Feria, que la gente entienda de qué se trata la defensa de sus derechos, cuáles son y además, a través de qué organismos hacerlos valer.
P: El Ombudsman nacional dice que ya regresaron viejas prácticas a nuestro país como la tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, esto ¿qué impacto tiene en el Distrito Federal?
LGP: Yo creo que esas prácticas nunca sean ido del todo, lo que ha ocurrido es que ha habido distintas maneras en las que se han hecho invisibles, pero la Comisión ha documentado continuamente quejas relacionadas con tortura, ha emitido Recomendaciones relacionadas con tortura, este año emitimos dos, por lo menos, y me parece que son prácticas que han estado ahí, desafortunadamente siguen siendo parte de los procedimientos de investigación cotidianos en todo el país.
P: ¿La violencia y la delincuencia provocaron un retroceso en los derechos humanos en la capital?
LGP: La violencia siempre es un obstáculo para que se puedan cumplir adecuadamente los derechos. Tenemos avances formales, tenemos más derechos ahora en la ley, pero todavía falta mucho para poder decir que esos derechos pueden ser plenamente cumplidos en la realidad.
