Boletín 413/2010
27 de diciembre de 2010
Durante la clausura del Diplomado Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, sostuvo que la actual visión de readaptación le sigue cobrando a las y los internos los fracasos de la institución penitenciaria.
El Ombudsman capitalino subrayó que la visión de derechos implica una lógica distinta ya que todas las personas tienen derechos, a pesar de su condición de privación de libertad.
Explicó que a la administración penitenciaria, como parte del Ejecutivo, le corresponde buscar los mecanismos para que todos los otros derechos que no fueron conculcados en la sentencia puedan ser efectivamente satisfechos: “Eso es triunfo o fracaso de la institución penitenciaria”.
Luis González Placencia aseveró que la atención multidisciplinaria al interior de las cárceles debe convertirse en una oferta de servicios, la decisión de acceder o no, dijo, es del interno. “Normalmente acceden porque lo necesitan. La experiencia indica que los presos quieren trabajar”, indicó.
“El problema es que los internos se vinculan a ofertas de trabajo que son ilegales, que no compiten con la escasa –cuando existe- oferta de trabajo que puede darse desde la institución penitenciaria, a una oferta real que implique que sea remunerado, en condiciones dignas y legales. No compiten frente a la otra posibilidad que sí generan los grupos de la criminalidad organizada que operan al interior”, expuso.
El Ombudsman capitalino consideró que el deficiente sistema procesal en México está pensado para internar y privar de la libertad a las personas. Eso plantea varias contradicciones. Ejemplificó que en el Distrito Federal cuando se agravó el delito de robo en el 2003 con la pretensión de que mientras más personas están en la cárcel menos personas delinquen afuera, lo que produjo fue una sobrepoblación de más del 100%.
“Hoy tenemos más de 40 mil internos en centros de reclusión. Cómo gobernamos a esa población, cómo evitamos que se maten entre ellos, cómo evitamos que se generen dinámicas de violencia, cómo hacemos para armonizar una visión de derechos”, cuestionó.
Por tal motivo reconoció el potencial del personal técnico y de custodia para lograr condiciones de vida digna y orden al interior de los penales: “Deben hacer uso de la fuerza de manera lícita cuando es necesario, porque esa es una forma de hacer cumplir los derechos. El problema está en los abusos cuando esas intervenciones se convierten en venganza”.
El Presidente de la CDHDF hizo un llamado a las instituciones involucradas en el tema para generar condiciones para que las prisiones dejen de ser la fuerza centrífuga del delito.
En su exposición sostuvo que en los últimos años diversos estudios han dado cuenta de que las cárceles no sirven para readaptar a las personas y en gran medida se convierten en espacios para refuncionalizar el delito, porque desde adentro se cometen ilícitos y porque ponen en riesgo no sólo a los internos que no están empoderados, sino al personal de custodia al quedar expuestos a las condiciones de violencia y corrupción.
Estas reflexiones, dijo, motivaron entender que el delito no tiene nada que ver con la educación, el trabajo o la capacitación. Está relacionado más con las carencias que hay afuera y en este contexto la cárcel se convierte un espacio de supervivencia.
En este sentido la prisión, aseguró, como forma de readaptación pierde sentido. No obstante, hoy por hoy la prisión es la única opción que tenemos como castigo. Por eso es necesario pensar en otras formas para quien comete algún delito. Luis González Placencia destacó que en España se han creado observatorios de los derechos de los internos y de las prisiones.
Durante la clausura del Diplomado Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario, organizado conjuntamente con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y el Instituto de Capacitación Penitenciaria, estuvieron presentes la Directora General de Educación por los Derechos Humanos de la CDHDF, Paz Echeñique Pascal; el Coordinador del Programa de Derechos Humanos de la UAMC, José Enrique González Ruiz; la Directora del Instituto de Capacitación Penitenciaria, Patricia Morales Luna; y representantes de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario.