Boletín 399/2010
17 de diciembre de 2010
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) manifiesta su repudio por el asesinato de la activista Marisela Escobedo Ortiz, ocurrido en la ciudad de Chihuahua, mientras realizaba un plantón frente al Palacio de Gobierno de esa localidad, por el asesinato de su hija Rubí Marisol.
Este Organismo se une a la pena que embarga a la familia de la defensora, así como al reclamo e indignación de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) por este hecho lamentable, y exige a las autoridades locales que sean agotados todos los recursos del Estado para evitar que este crimen permanezca también en la impunidad.
La desgracia personal convirtió a Maricela Escobedo en defensora de derechos humanos en Chihuahua, entidad conocida internacionalmente por la impunidad que rodea los feminicidios cometidos ahí. Desde hace dos años, Escobedo buscaba que el asesino de su hija afuera llevado ante la justicia.
Fue en 2008 cuando su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, de 16 años, fue asesinada por quien entonces era su pareja sentimental, Sergio Barraza Bocanegra, quien de inicio confesó el crimen.
En el juicio, que se llevó a cabo de manera oral, fue declarado inocente. Después de una apelación, otro juez lo encontró culpable, pero para entonces Barraza Bocanegra ya había huido a Zacatecas, donde presuntamente se unió a la delincuencia organizada.
Marisela Escobedo dedicó los dos últimos años de su vida a rastrearlo para que el crimen de su hija no quedara impune. La defensora vivía en un hotel de Chihuahua, y contaba con protección discreta por parte de la Fiscalía del Estado, pues ya había sido amenazada de muerte por familiares de Barraza Bocanegra.
Durante este tiempo realizó plantones y marchas para llamar la atención de las autoridades al caso de su hija y otros feminicidios.
Marisela Escobedo fue asesinada a quemarropa ayer durante la protesta que llevaba a cabo, junto con su hermano y la hija de Rubí Marisol. En un video difundido este día se aprecia que el asesino disparó en la cabeza de la defensora de derechos humanos cuando ella trataba de huir de él.
La Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la CDHDF señala que la falta de capacidad del Estado mexicano para garantizar el derecho a la justicia ha provocado que en varios casos las víctimas del delito se vean forzadas a buscar soluciones y justicia por sí mismas.
Considera que lamentablemente, el caso de Marisela Escobedo es una muestra de lo difícil que puede resultar la labor de defensa cuando no se cuenta con poder político y económico para hacer escuchar las demandas de justicia y la exigencia de respeto a los derechos humanos en México.
Asimismo, hace énfasis en que este crimen hace evidentes las deficiencias del Estado para procurar protección a quienes exigen justicia y combaten la impunidad. Estima que las fallas en el sistema de procuración e impartición de justicia mexicano ponen en tela de juicio la calidad de la democracia de nuestro país.