Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 404/2010
21 de diciembre de 2010
Al sumarse a la determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con relación a la sentencia que emitió al Estado mexicano por el caso dos campesinos ecologistas torturados por militares, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) externa su consternación por la iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, ya que mantiene inalteradas las condiciones que favorecen la impunidad en los casos de abusos militares.
Lo anterior debido a que sólo se contempla la responsabilidad de las fuerzas castrenses por los delitos de desaparición forzada, violación y tortura, en tanto que se excluye de la jurisdicción civil otros delitos como las ejecuciones extrajudiciales, los malos tratos, las detenciones arbitrarias e incluso el genocidio y los de lesa humanidad.
El día de ayer la Corte IDH emitió la sentencia al Estado mexicano por la violación a los derechos a la libertad, integridad, garantías judiciales y protección judicial de Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García.
La sentencia de la Corte IDH obliga a que el Estado mexicano realice una investigación penal sobre los actos de tortura que denunciaron Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, asimismo, establece un plazo de dos meses para indemnizarlos por los daños sufridos y cubrir el costo de los tratamientos médico y psicológico.
También, como se ha advertido en las sentencias por los casos de Rosendo Radilla, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, ese órgano jurisdiccional urge al Estado mexicano a que adopte las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, a acotar el fuero militar al régimen disciplinario interno y extender la jurisdicción civil en todos aquellos casos en que la actuación de un elemento de las fuerzas castrenses pueda constituir un delito o una violación a los derechos humanos de la población civil.
A más de 10 años de que Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron torturados por militares, preocupa no sólo que en la actualidad se cometan delitos graves en contra de las y los defensores de los derechos humanos, sino que también existan condiciones legales y estructurales que fomentan la perpetración sistemática de los derechos fundamentales de todas las personas.
La CDHDF, si bien se congratula por la disposición formal que ha manifestado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para cumplir con esta sentencia; conmina a las autoridades ejecutivas, judiciales y legislativas para que, en el ámbito de sus competencias, den cabal cumplimiento a las cuatro sentencias que hasta ahora ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en aras de revalidar los causes por los que nuestro país debe seguir transitando para construir un Estado social y democrático de derecho basado en la vigencia de los derechos de todas y todos.
