Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 410/2010
24 de diciembre de 2010
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) expresó su indignación por la forma en que continúan siendo tratados los migrantes centroamericanos que transitan por territorio mexicano y urge a elaborar una reforma migratoria que termine con la clandestinidad de su recorrido hacia Estados Unidos.
La condición de ilegalidad con que se internan las personas provenientes de los países latinoamericanos los pone en permanente vulnerabilidad, no sólo de acciones delictivas perpetradas por miembros de las organizaciones criminales, sino de la omisión del gobierno mexicano para cumplir con su papel de garante y protector para con los más débiles e indefensos.
En diversos momentos, nuestros hermanos centroamericanos que han cruzado fronteras han sido sujetos de secuestro, tortura, trata y otros delitos, como lo demuestra la suerte que corrieron los 72 migrantes masacrados en el estado de Tamaulipas.
Ante ese lamentable hecho, lo mismo que ante el secuestro de migrantes centroamericanos y mexicanos recientemente ocurrido, la CDHDF manifiesta su solidaridad con las familias y los gobiernos de sus respectivos países en su demanda de investigación por parte del gobierno federal mexicano.
La reiterada ocurrencia de hechos como esos pone en evidencia el alto grado de vulnerabilidad de los migrantes centroamericanos en el país, en su tránsito hacia Estados Unidos, con el único propósito de buscar su sobrevivencia y una vida digna para sus familias, lo cual es difícil obtener en sus comunidades de origen.
Y aunque la obligación primaria del Estado de proteger a los migrantes nace en sus países de origen, continúa a lo largo de todo su trayecto y hasta su destino, tal como lo señala la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias y de otros instrumentos del Derecho Internacional.
En ese sentido, el gobierno mexicano tiene la obligación de prevenir cualquier acto que ponga en peligro la vida y/o la integridad de todas las personas migrantes, así como las de sus familiares que viajan con ellos.
Cuando se ha cometido un delito en contra de las personas migrantes, sea cual sea su condición, el gobierno mexicano tiene la obligación de realizar todos los esfuerzos a su alcance para hacer cesar el delito, investigar los hechos y proteger a las víctimas, tal como lo demandan los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala.
Como Organismo Público de Derechos Humanos reiteramos nuestra indignación por los hechos referidos en contra de los migrantes centroamericanos y nos manifestamos por una reforma migratoria en México que evite a nuestros hermanos centroamericanos un tránsito clandestino y los haga presas de las sistemáticas violaciones a sus derechos humanos.
