Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 417/2010
31 de diciembre de 2010
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, urgió a analizar en qué ha fallado el Estado mexicano para que desde el ámbito familiar se dediquen personas a las actividades delictivas.
“Tenemos que reconocer que hay familias enteras participando de la delincuencia organizada. La respuesta que hemos dado es mayor cárcel, es una respuesta que ha tendido a endurecer la política criminal y que ha llevado a un mayor número de personas en la cárcel”.
Durante su participación en las XI Jornadas sobre Justicia Penal, desarrolladas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) del la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostuvo que en este contexto la cárcel está jugando un papel de reproductor del delito.
“Al estar más personas expuestas a la prisión, por vivirla de manera directa o indirecta, es una condición para la reproducción del delito, para la participación en actividades que les van a generar posibilidades de supervivencia que otras no generan”, enfatizó.
Externó su preocupación por el contexto que se viene generando desde hace 20 años, en el que el rol de la víctima es uno de los principales motivadores del endurecimiento del sistema penal.
El Ombudsman capitalino explicó que hay casos en el que las víctimas, por deficiencias del sistema penal, están tomando en sus propias manos la investigación de los delitos, están generando presiones importantes y están dando resultado leyes como la de antisecuestros.
“Hay la impresión de que estas leyes dan respuesta a estas víctimas que están pugnando por mayor dureza, lejos de encontrar mecanismos efectivos para resolver el problema”, indicó.
Luis González Placencia cuestionó para qué está pensada o a quién sirve la llamada Ley Antisecuestros (Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro) publicada recientemente en el Diario Oficial de la Federación.
En el mismo tenor, preguntó cuáles fueron los criterios que los legisladores tomaron a la hora de pensar una ley especial para un delito especial, que adquirió notoriedad cuando a finales de la década pasada comenzó un reclamo muy fuerte de un sector específico de la sociedad que salió a las calles a pedir mayor dureza del sistema penal.
El Presidente de la CDHDF señaló que desde entonces se ha visto un activismo muy importante de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) articuladas alrededor de la necesidad de las víctimas que ha generado como resultado una ley como la antes mencionada.
De igual forma advirtió el riesgo contemplado en el Artículo 20 respecto de la vigilancia por parte de la autoridad policial hasta por 5 años posteriores a su liberación: “Es una reinvención de la figura de la retención ahora a manos de la policía”.
En cuanto al Artículo 18 respecto a la inhabilitación a servidores públicos sentenciados por secuestro, expuso que las consecuencias posteriores a la pena en la aplicación de esta ley, se observa una reducción importante de las posibilidades que tiene cualquier persona para reinsertarse en la vida laboral-legal o bien porque va a tener a un policía detrás de él por 5 años o porque no podrá desempeñar un cargo público por esta acción.
Luis González Placencia subrayó la poca intención de las autoridades involucradas en atender las problemáticas sociales, culturales y económicas que están detrás de las actividades relacionadas con la delincuencia organizada.
