Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
La CIDH aprueba Informe de Admisibilidad por la desaparición de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera en México.
Boletín 359/2010
19 de noviembre de 2010
El pasado 17 de noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la aprobación del Informe de Admisibilidad No. 147/10 relacionado con la desaparición forzada de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera por policías mexicanos.
El 14 de marzo de 2002, Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, de 25 años, fue detenido por policías locales y federales en su centro de trabajo, ubicado en la colonia Doctores en la ciudad de México, sin que hasta el momento se conozca su paradero. Según declaraciones de varios testigos, la víctima fue golpeada de manera violenta por sus agresores, quienes se encontraban fuertemente armados, antes de ser introducido en uno de los vehículos donde se dieron a la fuga.
Al día siguiente de los hechos, la señora Leonor Guadalupe Olvera López, madre de Jesús Ángel, inició su búsqueda en diversas agencias del Ministerio Público y reclusorios sin obtener algún tipo de información. Ante ello, interpuso una denuncia ante la Procuraduría capitalina y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que derivó en la emisión de la Recomendación 4/2002, la cual no fue aceptada por el entonces Procurador General de Justicia del Distrito Federal. De igual manera, presentó un amparo, el cual fue sobreseído bajo el argumento de que era necesario que la víctima lo ratificara.
Por ello, en julio de 2003, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentó la petición ante la Comisión Interamericana, a la cual se sumó con posterioridad la CDHDF como copeticionario.
Los avances en las investigaciones y los recursos presentados dentro del ordenamiento interno mexicano han sido infructuosos y no han operado con la efectividad y urgencia que el caso requiere. La ausencia de una investigación seria y exhaustiva ha permitido la impunidad en el presente caso, en la que ocho años después no ha sido sancionado ninguno de los responsables, negando así el derecho a saber la verdad de lo sucedido a los familiares de la víctima.
Al contrario, la señora Leonor junto a varias personas que impulsan y coadyuvan en el avance de las investigaciones y la obtención de justicia han sido constantemente hostigados, amenazados y sometidos a procesos como represalias de su búsqueda de justicia. Situación que motivó la emisión de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana en 2002, las cuales permanecen vigentes, pero que se dejaron de implementar.
La CDHDF y CEJIL, representantes actuales de las víctimas en el presente caso, tendrán 3 meses para presentar a la CIDH sus alegatos de fondo sobre el caso, en los cuales se hará énfasis en la falta de adopción de las medidas necesarias para ubicar el paradero de Jesús Ángel, la protección de su familia y la reparación integral a sus parientes, quienes continúan sufriendo ante la impotencia y frustración por la impunidad y desconocimiento de lo sucedido a su familiar.
