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Boletín 347/2010 El Consejo de la CDHDF exige a las autoridades federales y locales intensifiquen sus esfuerzos para conocer el paradero de niñas y niños desaparecidos de “La Casita del Sur»

El Consejo de la CDHDF exige a las autoridades federales y locales intensifiquen sus esfuerzos para conocer el paradero de niñas y niños desaparecidos de “La Casita del Sur».

Boletin 347/2010

11 de noviembre de 2010

 

Al considerar como prioritario entre los pendientes que tiene el Estado mexicano la desaparición de niñas y niños de los albergues «La Casita del Sur», el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y su Presidente, Luis González Placencia, exigieron a todas las autoridades involucradas, tanto a nivel local como federal, intensifiquen sus esfuerzos para que a la brevedad se conozca su paradero y se les brinde la atención y el apoyo que sea necesario.

 

Al informar sobre el seguimiento de la Recomendación 4/2009, el Ombudsman capitalino subrayó que la CDHDF reconoce la colaboración de la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso y le exhorta a dar mayor celeridad a sus investigaciones, para la recuperación de al menos 12 niñas y niños y para que se sancione a los responsables.

 

Luis González Placencia pidió también a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-DF) y a la Secretaría de Desarrollo Social (SDSDF) capitalina redoblar sus esfuerzos hacia el cumplimiento definitivo de la Recomendación 4/2009.

 

Acompañado por la y el Consejero de la CDHDF, Clara Jusidman Rapoport y José Woldenberg Karakowsky, así como el Director Ejecutivo de Seguimiento de la institución, Jaime Rochín del Rincón, llamó a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), los medios de comunicación, las y los ciudadanos y toda aquélla persona que pueda aportar información que contribuya a la pronta localización de las niñas y niños.

 

Informó que la Recomendación 4/2009 consideró 25 puntos. Hasta la fecha, cuatro han sido cumplidos totalmente, mientras que el 84% restante tiene pruebas de cumplimiento parcial.

 

«Entre los pendientes por cumplir se encuentran la realización de acciones suficientes para contar con la información correspondiente de todos los niños y niñas que hayan sido canalizados a la casa hogar, así como una base de datos que incluya el registro de la totalidad de los niños y niñas que se encuentran en albergues o son canalizados. También resta concretar un programa de verificación para las casas hogares, instituciones y albergues que brindan asistencia a la niñez», explicó.

 

El Presidente de la CDHDF destacó que a casi dos años de los acontecimientos, se han registrado avances en lo que se refiere a la garantía de no repetición de hechos como los que fueron objeto de la Recomendación: las tres autoridades involucradas (PGJDF, DIF-DF y SDSDF) han trabajado en la elaboración de protocolos que resuelven en buena medida los problemas estructurales detectados en la Recomendación.

 

Luis González Placencia enfatizó la gravedad que implica que hasta la fecha continúen al menos 12 niñas y niños desaparecidos y que la mayoría de las personas presuntamente responsables aún no hayan recibido sentencia, lo que abona en la sensación de impunidad.

 

En tanto la Consejera de la CDHDF, Clara Jusidman Rapoport, sostuvo que la situación que se observa con el albergue de la Procuraduría capitalina y la ubicación de niñas y niños en instituciones de asistencia social tiene que ver con un retiro histórico del Estado mexicano de proporcionar directamente servicios a ciertos grupos de población al convertirse en un financiador al pagar a dichas instituciones por atender a las y los niños.

 

«Al trasladar la atención el Estado a sectores privados no deja de tener una obligación de protección. Es una de las tres obligaciones que en materia de derechos humanos que tiene el Estado y es la proteger a las personas de la relación con otros entre terceros. Hemos estado viendo como constantemente el Estado dice ‘esto es una relación de privados y yo no intervengo’. Ahí está siendo omiso de sus obligación de protección».

 

Remarcó que dicha problemática implica el desarrollo de capacidades de vigilancia, regulación y revisión constante de las instalaciones donde brindan sus servicios estas instituciones.

 

El Consejero de la CDHDF, José Woldenberg Karakowsky, calificó de indignante la desaparición de niñas y niños de los albergues de «La Casita del Sur» porque «no existía una efectiva coordinación y control entre las dependencias encargadas de velar y salvaguardar el interés superior de los niños y las niñas, ni se daba seguimiento a su situación jurídica, física o emocional e incluso, en algunos de los casos, se desconocía si los niños y las niñas que habían sido canalizados por la PGJDF permanecían en las instituciones a las que fueron ingresados por la falta de una instancia que supervisara la actuación de las asociaciones civiles que brindan servicios asistenciales».

 

Lo que se pretende, enfatizó, es garantía de no repetición de este tipo de situaciones, una búsqueda exhaustiva de las y los niños para que aparezcan, que los responsables sean sancionados conforme a la ley y que las niñas y niños que hoy están en estos albergues tengan un seguimiento y una atención adecuada, de tal suerte que los alberges sean lo que siempre debieron ser: instituciones donde pueden seguir el desarrollo de su vida en los mejores términos posibles.

 

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