Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 121/2010
Pregunta (P): Señalaba la Comisión de Derechos Humanos el problema del transporte público, de los microbuses y de los taxistas desordenados. Esta mañana se está realizando aquí cerca de su institución un operativo contra taxis y microbuses piratas, y dice el Secretario que ya está haciendo un trabajo de largo aliento para evitar estos problemas, ¿cómo lo ve usted?
Luis González Placencia (LGP): Esperamos que efectivamente se haga, porque la situación de riesgo que viven los usuarios del transporte colectivo no solamente tiene que ver con el problema de inseguridad, que todo mundo sabe y que se ha denunciado mucho, sino con la falta de medidas que permitan que las y los usuarios viajen de manera segura en el propio transporte público, me refiero no con temor al delito, sino con temor a ser, como desafortunadamente ocurrió con una peticionaria nuestra, arrollada mientras se bajaba de la unidad. Este caso para nosotros es emblemático, porque señala dos o tres problemas que son muy serios: uno es la falta de regulación en medidas de seguridad dentro del transporte público; el otro tiene que ver con que se permite que jóvenes, personas muy jóvenes conduzcan estos vehículos, con una responsabilidad muy alta, y la tercera cuestión tiene que ver con la necesidad de tener una política que proteja de manera especial los derechos de las personas de la tercera edad y de las personas con discapacidad, y o retrata necesariamente de tener un transporte único para estas personas, se trata de que el transporte, como el transporte que todas y todos usamos, esté habilitado para que pueda ser también usado por personas de la tercera edad o por personas con discapacidad, que los conductores sean personas que estén capacitadas para ello y que sepan que tiene en sus manos la vida de los usuarios.
P: ¿Hay una responsabilidad de los ciudadanos?
LGP: Me parece que los ciudadanos también tenemos que comprometernos y tenemos que aprender a utilizar el transporte de manera adecuada, pero creo que aquí es fundamental los choferes, son ellos quienes tienen el control de sus unidades, son ellos quienes no deben permitir que las personas asciendan o desciendan mientras la unidad está en movimiento, son ellos a quienes toca hacer cumplir las medidas de seguridad.
P: ¿Pero cómo puede hacerse cuando vemos que son unos jovencitos de 18, 19 años?
LGP: Ese es el tema, nosotros estamos ahora iniciando una investigación de oficio, y vamos a meternos a fondo en el tema de las medidas de seguridad en el transporte, tanto en la capacitación de personas que conduce estas unidades como en los controles administrativos que debe haber a la hora de expedir licencias. Una licencia de quien conduce un transporte público debe ser muchísimo más rigurosa que una licencia común y corriente.
P: inaudible.
LGP: Hemos hecho en diversas ocasiones llamados a la Secretaría de Transportes de la ciudad, no solamente por este problema, sino por muchos otros que se presentan, por ejemplo con los llamados taxis piratas , en general, hay convergencia en la problemática, que tiene que ver básicamente con falta de medidas de seguridad y con falta de capacitación también, de las personas que conducen estos vehículos. Para nosotros es muy importante que esto se resuelva de manera inmediata, por una parte, y por otra parte también que se agilicen los procedimientos administrativos que se siguen contra las personas que cometen estas faltas.
P: ¿Cómo puede prosperar este asunto si se señalaba en el pasado que un hermano del propio secretario es líder de taxis piratas , él dice que ya no, que ya se dio fin a esta organización, pero ¿ustedes van a analizar ese asunto, van a meterse a fondo?
LGP: Lo que a nosotros nos toca es ver la responsabilidad que tiene el gobierno de la ciudad, en la organización en general del transporte urbano, entonces, vamos a meternos a fondo, queremos saber cuáles son los criterios a través de los cuales se concesiona a las personas que usufructúan este servicio. Hay que pensar que el transporte en la ciudad también supone un derecho, y en esa medida, la autoridad está obligada a cumplir con determinados requisitos, de acceso igualitario, de normas, de reglas, en general, que aseguren que este servicio se dé en condiciones tales que la ciudadanía no se ponga en riesgo.
P: ¿Para cuándo cree que estaría este estudio?
LGP: Puede ser que nos tome tiempo porque no es un tema sencillo, lo importante aquí es que abrimos ya esta investigación de oficio, definitivamente de cara a la seguridad en los transportes públicos, eso no lo habíamos hecho, lo habíamos hecho de otra manera, y aunque nos tome un poco de tiempo, lo importante aquí es contar con toda la información certera para en su caso resolver.
P: ¿Cuándo empezaron la investigación?
LGP: El sábado se abrió el expediente.
P: Estamos a unos días de que se legalice o no la marihuana en California, entonces, saber qué opinión tiene, porque esto evidentemente va a tener un impacto en nuestro país, ¿cuál sería el pronunciamiento, la posición de la Comisión de Derechos Humanos?
LGP: Lo que nosotros hemos planteado es que existe una necesidad de discutir seriamente cuáles serían los efectos de la legalización. Para nosotros está muy claro que eventos como los que acabamos de ver en el fin de semana, tienen que ver, están absolutamente relacionados con el tema de la prohibición, y en general con el tema de las drogas. La posición de la Comisión ha sido la de tener una actitud abierta al diálogo, una actitud abierta a discutir de manera informada, cuáles son los pro y los contras que podría tener la legalización, y lo que nosotros definitivamente no acompañamos son posiciones absolutas, en las que se asume a críticamente o bien la legalización o bien la prohibición. Creo que hay condiciones para establecer escenarios para ver cómo puede afectar este proceso de legalización en los Estados Unidos al país, concretamente a las fronteras, así que me parece que están dadas las condiciones como para hacer una discusión de fondo en el tema, que nos lleve a tomar decisiones responsables.
P: Hace un momento hablaba de la concientización de la noviolencia , ¿cree que en la ciudad, en México en general estamos preparados con esa noviolencia para recibir una legalización de drogas?
LGP: Yo creo que deberíamos estarlo, me parece que aquí hay un compromiso y una responsabilidad de las autoridades para generar un contexto en el cual la resolución de los conflictos se dé a partir de una cultura de paz y una cultura, precisamente de no violencia. Lo que estamos viendo cotidianamente, por el contrario, señala que la manera en la que estamos resolviendo nuestros conflictos es a partir del uso de la fuerza, y del uso de la fuerza bruta, como en los casos que hemos visto este fin de semana, tenemos que ponerle un freno a eso, porque además las víctimas están siendo nuestros jóvenes, quizás el activo más importante que tenemos en el país para tratar de revertir la situación y para tratar de construir una forma distinta de convivencia, los estamos asesinando, los estamos metiendo a la cárcel, creo que ese es un tema que debe llamar nuestra atención seriamente.
P: ¿Cómo lee el Ombudsman lo que ocurrió en Ciudad Juárez este fin de semana, ¿tendríamos que poner nuestras barbas a remojar ?
LGP: Yo creo que hay que tomarlo con mucha objetividad, y desde luego con toda la capacidad de indignación que tengamos, porque estamos hablando de jóvenes, en estos casos, tengo entendido, se trataba de jóvenes que estaban en un centro de rehabilitación, eso prende focos rojos importante, porque no es la primera vez que ocurre y porque eso estaría señalando a estos centros de rehabilitación como un sector de alto riesgo para la violencia. Entonces, me parece que más que tomar medidas tremendistas, lo que hay que hacer es analizar objetivamente cuáles son las condiciones en las que estas situaciones se dan, para tratar de generar las soluciones adecuadas.
P: Acciones como este Convenio, ¿de qué trata, ustedes les van a brindar atención, pero es una atención que finalmente ya tendría que estar garantizada?
LGP: En el fondo de lo que se trata es de transversalizar la perspectiva de derechos humanos en la educación, por ahora en la educación que está en manos del gobierno de la ciudad. Esto es muy importante porque los jóvenes a la escuela van no nada más a aprender sus materias, sino van aprender a convivir, y lo que tenemos que hacer aquí es enseñarle a los profesores, enseñarle a los alumnos, cómo relacionarse de manera pacífica. Es altamente probable que lo que uno más aprende en la escuela es precisamente la manera en la que se relaciona con sus profesores, con los adultos y con sus compañeros. Si no estamos atendiendo eso y si lo que estamos haciendo es generar condiciones para que los alumnos se vayan de la escuela o bien para que resuelvan de manera violenta sus conflictos, cualquier instrucción es insuficiente, cualquier aprendizaje que tengan es insuficiente, de eso se trata el Convenio.
P: Van a dar capacitación a los maestros.
LGP: Claro, capacitación a los maestros, de manera central a los maestros de prepas, tenemos también la posibilidad de hacer programas con las primarias, aunque no son del ámbito local, sí existe la posibilidad de que generemos programas de capacitación también para los profesores de primarias, y dinámicas que nos ayudan a través de los programas que ya tenemos en la Comisión, como el Programa de Cultura de la Paz, a crear condiciones de convivencia distintas entre los alumnos y las alumnas.
P: Inaudible.
LGP: El Convenio es en sentido amplio, nos importa dar a conocer los derechos de las y los jóvenes, nos importa que los profesores sepan cuáles son estos derechos para que los hagan respetar, que los alumnos tengan vías de acceso, no se necesita ser adulto para poner una queja en la Comisión, por ejemplo, que sepan que pueden recurrir a nosotros cuando sus derechos son violados. Digamos que tiene un horizonte amplio de posibilidades para garantizar que las y los jóvenes hagan respetar sus derechos.
P: ¿En todas las escuelas..?
LGP: Del Distrito Federal, por lo pronto.
P: ¿Nos puede dar una idea más acabada de lo que es el Observatorio de la Juventud, cómo va a trabajar?
LGP: Yo creo que debe tratarse, todavía tenemos que diseñarlo, en su caso debe tratarse de una instancia que observe a las diversas entidades de la administración pública del Distrito Federal, en materia de garantía de derechos de los jóvenes, eso tenemos que todavía darle forma, pero la idea me parece que es bastante atinada, porque ayudaría a cerrar el círculo de instituciones que estamos vigilando los derechos humanos en la ciudad.
P: ¿Pero hay un Instituto de la Juventud?
LGP: Hay un Instituto de la Juventud, ellos tienen su propio mandato, estamos hablando aquí de una instancia de la que eventualmente podría formar parte. Insisto en que tendríamos que diseñarlo todavía, pero se trata de generar un Observatorio que transversalmente mire a todas las demás instancias que tienen que ver con derechos de la juventud.
