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119/2010 Foro de Análisis de las Políticas de Adopción en la Ciudad de México.

Entrevista al Presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, en el Foro de Análisis de las Políticas de Adopción en la Ciudad de México.
Transcripción 119/2010
15 de octubre de 2010

Pregunta (P): Inaudible.

Doctor Luis González Placencia (LGP): Sí, nos enteramos esta mañana por una nota en Milenio que sigue habiendo esta problemática. Lo que esperamos es que no escale, esperamos que la atención a la Recomendación que se emitió y la aceptación que hizo el Gobierno de la ciudad de la misma empiece a generar condiciones para que efectivamente todo este mecanismo estructural que está montado se vaya desmontando.

P: Sin embargo, siguen pasando los días y no hay respuesta por parte del Tribunal Superior de Justicia.

LGP: Yo recuerdo que ellos tienen 15 días, según la ley les da. Claro, es el límite, hay que decirlo claramente, es un límite máximo. Ellos pueden responder antes desde luego, y lo que esperamos es que esa respuesta se dé a la brevedad posible, porque efectivamente eso es parte fundamental para entender cómo es que funciona esta estructura dentro de las prisiones y para desmantelarla.

P: ¿Entonces no es ni uno ni dos Juzgados, sino ya varios Juzgados del Reclusorio Oriente y Sur que están involucrados en esa trata de personas?

LGP: Eso es lo que dice la nota y por eso nos parece a nosotros de la mayor importancia que se intervenga cuanto antes. Es fundamental que el Tribunal Superior de Justicia en este caso abra a la investigación de la Procuraduría todo lo necesario para que se pueda desmontar la red.

P: ¿Por esta nueva situación no se ha presentado alguna queja o denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos?

LGP: No. Lo que entendemos es que la nota da cuenta de una investigación en proceso que denuncia, digamos, todo este fenómeno que ya nosotros hemos venido documentando. Entonces, no necesariamente significa que haya nuevos hecho, sino más bien más información sobre los hechos que la Recomendación plantea.

P: Doctor, se habla de que golpearon a la persona que instó a las afectadas a que denunciaran, se habla de que fue golpeada.

LGP: La Segunda Visitadora de la Comisión (Rosalinda Salina Durán) ya está al tanto del asunto, ya se desplazó desde el día de ayer a entrevistar a las personas que están involucradas en este hecho y esperamos tener información a lo largo del día de hoy.

P: ¿Todavía no le reportan qué es lo que pasó?

LGP: No, están allá unas Visitadoras y Visitadores, están recabando la información necesaria y una vez que tengamos ya claridad lo daremos a conocer.

P: ¿Pero que va a pasar en caso de que esto se confirme?

LGP: Bueno, en su caso lo que nosotros podemos hacer es desde luego levantar una nueva queja. Ahora sí tendríamos condiciones para hacerlo de oficio, y seguir investigando. Aquí es muy importante salvaguardar la integridad de las internas y que su identidad permanezca también resguardada para evitar cualquier tipo de represalias.

P: ¿Cómo se puede interpretar este acto de violencia en contra de esta interna?

LGP: Creemos que es parte o uno de los efectos que tiene la visibilización del problema. Naturalmente empiezan a surgir personas que son afectadas y, bueno, eso hay que contenerlo. Es importante trabajar muy intensamente dentro del sistema penitenciario para evitar que esta problemática devenga en venganzas y en otro tipo de situación de violencia.

P: ¿Pareciera que es esto una venganza?

LGP: Podría ser, podría eventualmente ser o podría ser también una molestia que deriva en violencia. Es importante identificar bien cuál es la fuente para contenerla.

P: ¿Si hay indicios en las investigaciones que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos sobre contubernio entre autoridades penitenciarias y del Tribunal Superior de Justicia?

LGP: Lo que nosotros verificamos es que efectivamente por lo menos dos servidores públicos del Tribunal fueron quienes falsificaron los pedimentos. Nosotros hemos sostenido que esa falsificación no se agota en sí misma, tiene una finalidad y de ahí es de donde se puede ir construyendo la red.

P: Hay un caso excepcional en la tardanza para contestar esta Recomendación, ¿es la primera vez que sucede?

LGP: Es la primera vez que sucede porque a pesar de que en ocasiones anteriores la Comisión había enviado Recomendaciones al Presidente del Tribunal Superior de Justicia en esa calidad, ahora el Presidente argumentó que había que hacerlo en su calidad de Presidente del Consejo. Hay que recordar que ambas presidencias recaen en la misma persona. Y nosotros sostenemos que eso no es así, porque la violación la cometieron servidores públicos del Tribunal. Nosotros le avisamos a quien es titular de ese órgano de gobierno en la ciudad y él es quien debe decidir a quién turnar. En este caso, se dio esta polémica. Nosotros no quisimos detener más el procedimiento; digamos que aceptamos que se dio por notificado una vez que le solicitamos como Presidente del Consejo y eso le dio 15 días más para responder. Nosotros esperábamos que respondiera el día de ayer, dado que el Consejo se reunió para esos fines. El Consejo mismo decide utilizar los 15 días, legalmente eso es posible, pero lo que pasa que es nosotros creemos que sí es muy importante que haya una definición clara cuanto antes.

P: ¿Cuándo es el plazo en que se vence?

LGP: En 15 días, son 15 días hábiles a partir de que se da por notificado. Entonces esperamos que el próximo martes ya haya una respuesta definitiva.

P: ¿Esto se podría interpretar como encubrimiento, como investigación para recabar más datos, cómo lo podríamos interpretar?

LGP: De entrada el problema es que mientras más se tarde la respuesta menos posibilidades hay de actuar, y aquí concretamente ya tenemos el caso de que uno de los servidores públicos que fue señalado por la Comisión se amparó. Entonces eso va a dificultar más todavía la posibilidad de esclarecer los hechos en el caso específico de esta persona.

P: Doctor, ¿hay algún distanciamiento con el Presidente de Tribunal? Hoy se esperaba que llegara y tampoco vino. ¿Hay algún problema personal?

LGP: No, de nuestra parte no. No es un tema personal, desde luego es un tema institucional. A nosotros lo que nos preocupa es que no se ponga en riesgo la vigencia de los derechos, que no se ponga en riesgo tampoco la integridad de la víctimas. Pensamos que es muy importante actuar conjuntamente el Gobierno de la ciudad, la Procuraduría y el Tribunal Superior de Justicia en un problema que nos involucra a los tres, y si hay una actuación parcial el tema no avanza.

P: ¿Ha platicado personalmente con el Presidente del Tribunal?

LGP: Hemos platicado en diversas ocasiones. Los argumentos que él sostiene son argumentos que son válidos desde el punto de vista legal. Nosotros como una institución que no atiende a formalismos legales, hemos hecho hincapié en la necesidad de responder en función del fondo del problema, y no queremos entrar en un debate ahí sobre formalismos. Lo que nos importante más bien es que se resuelva.

P: ¿El próximo martes es el plazo para que se conteste a la Recomendación?

LGP: La fecha precisa tendría yo que. Ellos sesionan los martes y por eso es que esperamos que haya ya una definición, pero la fecha precisa no la tengo ahora, pero son 15 días hábiles a partir de la fecha de notificación.

P: ¿Ellos cuándo se dieron por notificados?

LGP: Esto ocurrió, si no me equivoco, el lunes de hace una semana. Gracias.

 

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