Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 117/2010
Pregunta (P): Su opinión sobre la posibilidad de que todos los transexuales del país podrán obtener un acta de nacimiento nueva, con cambio de nombre y sexo en el Distrito Federal.
Doctor Luis González Placencia (LGP): Esto es un avance. Como he dicho en otras ocasiones, este tipo de políticas son políticas inclusivas, son políticas que generan más derechos para grupos de personas que antes no los tenían, y en ese sentido creo que deben verse como triunfos importantes en materia de derechos humanos.
P: ¿Hay posibilidades de que no solamente sean transexuales, sino también travestis y todas estas subdivisiones que se tienen?
LGP: Bueno, creo que el problema fundamental se presenta en esta población transgénero, porque en otros casos hablamos de cuestiones más situacionales. Una persona travesti no deja de ser hombre o mujer, simplemente se viste de una manera distinta a la de su sexo y vuelve a su género normal. Entonces creo que eso no se presenta en esos casos, pero sí era muy importante porque había un problema serio con la identidad de los transexuales.
P: ¿Se tiene un estimado de cuántos transgéneros existen en la ciudad de México y que podrían acceder a este tipo de situación?
LGP: No, desafortunadamente no tenemos un dato certero sobre el tema, pero yo creo que ahora esta política permitirá visibilizar cuántas personas hay y cuántas se benefician de ella.
P: ¿Cuál es el avance que se ha tenido en materia de derechos humanos para el reconocimiento para este tipo de personas? También vemos actitudes como la del Gobernador de Jalisco, que no son nada recomendables.
LGP: Claro, yo creo que una de las cosas que le enseña a la sociedad avances como estos es la necesidad de aprender a respetar la diferencia. Convivimos con la diferencia y en esa medida esa exigencia nos exige ser respetuosos. Así como nosotros esperamos respeto por cada uno de nosotros, tenemos que ser respetuosos de los demás.
P: Señor, con respecto a las Recomendaciones que ha emitido al Gobierno del Distrito Federal, y que varias de ellas las han rechazado, ¿qué actitud va a asumir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal?
LGP: Bueno, hasta este momento no se ha rechazado ninguna, y esperemos que no se rechacen. Nosotros tenemos como una posibilidad la de llevar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al funcionario que eventualmente rechazara una Recomendación. Si fuera el caso lo evaluaríamos y seguramente actuaríamos en consecuencia.
P: ¿Pero por qué la Asamblea Legislativa y no ustedes?
LGP: Por el mecanismo legal que está planteado para el Ombudsman. La autoridad puede o no aceptar una Recomendación, esa es potestad de la autoridad, y si no la acepta la Comisión tiene esta posibilidad de llevar el caso a la Asamblea para que la Asamblea llame al servidor público y explique las razones de su rechazo.
P: Hoy se vence el plazo para la Recomendación que ustedes enviaron al Tribunal sobre la prostitución en reclusorios, ¿cuál ha sido la respuesta, qué es lo que ustedes esperan y cuál sería el camino en caso de que no lo acepten?
LGP: No conozco todavía cuál es la respuesta del Consejo. Esperamos, honestamente esperamos que la acepten porque estamos hablando de un tema muy delicado. Si no la aceptan nuevamente por formalismos va a quedar en evidencia que el tema de fondo no es de interés del Presidente del Tribunal Superior de Justicia ni del Consejo, y por lo tanto seguramente procederíamos nosotros a hacer del conocimiento de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el rechazo para que la Asamblea llame al Magistrado y el Magistrado explique por qué la rechaza.
P: ¿En qué centros de reclusión ustedes han detectado esta situación de prostitución?
LGP: En los femeniles. El problema se da en los túneles que van hacia los juzgados. Tiene que ver con que las internas son trasladadas desde los reclusorios femeniles hacia los varoniles para poder llegar a los juzgados. En los túneles, de camino hacia estos juzgados, son observadas por internos y ahí es en donde se dan las distintas condiciones para facilitar los encuentros.
P: ¿Cuántos casos se tienen documentados de prostitución?
LGP: Se tienen varios. Nosotros recogimos cerca de 19 testimonios. Aquí es importante señalar que esos testimonios tienen distintos grados de intensidad y en algunos casos se habla efectivamente de que las conminan a prostituirse. En otros casos sabemos que ellas mismas, motu propio, digamos, acceden a este tipo de prácticas. Pero eso no es relevante, lo que es relevante es que de ninguna manera debe de ocurrir. Es un problema estructural en principio, porque facilita que hombres y mujeres entren en contacto creando un mercado ilegal. Pero es un problema también de corrupción que implica a funcionarios del Sistema de Reclusorios del Distrito Federal y a servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia, como lo demostramos en la Recomendación.
P: ¿Hasta el momento alguno de estos servidores públicos ha sido retirado de su cargo, incluso enviado a la cárcel?
LGP: Hay un caso en el que sabemos que ya ha sido procesada una servidora pública del Tribunal, pero hay otro caso, que es el que nos preocupa, de otro servidor público que renunció en un primer momento, fue recontratado por el Tribunal y volvió a renunciar. Entonces de ahí la preocupación por este tipo de argumentos, que lo único que generan es dilación en la denuncia de quienes, está probado, ha sido parte de esta red.
P: ¿Podemos tener el nombre de esta persona y qué cargo ocupa?
LGP: Es público porque está en la Recomendación, es una persona de apellido Cedillo, si no me equivoco y era un servidor público auxiliar en alguno de los juzgados.
P: ¿Y no serían también los directores responsables de esta situación que se está viviendo?
LGP: Bueno, desde luego cabe una responsabilidad siempre para los titulares, porque en principio tienen que vigilar que las condiciones en las que están recluidas las personas sean condiciones óptimas. Enseguida, una vez que se ha hecho público todo este tema, a nosotros nos parece que es muy importante que las autoridades tomen cartas en el asunto y actúen proactivamente. No era necesario esperar la Recomendación para comenzar a intervenir. Y en tercer lugar, en casos como los que hemos señalado del Tribunal Superior de Justicia, en donde fue claramente sabido por los titulares de los juzgados que estaban cometiéndose falsificación de pedimentos, nos parece que ahí no hay ninguna excusa para que no hayan sido denunciados estos servidores públicos desde el momento en el que se supo que estaban cometiendo estas falsificaciones. Muchas gracias.
