Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 115/2010
Pregunta (P): Oiga, ¿cómo califica el desempeño de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), en relación con su especialidad?
Luis González Placencia (LGP): Yo creo que se ha hecho en los últimos años un esfuerzo muy importante por parte de SEDESO; primero, por entender que el enfoque de derechos humanos aporta de manera muy importante a toda la política social: la política social deja de ser una política de beneficencia para convertirse en una política de derechos. Yo creo que eso lo estamos logrando en conjunto. Por otro lado, bueno, ha habido una actitud bastante favorable respecto de problemas muy sensibles, como es el tema de poblaciones callejeras. O bien, este tema de Casitas del Sur , en donde, por fortuna con IASIS hemos tenido un muy buen resultado.
P: ¿Nos puede decir en qué va la Recomendación del casoCasitas del Sur ?
LGP: Sí, en este momento el problema sigue siendo que los niños están desaparecidos, no se sabe de su paradero y tampoco sabemos que se haya terminado la investigación, en términos de las responsabilidades penales de los servidores públicos involucrados y, en general de las personas involucradas. Esa investigación, como sabe, la atrajo la Procuraduría General de la República (PGR) y nosotros estamos insistiendo a través de diversas vías, para tener información; lo que queremos simplemente es tener información, ya no es competencia nuestra en ese espacio pedirle a la PGR que colabore con nosotros, pero me parece que es útil para toda la sociedad saber qué está pasando con esta investigación.
P: ¿Qué es lo último que se sabe?, qué le dice la PGR?
LGP: Nada. Ellos lo que dicen es que es información clasificada y lo que se sabe es lo que los medios han publicado: una reciente aprehensión. Pero de los niños no se sabe nada.
P: ¿Pero confía usted en su investigación, en lo que está haciendo la PGR por los niños?
LGP: Pues lo que pasa es que no tenemos elementos para juzgarlo.
P: ¿Cómo nos aseguramos de que ya no se repetirá esta situación?
LGP: Bueno, afortunadamente en ese sentido sí tenemos avances importantes. Lo que sí hicimos fue establecer una mesa de trabajo entre tres organizaciones que estaban haciendo un trabajo descoordinado, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), el DIF y el IASIS. Con ellos se estableció un manual de funcionamiento que ahora, por ejemplo, implica la desaparición gradual del Albergue en la PGJDF, para que esas funciones pasen tanto al DIF como al IASIS, para que la PGJDF tenga una serie de elementos que les permitan tener mucho más control sobre a dónde van los niños en el caso de que sean derivados hacia alguna institución y también para facilitar la devolución de los niños al núcleo familiar, cuando eso es posible.
P: Hablaba usted de la sobrerevictimización en muchos de los casos, ¿qué tan sano o que no tan sano es que siga trabajando así el Gobierno?
LGP: Bueno, yo creo que donde hay huecos del Estado, del gobierno, estos huecos se llenan; y se llenan, a veces con instituciones de buena fe que hacen un buen trabajo y, en otras ocasiones, con instituciones de buena fe, pero que no saben cómo trabajar y generan problemáticas mayores. En otras ocasiones, por grupos que se aprovechan de la necesidad de las personas; recordarán ustedes el caso de Los Elegidos de Dios , que es una muestra de cómo organizaciones de personas pueden aprovecharse, por ejemplo, como en aquel caso, de la explotación laboral de gente que está en situación de calle.
P: Pero, ¿qué ha dejado de hacer el Estado que provoca esos vacíos?
LGP: Atender la problemática social: la educación, vivienda, alimentación; estos derechos que son de naturaleza social, que no son fáciles seguramente de cumplimentar, pero que implican hoy por hoy un reto para la ciudad de México: cada vez hay más población en situación de calle.
P: Algunas áreas de gobierno se quejan de que las Comisiones de Derechos Humanos se convierten en una especie de policía que les impide trabajar, ¿ustedes cómo están con relación a esto?
LGP: No, al contrario: yo creo que nosotros somos aliados y si el gobierno nos viera como aliados, tendríamos muchas mejores posibilidades de mejorar la situación del Gobierno en la ciudad. Nuestras Recomendaciones, nuestras observaciones, siempre van en el sentido de señalar quién está haciendo mal su trabajo y cómo hacerlo mejor. Entonces, al contrario. Yo creo que ese discurso que se construyó hace muchos años, hoy tenemos que tratar de desmontarlo y de plantearlo en otros términos.
P: Doctor, en relación con la Recomendación 4/2009, del caso Casitas del Sur , también fue dirigida a las autoridades locales, ¿y qué han hecho en este tema?
LGP: Sí, fue dirigida en principio a la PGJDF; como la PGR atrajo el caso, esa parte quedó sin materia. Pero también fue dirigida al DIF y al IASIS, y con ellos te decía que estamos trabajando en ese tema estructural, hay avances muy importantes, sobre todo para servir como garantía de no repetición.
P: Respecto de la Recomendación que hizo al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), que hace dos días tenía que haber respondido, ¿qué ha pasado?
LGP: No tengo noticia de que hayamos tenido respuesta. Ahora voy para la oficina, a ver cómo está ese tema. Y bueno, lo que yo les recuerdo es que nosotros le pedimos al Presidente del Tribunal que asuma y que responda: que rechace o que acepte. Ojalá que acepte la Recomendación, pero por lo pronto que nos dé una respuesta.
P: ¿Qué pasa si rechaza?
LGP: Si rechaza no pasa nada. Ellos tienen, por supuesto, la atribución de rechazar. Nosotros lo que haríamos sería conminarle nuevamente a que la acepte y probablemente pediríamos la ayuda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para que explique por qué no la acepta, en un caso como éste, en el que hay responsabilidades claramente señaladas.
P: ¿La ALDF tendría que pedir al Presidente del Tribunal que responda?
LGP: Sí, de aceptar la Asamblea el planteamiento de la Comisión, la ALDF exigiría una explicación. No puede exigirle que la acepte, pero sí por lo menos exigirle que dé una explicación suficiente de por qué no la acepta.
P: Precisamente en torno a este caso, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) hizo declaraciones de que tiene una Iniciativa que presentará para obligar o sancionar a los funcionarios que rechacen o que no respondan a las Recomendaciones. ¿Qué opina de eso?
LGP: Sí, se refiere a funcionarios electos por la propia Asamblea. Me parece interesante el planteamiento, porque de alguna manera, entre los criterios para elegir a los servidores públicos que pasan por la Asamblea, pues debería estar el compromiso con el cumplimiento de los derechos humanos, particularmente en un contexto en el que el Programa de Derechos Humanos ha sido uno de los ejes fundamentales del Gobierno de la ciudad. Entonces, es interesante, habría que ver los contenidos de esa recomendación. Pensamos que la presión política, ejercida desde la Asamblea, puede ser muy importante para garantizar que efectivamente haya sinergias en materia de derechos humanos.
P: En cuanto a esas sanciones para quienes no acatan, aceptan o cumplen con la Recomendaciones, hay quienes dicen que debería ir más allá de una sanción moral, incluso, no un mandamiento judicial, pero sí más allá. ¿Usted qué piensa de eso?
LGP: La fuerza de las Comisiones está precisamente en esa condición moral del Ombudsman. Lo otro nos convertiría en un Tribunal, entonces, hay que tener cuidado, porque no necesariamente la Recomendación es más fuerte si se vuelve coercitiva, porque eso implicaría cambios en el procedimiento que nos harían parte en un proceso, o bien en jueces; y creo que ese no es el camino adecuado. Más bien aquí tenemos que apelar a la sensibilidad, por una parte, a la responsabilidad de los servidores públicos y a la necesidad de que no se vuelvan cómplices de las violaciones a derechos humanos que cometen sus subalternos, porque aquí el tema es que si no hay una explicación suficiente de por qué no se acepta la Recomendación. En un caso tan evidente como este, pues quien no la acepta se convierte en cómplice de quien comete la violación.
P: Pero, ¿cuál sería la sanción en un momento dado?, ¿la evidenciación del caso?
LGP: En este caso, lo que nosotros podemos hacer es eso: la evidenciación y buscar también que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), los medios de comunicación hagan eco de esa situación, de la no aceptación o de las razones por las cuales no se acepta. Hasta ahora, es lo que podemos hacer. Y bueno, pero nosotros pensamos que es suficiente generar una presión tal que termine por lo menos con una explicación, de parte del Presidente del Tribunal, de por qué decide lo que decide.
P: ¿Tiene conocimiento de cuántos casos aquí en la ciudad de México hay de mujeres presa o inculpadas que estén en cárceles, en procesos, por haber abortado, en este y el anterior sexenio?
LGP: No, no tenemos noticia de eso, salvo lo que ha salido en los medios de comunicación. Le he pedido a la Cuarta Visitadora, Guadalupe Cabrera, que haga una revisión para que verifiquemos ese dato y verifiquemos también las razones por las que en todo caso están. Entendemos que, de ser así, eso debió haber sido previo a la reforma y probablemente a partir de alguna situación que nos les permita acogerse al beneficio una vez que la reforma se aprueba, pues poder salir en libertad. Entonces, vamos a evaluar cómo está esa situación, ya les informaremos.
P: Pero, ¿entonces no se tiene la certeza de cuántos, pero sí hay casos?
LGP: Sabemos la información que se dio a conocer en los medios, pero no la tenemos verificada. Gracias.
