sábado , 2 diciembre 2023

114/2010 Aniversario XVII de la CDHDF.

Entrevista al Ombudsman Capitalino, Luis González Placencia, en la ceremonia del Aniversario XVII de la CDHDF.
Transcripción 114/2010
1 de octubre de 2010

Pregunta (P): Presidente, preguntarle de mi parte, son 17 años ya de la Comisión, ¿cuál es la situación en este tema en el Distrito Federal? ¿Cuál es el balance que se hace?

Doctor Luis González Placencia (LGP): Yo creo que a lo largo de 17 años la ciudad ha cambiado notablemente. Desde luego no enfrentamos la situación inicial donde había mucho recelo frente a las Comisiones de Derechos Humanos, una incomprensión absoluta de los funcionarios públicos sobre el tema. Y aunque ha costado muchísimo trabajo, lo cierto es que la acción cotidiana de la Comisión a lo largo de 17 años ha logrado que el tema se meta en la agenda. Yo creo que el ejemplo más claro es el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal;y aunque todavía vemos, y yo creo que seguiremos viendo, violaciones a derechos humanos lo importante acá es que la cultura de derechos humanos va prendiendo en la ciudadanía. Hemos empujado debates a veces polémicos, pero que tienen un sentido estratégico porque finalmente van convenciendo del valor que tienen los derechos humanos en la vida cotidiana.

P: ¿Cuáles serían entonces los retos que ahora enfrenta la Comisión en esta segunda etapa, por así decirlo?

LGP: Desde luego sigue siendo un problema el sistema penal y el sistema penitenciario. Yo creo que ese es el espacio en donde se ve un rezago más claro. Pero por otro lado también hay nuevos retos con la aparición de nuevos derechos, o con derechos que aparecieron hace tiempo ya, pero que ha sido muy difícil documentar porque son derechos muy elusivos, como el tema de los derechos ambientales, por ejemplo. Parece que es un reto todavía para las autoridades y para la ciudadanía aprender a reconocer las violaciones a estos derechos, aprender a armonizar por ejemplo los retos de la urbanización, de la modernización con el equilibrio del medio ambiente. Y otro dato importante son los derechos culturales, que son difusos, que no dejan que con frecuencia no puedan ser documentados como las violaciones convencionales y que también implican un desafío importante, un cambio de mirada, de las y los gobernantes. Entonces en esa tarea estamos y esperemos que a lo largo de otros 17 y muchísimos años más podamos después decir que también esos derechos humanos ahora ya son parte de la conciencia ciudadana.

P: Perdón, este minuto de silencio que se guardó por las víctimas del crimen organizado, primero su opinión; y segundo, decirle justamente si por este combate al crimen organizado no hay una especie de peligro o un riesgo de que haya retrocesos en la materia, porque la población ha pedido mano dura en contra de este tipo de criminales.

LGP: Yo creo que el sentido simbólico del minuto de silencio tiene que ver por una parte con el reconocimiento de las muertes que han ocurrido con motivo de la guerra contra el narcotráfico, muertes de todo tipo y que no deben de ocurrir. Pero por otro lado también son un llamado a la reflexión, a la necesidad de fortalecer el estado democrático, el papel de los derechos y a que no cejemos ni por temor a la inseguridad, o por temor a la violencia, al contrario, tenemos que seguir construyendo una cultura de derechos.

P: ¿Se ve un poco afectada la cultura de derechos ante estos crímenes?

LGP: Sin duda, porque la ciudadanía tiene miedo, y frente al miedo la respuesta violenta es la más primaria y la más inmediata. Entonces el reto de construir una cultura en la que podamos superar ese miedo y esa actitud de violencia yo creo que es el central. La estrategia en la lucha contra el narcotráfico debe tomar también un camino por el lado de los derechos humanos.

P: Mencionaba en su discurso una parte en donde hay que ser institucionales, pero alejados de las fuerzas supremas por así decirlo.

LGP: Yo creo que eso es muy importante, también tiene que ver con entender que en un Estado democrático hay que construir instituciones que sean muy sólidas, en donde se abandonen las viejas inercias, las viejas prácticas. Yo creo que esta situación es un ejemplo de cómo se puede estar alejado de los sistemas de cuotas, de los sistemas de presión, entre otras razones porque lo que hemos hecho es construir institucionalidad. Las decisiones cada vez son menos decisiones discrecionales, y cada vez más están en la lógica, en la dinámica de procesos institucionales. Eso por ejemplo a los titulares de instituciones democráticas nos pone muchos obstáculos. Pero qué bueno que así sea, porque entonces eso garantiza que aquí no trabajan mis amigos y mis amigas, o gente a la que le deba yo algo, sino gente que se ha ganado el espacio y que ha subido a través de todos estos procesos.

P: Doctor, pero a 17 años del inicio de la Comisión aún hay ciertas resistencias de algunos servidores públicos a acatar, a aceptar uno de los principales mecanismos que tiene la Comisión de Derechos Humanos que son las Recomendaciones, hablo en particular del caso del Tribunal Superior de Justicia. ¿No es un retroceso para la historia de la Comisión?

LGP: Yo creo que no. Siempre ha habido situaciones en las que se rechazan las Recomendaciones. Pero a mí lo que parece es que el reto está en demostrar que esta Comisión es autónoma en primer lugar, que no recibe presiones de ningún lado y que ejerce su jurisdicción de manera plena. Esperamos nosotros que también las y los ciudadanos, las Organizaciones de la Sociedad Civil nos ayuden a presionar a las autoridades. Es importante aquí que se reconozca que frente a una violación que está documentada, que está probada, que ya ha sido además aceptada por dos instituciones del Gobierno del Distrito Federal, no puede ser cuestionada por formalismos. Le demostramos en la carta que le enviamos ayer al Magistrado que la posición de la Comisión es la correcta, y esperamos por eso que responda, que sea congruente con lo que esta ciudad espera de un Tribunal Superior de Justicia.

P: ¿Y no nota usted un doble discurso del Tribunal Superior de Justicia, que por una parte incluso lo ha acompañado en eventos de la Comisión de Derechos Humanos diciendo que están a favor de la defensa de los derechos humanos, y por otra parte una Recomendación no pueden acatarla por formalismos, como usted los llama?

LGP: Sabemos claramente que el Tribunal tiene muchas caras, digamos. En el Tribunal hay gente muy valiosa que ha efectivamente acompañado a la Comisión en muchos procesos, y creo que parte de la tarea es la de poder generar sinergias, la de mover también al Gobierno de la ciudad a pesar de los espacios de confrontación que de manera natural se van a dar. Lo que es el gran reto es poder seguir recomendando, poder seguir presionando para que las Recomendaciones se acepten, y al mismo tiempo que sigamos colaborando conjuntamente, porque somos parte del Estado que conforman en este caso los órganos de gobierno del Distrito Federal y los organismos autónomos, y a nadie le conviene que haya una situación de inmovilidad. Lo que esperamos es que este incidente se supere, se supere de la mejor manera; y si no, pues que la Sociedad Civil también nos ayude a reclamarlo.

P: Doctor, ¿pero han subido de tono estas declaraciones de ambas instituciones, en el sentido de que si son formalismos o en el sentido de que si se viola o no la Constitución, pero la problemática persiste? ¿Ahí qué esperaría la Comisión?

LGP: Es lo que nos preocupa y por eso dimos un plazo de 48 horas, que esperamos que antes de que se cumpla el Tribunal reflexione y por lo menos nos diga si rechaza o acepta la Recomendación. Yo creo que está muy claro, y ya en todos los medios está evidente la situación. Ya todo el mundo sabe de qué tipo de violaciones estamos hablando y la gravedad que esa obligaciones implican, y en ese sentido creo que tiene una responsabilidad el Tribunal Superior de Justicia en su Presidente de actuar en consecuencia.

P: Doctor, hoy el Consejero de la Judicatura, Israel Alvarado, señaló que generó cierto desconcierto en el Presidente del Tribunal el hecho de que se señalara directamente a empleados del Tribunal y no pasó lo mismo con empleados del sistema penitenciario, cuando esencialmente la problemática venía de ahí, pero no hay una imputación directa contra algún funcionario de allá, a pesar de que hay testimonios de que las internas dan nombres, como Reyna Montes o como otros dos funcionario, pero ahí no hay.

LGP: Esa información la compartimos con la Procuraduría durante la investigación. Entonces ya la investigación le toca a la Procuraduría. Pero en el caso de los servidores públicos del Tribunal plantear el nivel de su participación era muy importante para poder articular lo que nosotros verificamos como una red. Entonces son muy importantes los servidores públicos del Tribunal que están involucrados. No podemos pensar que la cosa se agote en la falsificación, porque la falsificación se realiza con un motivo, no se agota en sí misma. Entonces de ahí la relevancia de señalar con toda claridad esta responsabilidad, porque además pensamos que siendo un órgano autónomo y el órgano impartidor de justicia, pues le toca precisamente salvaguardar el buen nombre de la institución a través de la denuncia y en su caso la sanción de estos servidores públicos.

P: ¿Entonces la responsabilidad de funcionarios penitenciarios lo pasaron a la Procuraduría.?

LGP: La Procuraduría tiene esa información también. Supongo yo que está siendo integrada en sus investigaciones, así es de que vamos a ver cómo procede la Procuraduría, que aceptó la Recomendación.

P: ¿Pero hay nombres, doctor, directamente como lo hay de Diana Trujillo?

LGP: Hay nombres desde luego que salen de los testimonios. Toca hacer las verificaciones, porque lo que tenemos con toda claridad en el caso del Tribunal es que hay imputaciones directas. En el caso de las otras personas no, son testimonios indirectos. Gracias.


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