Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
La guerra contra el narcotráfico ha dejado más muertos que el número de adictos a las drogas.
Boletín de prensa 333/2010
31 de octubre de 2010
Si la finalidad de la guerra contra el narcotráfico es evitar la pérdida de vidas asociadas a la adicción a las drogas, el número de muertos asociado a la criminalidad organizada es mayor que el número de nuevos adictos, cuestionó el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) Luis González Placencia.
Durante su participación en el Seminario Internacional México: Seguridad nacional, relaciones cívico-militares, democracia y combate a la delincuencia organizada, llamó la atención sobre la posibilidad de legalizar el consumo de drogas para subsanar la paradoja de la eficacia de «la guerra contra las drogas».
Dijo que actualmente esa es una de las paradojas en materia del delito del narcotráfico: el mercado legal e ilegal que confluyen y se mezclan; el desarrollo y la relación del subdesarrollo y la delincuencia no convencional; la prohibición como regulador del mercado ilícito entre cárteles; la persecución penal de excepción ante la mezcla de mercado legales e ilegales.
En su intervención en la Mesa 5, «Derechos humanos y combate a la delincuencia organizada», explicó que la ilegalidad del mercado negro trae consigo la ausencia de reglas claras de competencia, maximiza la violencia y minimiza el control de la corrupción.
Al citar al sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, subrayó que la manera en la que aparecen los delitos obliga a una aproximación distinta a la actual, al igual que a la política criminal y a los códigos penales y se debe considerar la interacción entre los principios del individuo, el Estado y el mercado, para el entendimiento de los fenómenos sociales y las circunstancias en las que aparecen.
«En este caso, entre el tipo de delitos y su relación con cada fase de la modernidad, a través de sus códigos penales y la aparición de los delitos, en función de los principios que se ponen en riesgo: delitos en contra de la seguridad personal y la libertad, contra el statu quo , la moral y el Estado; y en contra del mercado», advirtió.
En tanto, el ex Ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza Longoria, sostuvo que el Estado Mexicano vive en la esquizofrenia en materia de derechos humanos y que actualmente su observación estorba a la política de seguridad.
Asimismo, se refirió a la intervención del Gobierno federal como un factor de expansión de la violencia e incluso como una abdicación del monopolio que debe tener sobre la fuerza pública en un Estado Democrático de Derecho.
Por su parte, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, dijo que la presencia de efectivos del Ejército Mexicano en aquella entidad se ha reflejado en el incremento de violaciones a los derechos humanos.
Como ejemplo, mencionó que en lo que va del año el Organismo que preside ha recibido más de 10 mil quejas, aunque no precisó en cuántas se menciona a soldados como perpetradores de los agravios.
Para el Director de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública (EGAP) del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Bernardo González Aréchiga, se deben procurar los protocolos de intervención del Ejército Mexicano en materia del combate a la inseguridad, de forma similar a la que lo ha hecho la Secretaría de Marina.
Dijo que muchos derechos han quedado fuera de la tutela del Estado por acción o por omisión, ante la debilidad de las leyes, de las Instituciones y de sus prácticas.
De acuerdo con el responsable del área de Derechos Humanos del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Coronel de Infantería Juan José Juárez Ramos, esa instancia ha capacitado a sus elementos en materia de Derechos Humanos y de Derecho Humanitario Internacional, con el fin de servir a la sociedad.
El Seminario Internacional fue convocado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), el Colegio de la Frontera Norte (COLEF), la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión (CBSN), el Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), la Red de Especialistas en Seguridad Pública, por el Instituto México, el Woodrow Wilson Center, y el Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego, California; con el apoyo del Open Society Institute y de la Fundación Friedrich Ebert.
La Mesa 5 fue moderada por la investigadora del CIDE, Elena Azaola.
