Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Lenta implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en México.
Boletín 330/2010
29 de octubre de 2010
El Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Carlos Ríos Espinosa, señaló que si bien México tuvo un papel destacado para la promoción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, es preocupante la lentitud en la posibilidad de implementar los principios de este instrumento en México.
En el Conversatorio “La realidad mexicana frente a la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad”, mencionó que en el Congreso se discuten algunas iniciativas, pero consideró que el problema es querer agotar el tema de la discapacidad en una sola ley.
Dijo que es necesario que el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS), instancia de implementación de la Convención, tenga más fuerza orgánica y capacidad de interlocución con las dependencias federales, ya que actualmente su estructura está muy debilitada.
“El tema de derechos humanos tendría que ser una facultad concurrente que fuese legislada por el Congreso de la Unión y enseguida contar con órganos de implementación, porque tenemos una disparidad legislativa que vuelve muy compleja la armonización de los principios de todos los tratados internacionales de derechos humanos”, señaló.
Expuso que tenemos 32 leyes diferentes de personas con discapacidad en el país, y por ejemplo, la de Baja California todavía hace alusión a capacidades diferentes, “hay una disparidad normativa, y el nuevo pradigma, el cambio de paradigma hacia un modelo social de personas con discapacidad se debe lograr con bases comunes para todos los estados”.
Apuntó que con la Reforma Constitucional de Derechos Humanos está la posibilidad de que el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hagan justiciables los derechos humanos, para hacerlos exigibles, “hoy no lo son, porque uno va ante un juez y cita Tratados de Derechos Humanos, los juzgadores consideran que son declaraciones de buena voluntad, cuando en realidad son tan derechos como cualquier otro derecho”.
Carlos Ríos, quien es experto independiente en el Comité de Seguimiento de la Convención de Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad, consideró importante que para el cumplimiento de los derechos sociales de las personas con discapacidad se establezca el principio de no regresividad en el presupuesto, porque en México ha habido disminuciones en los recursos.
Destacó que la Convención plantea que la discapacidad es otro fenómeno más de la vida, que no debe ser conceptualizado como un problema ni como una enfermedad ni como una anormalidad, que no tiene que significar marginación o exclusión o no accesibilidad a derechos, “eso es algo por lo que todos debemos empujar y a que todos seamos realmente iguales”.
Hizo énfasis en que la Convención abre la participación para que las personas con discapacidad sean sujetos y no objetos de protección o de tutela. Apuntó que el tema cultural es clave “porque la discapacidad se usa como la parte fácil, para quedar bien, políticamente correcta, y eso incluso perjudica porque manda una imagen de fragilidad, de necesidad de apoyos, de consideración, y ese tipo de discurso se aleja de los parámetros de la Convención”.
Por su parte, la asesora de la CDHDF en temas de discriminación, María Teresa Fernández, señaló que si bien hay avances, “hay un abismo que separa la realidad de lo que la Convención demanda y es a la que debemos aspirar, y no se ven los pasos y que se estén sentando las bases para cumplir con el instrumento”.
Como moderadora estuvo la periodista Katia D’Artigues.
Cada Estado parte reporta periódicamente los avances en la implementación de ese instrumento. El primer informe de México debe presentarse en diciembre, para ser evaluado en un diálogo con los representantes del Estado y Organizaciones de Sociedad Civil (OSC).
En el caso de nuestro país, la Coalición México, integrada por OSCs como CONFE, Libre Acceso y Paso a Paso, presentarán un informe paralelo del Informe Mexicano, que considera los temas de educación, salud, trabajo, capacidad jurídica y accesibilidad.
