Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
La CDHDF expresa su pesar por esta muerte
Boletín 326/2010
24 de octubre de 2010
La señora Guadalupe Orozco Barajas, de 98 años de edad, murió la madrugada del sábado 23 de octubre pasado, después de varias horas de haber ingresado al hospital en delicado estado de salud, producto de las severas lesiones provocadas por el microbús que le atropelló frente a las instalaciones de la CDHDF el día anterior, alrededor del medio día.
La CDHDF expresa su pesar por esta muerte, y lo hace de conocimiento de la sociedad en su conjunto. La señora Guadalupe Orozco Barajas ya no tenía familiares. Vivía en una casa para personas de la tercera edad.
El conductor del microbús es un joven apenas que, de esta manera, se ve involucrado en un hecho que, seguramente, le marcará en lo personal para el resto de su vida. Sus datos son reservados por esta institución, precisamente en atención a su condición de joven y la presunción de inocencia en el debido proceso. Nuestra institución espera que este joven cuente con los elementos suficientes para su defensa y además, independientemente de las responsabilidades que deba asumir, con las condiciones adecuadas para que se reintegre a una vida plena a la que, como joven que es, tiene derecho.
Todos hechos desafortunados han causado ya efectos irreparables para dos personas: una adulta mayor y un joven. Aún más, estos hechos se agregan a los casos de víctimas fatales provocadas por el deficiente servicio público que se ofrece en la ciudad de México. Los medios de comunicación han dado ya cuenta de otras muertes provocadas por unidades de transporte colectivo.
En este segundo semestre del año hemos detectado 3 casos similares. Sin embargo, las víctimas mortales no son las únicas afectadas. Están todas las personas que deben aceptar un transporte público sin seguridad, sin calidad de ninguna especie y sin respeto por la dignidad de las personas: en los lugares donde deben esperar para ascender a la unidad (en la vía pública, a la intemperie, a la arbitraria decisión de los transportistas); durante el trayecto y, finalmente, durante el descenso de la unidad de transporte. Ello sin contar con la posibilidad de ser víctimas de, al menos, robo o asalto. Mucho menos cuentan con seguros de vida, de gastos médicos mayores, por accidente o contra asalto.
También se ven afectados quienes trabajan como choferes en unidades de transporte inadecuadas, sin condiciones de trabajo dignas, sin capacitación, sin seguridad social adecuada, sin instalaciones adecuadas en las estaciones, donde no existen lugares para que puedan siquiera atender las necesidades fisiológicas más básicas.
Los efectos negativos son también para las vecinas y los vecinos que deben tolerar ruidos, obstáculos, enfrentamientos, deterioro de su entorno comunitario en aquellas zonas donde, sin orden ni supervisión, los prestadores de servicio público deciden ocuparlas como bases.
La afectación es también para peatones y automovilistas, quienes deben tolerar agresiones de todo tipo ante la impunidad de estas unidades que cuentan con el aval para trasgredir el reglamento de tránsito, cosa inaceptable para quien no es transportista de carga, taxista, chofer de transporte público o de vehículos de valores, de los cuerpos policíacos o funcionario público.
Todo esto ante la impasibilidad de las autoridades del transporte y de seguridad pública. El Gobierno del Distrito Federal debe atender el hecho de que esta actividad es de interés público fundamental, sea de carácter privado, concesionado o paraestatal. Debe asumir una actitud interesada en invertir e incluso subsidiar esta área de servicio en interés de la población en general.
La Recomendación 01/2001 emitida por esta Comisión fue dada por cumplida por las labores y los compromisos adquiridos por las autoridades del transporte. Hemos observado que ha sido desatendida. La omisión de las autoridades de la Secretaría de Transporte y Vialidad es evidente. Los hechos detectados sobre víctimas mortales en hechos de este tipo, como el que le provocó la muerte a la señora Guadalupe Orozco Barrera, obligan a esta institución a iniciar una investigación de oficio por las severas afectaciones contra la seguridad y la dignidad de las personas por las unidades de transporte colectivo concesionadas.
Pedimos al Jefe de Gobierno del Distrito Federal dé instrucciones para que los funcionarios de la Secretaría de Transporte y Vialidad atiendan los requerimientos de la CDHDF, quienes los evaden o confrontan reiteradamente, como fue señalado en el informe anual del 2009.
El interés de un sistema integral de transporte para la Ciudad de México es impostergable, de calidad humana y material, lo cual aún no existe. Debe ser atendida esta demanda en interés de quienes se transportan, de quienes laboran, de quienes residen y transitan por esta Ciudad.
