Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
La CDHDF condena ataque contra radio comunitaria en el estado de Chiapas.
Boletín 320/2010
20 de octubre de 2010
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) condena el ataque cometido contra la emisora comunitaria chiapaneca Radio Proletaria, cuyas instalaciones ubicadas en Tuxtla Gutiérrez fueron cateadas con violencia, operativo en el cual fue aprehendido un joven de 15 años, quien en ese momento transmitía un programa musical.
De acuerdo con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), el gobierno del estado de Chiapas incurrió en una acción ilegal al iniciar un proceso penal en contra de la radiodifusora, ya que los casos relacionados con los permisos de uso del espectro radioeléctrico son de competencia estrictamente federal.
Esta CDHDF se une a las voces ciudadanas que exigen al Estado mexicano que atienda las recomendaciones que, tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como la 0rganizacion de las Naciones Unidas (ONU), le han hecho a través de sus respectivas Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión y que a la letra señalan:
«Los Estados deben contar con un marco legal claro, prestablecido, preciso y razonable que reconozca las características especiales de la radiodifusión comunitaria y que contenga procedimientos sencillos y accesibles para la obtención de frecuencias, que no exija requisitos tecnológicos severos, admita la posibilidad de utilizar publicidad para financiarse, y no imponga límites discriminatorios en su financiamiento y alcance».
A través de su Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, la CDHDF recuerda al gobierno mexicano que no debe hacer uso desproporcionado del derecho sancionador en asuntos relacionados con el derecho a la libertad de expresión, y que su obligación es llevar a cabo las acciones necesarias para que los marcos jurídicos se ajusten a los estándares internacionales en materia de igualdad y no discriminación.
La CDHDF reconoce que la radiodifusión comunitaria es un espacio fundamental para la participación de la sociedad en asuntos de interés público y para la construcción de ciudadanía, pues da cabida a las voces marginadas y su labor es fundamental para garantizar a la sociedad su derecho a ser informada de manera plural y diversa. Así, atentar contra la radiodifusión comunitaria es atentar directamente contra la democracia misma.
Estima que las violaciones al derecho a la libertad de expresión de las y los ciudadanos que transmiten ideas e información por medios comunitarios son tan relevantes como las agresiones contra periodistas y trabajadores de los grandes medios de comunicación, pues la intención que hay detrás de estos atropellos es silenciar la voz de la ciudadanía.
