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Boletín 308/2010 Posicionamiento de la CDHDF sobre el Día Internacional de la Salud Mental y los Derechos de las Personas con Discapacidad Psicosocial

Posicionamiento de la CDHDF sobre el Día Internacional de la Salud Mental y los Derechos de las Personas con Discapacidad Psicosocial.

Boletín de prensa 308/2010

12 de octubre de 2010

 

Desde el año 1992, la Organización Mundial de la Salud instituyó al 10 de octubre como Día Internacional de la Salud Mental, con el propósito de poner en relieve las necesidades y retos de las políticas de salud pública, ya que existe, en el mundo y en México, un gran déficit en la atención de la salud mental. A este respecto, el pasado 7 de octubre la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó la Guía de intervención para resolver el déficit de salud mental con el fin de establecer una estrategia conjunta e integral.

 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se suma a esta iniciativa porque considera que se deben garantizar los derechos, integridad, dignidad y autonomía de quienes necesitan los servicios de atención en esta materia, debido al riesgo de vulnerabilidad y discriminación que esta condición implica y a la discapacidad psicosocial que define el padecimiento de algún trastorno mental.

 

En concordancia con el Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con el Artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) y con la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, » toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social».

 

«La salud -se establece en estos documentos- es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos» por lo que «todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente» en función del ejercicio integral y progresivo de todos sus derechos. Ante esto, es imprescindible considerar que, desde la perspectiva de los derechos humanos, el derecho a la salud implica garantías no sólo para quienes padecen alguna enfermedad. La salud mental debe entenderse como un estado de bienestar complejo, inseparable de la salud física.

 

En este contexto, exhortamos a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal (GDF) a dirigir sus esfuerzos en la materia con base en un enfoque de derechos humanos. Esto con el fin de generar condiciones de vida digna para quienes habitan y transitan el Distrito Federal y, en su caso, erradicar el estigma que aún recae en la concepción misma de las enfermedades mentales. Para este propósito, consideramos prioritarios tomar en cuenta los siguientes aspectos:

 

1. En México no existe una estrategia integral y seria de prevención y atención en materia de servicios de salud mental, por lo cual urge una política de salud pública que genere las condiciones vitales y los ambientes sociales que prevengan el desarrollo de trastornos mentales y discapacidad psicosocial, y garantice accesibilidad y calidad en la atención para todas las personas que lo requieran.

 

Esto implica que se amplíe la capacidad instalada para la prestación de estos servicios, incluyendo áreas de salud mental en todas las clínicas y centros de salud de primer nivel, mecanismos de referencia y de contrarreferencia, además de que se invierta en formación profesional en la materia para que se incremente la oferta de servicios que permitan una atención multidisciplinaria.

 

2. Dentro de esta política integral es de particular relevancia implementar y fortalecer servicios de atención cotidiana para las personas cuya sintomatología no llega a constituirse en cuadros de atención psiquiátrica especializada, pero que sí implica importantes necesidades de intervención y de contención médica, psicológica y comunitaria; como son: el estrés, la angustia, algunos trastornos socioafectivos, manifestaciones sintomáticas del estrés postraumático u otros problemas de salud mental que se encuentran vinculados con la experiencia del dolor o alguna enfermedad física crónica. Lo anterior con el fin de tomar medidas de prevención ante cuadros clínicos más severos y riesgosos por falta de atención pertinente y oportuna.

 

3. Tampoco contamos en México con una política de contrarreferencia adecuada para las personas usuarias de los servicios de salud mental. Quienes han presentado cuadros severos y son referidos a sistemas cada vez más especializados de atención médico-psiquiátrica no tienen opciones de retorno a los sistemas de atención primaria e incluso preventiva; ni cuentan con mecanismos para recuperar una vida social y productiva que les permita insertarse en su comunidad dignamente.

 

En este sentido, las acciones en esta materia deben contemplar también esquemas de reinserción comunitaria que incluyan espacios alternativos de intervención a lo largo de todo el proceso de atención, de tal manera que, a través de grupos de apoyo, las personas con discapacidad psicosocial puedan socializar sus sentimientos y percepciones, transitar el proceso de aceptación de su condición y comprometerse con el cuidado de su salud sin sufrir estigma y sin discriminación.

 

4. Hay dos factores fundamentales para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de quienes, a causa de alguna discapacidad psicosocial, se encuentran en situación de internamiento. Por un lado, garantizar que no vivan en condiciones inhumanas ni sean víctimas de tortura ni de ningún trato degradante; por otro, garantizar que el proceso de internamiento sea voluntario, con base en un consentimiento libre e informado y en un diagnóstico adecuado que tome en cuenta criterios interdisciplinarios; y, en casos que así lo requieran, que la intervención del representante legal respete y se apegue estrictamente a la voluntad de la persona a quien representa.

 

5. Existe una tendencia mundial hacia modelos de intervención comunitaria, que se alejan cada vez más, y con buenos resultados, de las prácticas de internación psiquiátrica tradicionales, que en algunos casos implican violaciones reales o potenciales de los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial. Por esta razón, es un gran reto incorporar esta tendencia mundial en toda política de salud pública que sea armónica con el desarrollo de la cultura de los derechos humanos.

 

6. Finalmente, hacemos énfasis en que toda legislación o política pública que incida en la salud mental y en los derechos de las personas con discapacidad psicosocial en el Distrito Federal se ciña a los más altos estándares internacionales, en particular, a las disposiciones de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (CDPD) y al Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF).

 

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