Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 113/2010
Pregunta (P): El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia dice que no se acepta ni se rechaza la Recomendación 4/2010, sino que se regresa, ¿esto sienta un mal precedente, siembra impunidad?
Doctor Luis González Placencia (LGP): Sí, desde luego que sí. El problema, según lo hemos analizado nosotros, tiene que ver con un error que se comete en el Tribunal Superior de Justicia enviando la Recomendación al pleno del Tribunal. Naturalmente el pleno del Tribunal no tiene competencia para atender lo que le estamos solicitando. Lo que el pleno debió hacer en nuestra opinión es solicitar al Presidente del Tribunal que se dirigiera al Consejo. Nosotros se la dirigimos a él porque él es el titular, él es quien gobierna el Tribunal Superior de Justicia, y lo que tocaba en todo caso si no estaba de acuerdo con la Recomendación era rechazar; y si estaba de acuerdo con ella era someterla al ámbito en el que se pueden resolver las violaciones a los derechos humanos, que es el ámbito del Consejo de la Judicatura. Pero nosotros nos dirigimos a la cabeza, ya que en este caso estamos hablando de un órgano de gobierno, de un órgano autónomo. Nos dirigimos a la cabeza del órgano autónomo y ya la manera en la que esa persona, quien es el titular del órgano autónomo, administra la Recomendación esa es otra cosa, eso es un asunto interno. Me parece que hay una confusión ahí, en el Tribunal. El problema es que el pleno del Tribunal ahora acuerda regresar la Recomendación. Nosotros estamos haciendo un análisis, esta tarde ya fijaremos postura porque lo que nos importa por sobre todas las cosas es que no se genere impunidad, que no se dilate más el tiempo de respuesta y que las víctimas estén protegidas.
P: Dice el Presidente del Tribunal que aceptar o rechazar la Recomendación desde su punto de vista sería violatorio de la Constitución.
LGP: No, pensamos que es un formalismo extremo. En su persona recaen la titularidad del Tribunal y la titularidad del Consejo, pero hay que recordar que el Consejo es un órgano del Tribunal, entonces a él le corresponde destinar la Recomendación a quien le corresponda.
P: ¿En ese sentido va la postura que van a dar en la tarde?
LGP: Seguramente que sí, vamos a ver cómo resolvemos el problema jurídico que ahora implica que haya un acuerdo del pleno del Tribunal que decide regresar la Recomendación. Seguramente lo que haremos es que vamos a enviársela nuevamente en su calidad de Presidente del Consejo conminándolo a que la acepte.
P: ¿Finalmente la reenviarían?
LGP: La reenviaríamos desde luego y le daríamos un plazo que unilateralmente vamos a fijar para la respuesta, porque lo que nos importa aquí de manera fundamental es que haya una acción que no genere impunidad.
P: Doctor, ¿pero qué lectura le da a esta precisión que pide el Presidente del Tribunal, porque a final de cuentas es una mera formalidad lo que está pidiendo?
LGP: Exactamente, creemos que es un formalismo que no permite entender de manera clara cuál es la función del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal como titular del órgano autónomo encargado de impartir justicia y de controlar al propio Poder Judicial. Hay que recordar que las violaciones las cometen servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia, entonces yo me dirijo al titular de la institución de donde se violan los derechos humanos. Si un policía viola los derechos humanos me dirijo al Secretario de Seguridad Pública, no me dirijo a la Contraloría que es la que sanciona. Entonces francamente pensamos que ahí se cometió un error cuando el Presidente en lugar de simplemente aceptar o rechazar envía al pleno del Tribunal. El pleno del Tribunal con toda razón dice: Yo no soy competente. Suponemos que debió haberlo enviado entonces al Consejo y resolver el tema adentro, de aceptar o rechazar, pero adentro.
P: ¿Usted no cree que es una forma también de disfrazar o más bien de no dar la cara a la problemática que existe?
LGP: Por eso nos preocupa y no queremos repetir nosotros el mismo error. No vamos a caer en un debate sobre formalismos ni nos vamos a poner nosotros formalistas. Entonces si lo que es necesario para que el Tribunal actúe es que dirijamos a la misma persona en funciones de Presidente del Consejo lo vamos a hacer, y esperamos que en función de eso el Tribunal responda, asuma la responsabilidad y efectivamente sanciones o solicite al órgano competente la sanción de los servidores públicos que violaron derechos.
P: ¿Cuándo la entregarían de nuevo?
LGP: Esta tarde.
P: Y mientras, Presidente, siguen los presuntos actos ilícitos en los reclusorios.
LGP: El problema es que por lo pronto lo que sí puedo decir es que hay una situación de impunidad, porque tenemos claridad sobre una personas que es presuntamente responsable de un delito, que hoy por hoy es delito de falsificación de pedimentos, pero que se involucra en lo que nosotros hemos comprobado que es una red de complicidad entre el Tribunal y reclusorios y los internos mismos de reclusorios.
P: ¿Cuántos casos existen ya documentados, señor?
LGP: En este caso nosotros documentamos dos. Una está claramente ya siendo procesada la señora Trujillo por la Procuraduría de Justicia de la ciudad, y está otro caso más que nosotros también documentamos y que es el que ahora está en una situación de indefinición mientras el Tribunal no asuma su responsabilidad.
P: Sobre la Recomendación que se emitió y que tiene que ver con personas que venden libros y revistas. ¿Sobre esto ya hubo una respuesta de parte del Jefe de Gobierno?
LGP: Todavía no. La Recomendación está en el escritorio del Secretario de Gobierno. Él está todavía en tiempo de contestación, entonces, todavía no tenemos una decisión de parte del Jefe de la ciudad en ese sentido.
P: ¿Hubo confirmación de que se violaron las garantías individuales de estas personas para su derecho al trabajo?
LGP: Nosotros pensamos que, dado que se trata de personas que venden libros, es importante garantizar que la divulgación de la cultura no se obstaculice. Fueron retirados del Centro Histórico cuando un Bando, expresamente excluye a quienes venden libros de ser considerados como vendedores ambulantes, entonces, en función de eso es que nosotros pensamos que se violaron sus derechos y ahora esperaremos la respuesta del Gobierno de la ciudad.
P: De la Oficialía Mayor.
LGP: La Oficialía Mayor en términos de la reparación que hay que hacer.
P: De la Recomendación 4/2010 todavía no ha habido respuesta formal por parte del Gobierno ¿verdad?
LGP: Ya, ya la hubo, ya recibimos la respuesta de la Secretaría de Gobierno, aceptando en sus términos la Recomendación.
P: ¿Cuál es su opinión sobre el dictamen que se presentó esta mañana en la Cámara de Diputados en torno a la Seguridad Social de las parejas del mismo sexo?
LGP: No conozco el dictamen, te suplico si eso lo podemos ver en otro momento con mucho gusto. Gracias.
