Transcripción 108/2010

Pregunta (P): Doctor, sobre el tema de trata de personas en las cárceles, ¿no sé si ya han respondido las autoridades la Recomendación 4/2010?

Doctor Luis González Placencia (LGP): Ya. La Secretaría de Gobierno de Gobierno de la ciudad aceptó en todos sus términos la Recomendación. Recibimos la aceptación la semana pasada, así que, bueno, esa es una buena noticia. La Procuraduría y el Tribunal Superior de Justicia todavía no. Están en tiempo. Hasta el 29 de septiembre tienen para responder.

P: ¿Después de esta aceptación que es lo que sigue?

LGP: Bueno, lo que sigue es hacer un trabajo conjunto para desmontar esa red. Como se ha dicho acá en la inauguración del Seminario , no es un tema sencillo, pero creemos que hay todos los elementos para que de manera conjunta la Procuraduría, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario colaboren. Tenemos nombres, tenemos modus operandi, tenemos dinámicas que están verificadas en la Recomendación; así es que pensamos que es posible avanzar por ese camino para desmontar esa red.

P: ¿Pero las autoridades ya aceptaron que es una red?

LGP: Aceptaron la Recomendación las autoridades del Sistema Penitenciario en todos sus términos, no hay ninguna.

P: ¿Pero es aceptar que hay una red?

LGP: Me parece que no hay duda. Me parece que la manera en la que funciona el procedimiento da cuenta de que hay diversos servidores públicos implicados y que eso funciona en red.

P: ¿Cuántos participan más o menos?

LGP: Lo que pasa es que por la naturaleza del problema no está claro si hay una estructura estable. Lo que es estable es el procedimiento. Entonces puede ser inclusive que participen funcionarios distintos, pero eso es una de las características precisamente de la criminalidad organizada: la fungibilidad de los participantes.

P: Doctor, el Procurador insiste en que a pesar de que se documentan estos procedimientos, en particular de la Comisión, como no hay denuncia ratificada por parte de las afectadas a veces pone en duda esta procedencia del delito.

LGP: Bueno, él está asumiendo que todo el origen del problema, desde el punto de vista de la Procuraduría, tendría que partir de la denuncia de las víctimas. Nosotros pensamos que no necesariamente. Es decir, hay una serie de testimonios que efectivamente a él le tocará investigar, pero hay servidores públicos claramente involucrados. Entonces esos servidores públicos son un hilo conductor para investigar, y a partir de ahí se va configurando toda la problemática. Entonces pensamos que con lo que hay es posible proceder y esperamos, realmente esperamos, que la Procuraduría lo haga de esta manera.

P: Doctor, tal parece que la Procuraduría no va a proceder. El Procurador una y otra vez desde que ustedes emitieron la Recomendación insiste en que debe de tener la denuncia, y de que mientras no haya una persona o alguna de las víctimas que denuncie la coacción para ejercer la prostitución ellos no pueden proceder. Ahorita lo acaba de ratificar. ¿Qué procede en este sentido? ¿Qué va a hacer la Comisión?

LGP: Bueno, nosotros primero estamos esperando la respuesta de la Procuraduría, que esperamos que sea positiva porque no tendría mucho sentido que la Secretaría de Gobierno aceptara y la Procuraduría no. Pensamos que es importante que actúen en conjunto. Si hubiera una respuesta negativa de parte de la Procuraduría, supongo que lo primero que tendríamos que hacer es hablar con ellos para motivar que modifiquen su respuesta, y es muy importante que la Procuraduría intervenga porque ellos son a quienes les toca perseguir los delitos. Esos delitos ahí están. Ellos tienen noticia de que los delitos se cometieron y la cuestión está en cómo arman el caso. Para nosotros es fundamental eso: que el Ministerio Público, y eso es parte de lo que la Recomendación dice, asuma la hipótesis de trata, porque si no se van a ir solamente por delitos que no tienen que ver con la trata.

P: Doctor, la Secretaría de Gobierno reconoce ya en todos sus términos que hay una red de trata y de prostitución al interior de los reclusorios, eso por un lado; y por el otro, la Procuraduría no quiere reconocerlo. ¿Qué mensaje es este tan contradictorio?

LGP: Por eso comento que me parece que es muy importante que haya una visión unitaria en el Gobierno de la ciudad. Desde luego lo que le toca a la Procuraduría es perseguir la responsabilidad penal, y entiendo claramente cuáles pueden ser las limitaciones que eso le suponga al Ministerio Público. Pero lo que esperamos es que haya colaboración plena de parte de las autoridades penitenciarias y que la investigación se puede ir por el lado de las declaraciones de los servidores públicos que están involucrados.

P: Doctor, en la Recomendación la investigación se queda a la participación de custodios y de personal administrativo, ¿qué pasa con los jefes de seguridad, con los directivos, con los subdirectores? ¿Tienen responsabilidad? ¿Las ganancias llegan hasta ellos o qué pasa? ¿Cuál es su papel?

LGP: No tenemos elementos para decir que las ganancias llegan hasta ellos, pero desde luego hay una responsabilidad compartida. Todo lo que pasa adentro de la institución penitenciaria es responsabilidad en principio del director de los centros de reclusión, y desde luego también hay una responsabilidad de parte de quien controla, de quien dirige el subsistema penitenciario. Esa responsabilidad, digamos, no tiene que ver o no debe interpretarse de manera directa como participación en la red, pero sabiendo que hay prostitución como lo sabía, sabiendo que hay servidores públicos involucrados, le tocaba a las autoridades del Sistema Penitenciario intervenir. No es aceptable que se haya declarado, por ejemplo, que había prostitución y que esa prostitución se daba de manera consentida por parte de las internas, y que el Sistema Penitenciario no haya hecho nada. Nosotros lo que argumentamos es que aún cuando fuese consentida, las condiciones de reclusión ya implican una situación de vulnerabilidad y una responsabilidad directa de las autoridades penitenciarias para que eso suceda.

P: ¿Flexibilizar los sistemas de salud al interior de los reclusorios facilitaría o disminuiría este tipo de actuaciones?

LGP: Creemos que eso es parte del problema. No se reduce sólo a eso porque tiene que ver con un fenómeno de poder al interior, pero es parte del problema porque efectivamente los requisitos para la visita íntima complican mucho que los internos puedan tener acceso al ejercicio libre de su sexualidad. Eso crea un mercado. Entonces la hipótesis de la Recomendación es que cuando hay una necesidad no satisfecha, el bien que la satisface se convierte en una mercancía redituable.

P: Doctor, ¿pero no hay un riesgo de que esta Recomendación se quede como otras tantas? Tienen una incluso que lleva más de 15 años al Sistema Penitenciario y no se ha subsanado. ¿No existe un riesgo de que se quede en una Recomendación más que no se atienda?

LGP: Sí, el riesgo existe. Yo aquí sí quiero señalar que eso es responsabilidad del Gobierno de la ciudad. Nosotros haremos todo el tiempo las observaciones que sean necesarias, y si es necesario hacer 500 Recomendaciones las vamos a hacer. Lo que esperamos es que la presión que se genera vaya implicando para el Gobierno de la ciudad la toma de acciones que vayan solucionando el problema.

P: Doctor, a raíz de estas denuncias, ¿tienen conocimiento si se sigue ejerciendo este tipo de delito o ya se detuvo?

LGP: Hasta ahora sabemos que desde el momento en que se denunció, en abril de este año, empezó a haber un cambio y aparentemente no se han presentado nuevos casos, por lo menos no tenemos denuncia de nuevos casos.

P: ¿Pero es cuestión de tiempo, doctor?

LGP: Pues si no se interviene. La Recomendación va en un sentido por supuesto de búsqueda de responsabilidades, pero por otro lado también plantea una serie de medidas estructurales que son tan importantes como el tema de las responsabilidades. Entonces si esas medidas estructurales se llevan a cabo es altamente probable que este problema desaparezca.

P: Doctor, la Procuraduría recibe el primer dictamen, las pruebas del caso Coppel, el peritaje del caso Coppel que solicitó la Comisión de Derechos Humanos, no sé si ustedes ya tengan conocimiento de esto, ¿ya les hicieron llegar una copia?

LGP: No, acabo de preguntarle al Procurador en este momento y lo que me dice es que están traduciendo el dictamen que se entregó en portugués, y una vez que lo tengan ya traducido nos lo harán llegar.

P: Comentaba la Procuraduría que se acepta en términos generales, avala nuevamente que El Iván mató a la señora Coppel, que el GERI asesinó a sus otros dos compañeros de una manera culposa y nada más detalla, hace algunos pequeños detalles, con respecto a la manera en cómo se llevó a cabo el operativo. ¿Esto da por subsanado, por satisfecho el punto de la Comisión de Derechos Humanos y daría legitimidad a las indagatorias de la Procuraduría capitalina?

LGP: Tengo que revisar el dictamen primero. Vamos a ver qué es lo que dice. Probablemente hagamos un cotejo con la versión original en portugués para tener certeza, y ya una vez que tengamos claridad sobre lo que dice el dictamen ya nos pronunciaremos.

P: Me interesa esta mención que hace doctor. ¿Puede haber alguna interpretación del portugués al español que le diera un sesgo la Procuraduría capitalina?

LGP: Siempre que se traduce una lengua extranjera existe esa posibilidad. A nosotros nos importa, como controladores que somos de las pruebas que nos dan, irnos a las pruebas originales y naturalmente es importante hacer ese cotejo.

P: Se abre una nueva polémica por lo que acaba usted de mencionar, ¿entonces la copia que le manden al juez tiene que ir avalada por la Comisión de Derechos Humanos o cómo se va a certificar esta situación?

LGP: No, esa solicitud la hace la Comisión precisamente para dar certeza. Ya le tocará a la Procuraduría decidir cómo utiliza dentro del proceso ese dictamen. Por lo pronto el dictamen satisface lo que nosotros le solicitamos, vamos a ver qué es lo que dice ese dictamen y si a partir de ahí se generan otras hipótesis ya le tocaría a la Procuraduría llevarlas al proceso. Gracias.