Boletin 273/2010 Corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno, principio del derecho colectivo a la ciudad, destaca González Placencia

Corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno, principio del derecho colectivo a la ciudad, destaca González Placencia
Boletín 273/2010

14 de septiembre de 2010

El derecho colectivo a la ciudad precisa de la democratización corresponsable ante la toma de decisiones entre el gobierno y la sociedad, señaló el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.

Durante su participación en el XVI Seminario Taller sobre Buenas Prácticas de las Defensorías del Pueblo en el Ámbito Local y en el III Encuentro Internacional de Defensorías Locales Metropolitanas, que se realiza en Montevideo, Uruguay, dijo que «No es posible hablar de democracia ni fundamentar en ella acciones de gobierno que excluyan de su toma de decisiones a los implicados directos e indirectos».

De acuerdo con el Ombudsman capitalino, la nueva relación entre Estado y sociedad posibilita el mejoramiento del nivel de vida a través de la recuperación de las personas como fin de la política pública: de los sujetos vulnerables a las personas con derechos.

Los servicios proporcionados se proveen entonces como derechos (agua, energía, ambiente), y al igual que el abatimiento de las situaciones de riesgo, vulnerabilidad o discriminación, son vistas como necesidades de procuración de los derechos a la accesibilidad, vivienda, trabajo, salud y equidad.

En su Conferencia Magistral «Nuevas realidades, nuevos derechos, nuevos desafíos», explicó que el derecho a la ciudad supone el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana en el más alto nivel posible.

En ese esfuerzo, agregó, es necesario que la administración pública garantice información proactiva, en un lenguaje asequible; mecanismos de consulta adecuados, y ponderar intereses, beneficios y afectaciones.

Y es que, de acuerdo con González Placencia, en una ciudad incluyente, la esfera gubernamental  debe asegurar el acceso igualitario al suelo, los recursos naturales, los bienes y servicios y equipamientos urbanos procurando reducir la segregación económica, social, espacial y étnica.

Desde una perspectiva de derechos, advirtió, es prioritaria «la construcción de un paradigma de gestión y planeación más eficiente, más humano y receptivo al colocar en términos cualitativos  y en primer plano la dignidad de las personas como finalidad y razón de ser de la administración pública».

En ese sentido, destacó que el papel de los Organismos Públicos de Protección de Derechos Humanos tienen una función central en el diseño de las políticas públicas, con el fin de maximizar la protección y satisfacción de los derechos fundamentales.

En la Mesa 2 del Encuentro y del Seminario , la Consejal de la Defensoría del Pueblo de Perú, Yolanda Falcón, habló sobre las prácticas de transparencia y las buenas prácticas de los gobiernos de la región.

Analizó en general cuáles serían las buenas prácticas de los gobiernos de la región en materia de transparencia y rendición de cuentas, utilizando los portales de internet.

En tanto, la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, explicó cómo se lleva a cabo la defensa de la ciudadanía y qué tipo de acciones llevan a cabo en materia de promoción, como, por ejemplo, su vinculación con jóvenes universitarios a través de convenios con instituciones educativas.

Dijo que la mediación es un instrumento al que buscan acudir para poder resolver un conflicto en defensa de la o el ciudadano. Como facilitador de diálogo, busca soluciones prontas en beneficio de quien presenta un reclamo.

Por su parte, Marianella Fernández Villa,  de la Defensoría del Vecino de Uruguay, habló del proceso de integración de la Defensoría del Vecino, y sus acciones en defensa de la ciudadanía, certificando el trabajo de los consejales vecinales.

Fernando Rodríguez , Defensor del Vecino de Uruguay,  fungió como moderador.