Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Complicado instaurar el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en el país: LGP
Boletín 269/2010
11 de septiembre de 2010
El Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, señaló que la historia posterior a la reforma al Artículo 18 de la Constitución de 2005, que dio inicio al proceso nacional para establecer el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, es de incertidumbre, «porque cada estado la entendió como quiso, legisló como quiso y eso ha generado una complicación de la mayor relevancia en el país».
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) habló en la presentación del libro La construcción de un sistema de justicia integral para adolescentes , del Consejero de la Judicatura del Distrito Federal, Israel Alvarado Martínez.
«En el libro se pone de relieve la falta de criterios estandarizados que han llevado a que la implementación del sistema integral de justicia para adolescentes en los estados, y en el Distrito Federal, sea tan variada que tiene por consecuencia no brindar certeza acerca de las medidas a imponer y de las autoridades que conocerán de cierto tipo de los delitos, sobre todo los del fuero federal», dijo.
Refirió que el espíritu de tal reforma fue que, partiendo del principio de mínima intervención del derecho penal, se desarrollara una responsabilidad jurídica a las y los adolescentes, a través de un procedimiento de naturaleza sancionadora, que observe todas las garantías procesales y la ejecución derivadas de la Constitución. Para lo cual se consideró vital la creación de una jurisdicción penal especializada en adolescentes que les reconoce como sujetos de derechos y responsabilidades.
«Esa reforma fue pensada y tuvo como resultado además, el derribamiento de muchos de los dogmas que existen sobre la justicia para adolescentes; hasta antes de esa reforma todavía se planteaba que, el que estuvieran los niños, niñas y adolescentes fuera del derecho penal, era una virtud, y que eso se había pensado en función de la protección de ese sector de la infancia», apuntó.
González Placencia indicó que la reforma y todo lo que incide en ella, dan cuenta de que este fue un gran error porque en realidad extrajo del ámbito de protección de las garantías penales a niños, niñas y adolescentes, y con eso se derribó el dogma de la inimputabilidad en los adolescentes y la idea de que era necesario tenerlos lejos del derecho penal.
Explicó que lo que esa reforma motivaba, aunque no se dijo con todas sus letras en el texto constitucional, era la creación de un Sistema Penal para adolescentes. «En el 2005 la influencia que se tenía de la criminología clínica generaba este temor a llamarle a las cosas por su nombre y a decir claramente que los jóvenes cometen delitos y que como actores activos en la comisión de un delito tenían que ser tratados desde la perspectiva del derecho penal».
El Presidente de la CDHDF dijo que la construcción de este nuevo sistema de justicia es una tarea de la mayor importancia para todo el sistema de justicia mexicano, debido a que involucra un cambio de paradigma en la concepción del adolescente como sujeto de responsabilidades y derechos e implica una transformación en la forma de llevar el proceso.
Por su parte el Procurador General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Miguel Ángel Mancera, comentó que uno de los problemas que se vienen arrastrando desde que se hizo la Reforma es que, como sucede en varios casos, «se plantean las leyes, pero no van acompañadas de un estudio financiero».
En este caso, recalcó, cuando en el Distrito Federal se recibieron las instalaciones (de los tutelares) se dieron cuenta que había muchas carencias, que estaban en un nuevo sistema y había que entender que era un tratamiento diferente, que era una nueva idea y orientación en las formas de justicia.
Llamó la atención en que hay que replantear los tratamientos que se están aplicando, porque no están siendo suficientemente efectivos, «porque no es sólo un tema de garantías de los adolescentes, sino de replantear desde experiencias exitosas de otros países, para advertir cómo es que el adolescente no volverá a caer en las mismas conductas».
Mencionó que se requieren programas de prevención, porque el margen en donde se comenten los delitos por los adolescentes está en mayor concentración entre los 15 y los 17 años, y entre los 16 y 17 años es donde se tienen las conductas más severas.
A su vez, El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar, dijo que la justicia para adolescentes es un tema complejo que no puede mirarse de reojo, no puede ser un tema que la comunidad postergue, pues los efectos están a la vista y las consecuencias pueden ser alarmantes.
«La infracción penal de un joven no es sino una bofetada a la sociedad entera, todos vamos en la responsabilidad de esa tan temprana desviación de los comportamientos infantiles y juveniles, los cuales no surgen por generación espontánea, ni nadie nace infractor o delincuente, son manifestaciones reprobadas que han sido aprendidas en el seno social mismo», afirmó.
Estuvieron presentes también, además del autor, el Diputado Alejandro Carvajal González, y la Directora del Instituto de Estudios Judiciales del TSJDF, Ángela Quiroga.
