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Boletín 263/2010 Hacen autoridades una ecuación equivocada al plantear que a mayor número de personas en la cárcel, menor número de delitos: CDHDF

Hacen autoridades una ecuación equivocada al plantear que a mayor número de personas en la cárcel, menor número de delitos: CDHDF
Boletín 263/2010

7 de septiembre de 2010

 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, expresó la necesidad de analizar a fondo si privar de la libertad tiene todavía sentido y si este castigo es el que se tiene que privilegiar en el Siglo XXI.

 

Al participar en el foro «Violar la Presunción de Inocencia, ¿Cuánto nos Cuesta? Insumos para un México con Justicia», organizado por el Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C., la asociación Renace, A.C., y el Proyecto Presunción de Inocencia en México, aseveró que el sistema penal del país es altamente costoso, no sólo económico, sino social, ya que es una de las principales fuentes de la criminalidad.

 

«En lo que se supone que debería ser el remedio a la criminalidad se vuelve el caldo de cultivo para la aparición de nuevos delitos, de nuevas formas de delinquir, con riesgos muy importantes a la vida y a la integridad de la personas», subrayó.

 

Desafortunadamente, dijo, todavía hoy en el país y en la ciudad de México la privación de la libertad sigue siendo la más importante respuesta del sistema penal, aunque «se puede decir con toda claridad que genera muchísimos más problemas de los que resuelve».

 

Señaló que de acuerdo con datos del especialista Guillermo Zepeda Lecuona, en promedio el uso de la prisión preventiva en México cuesta alrededor de 9 mil 750 millones de pesos anuales; lo que equivale al 62% del gasto general destinado al tema de la seguridad y 28% del fondo del Programa Oportunidades.

 

Agregó que las personas privadas de su libertad de manera preventiva en su mayoría han cometido delitos patrimoniales de baja cuantía y de bajo impacto social; oscilan entre los 16 y los 31 años y sus condiciones socioeconómicas los limitan a acceder al beneficio de libertad bajo caución.

 

El Ombudsman capitalino lamentó que se esté encarcelando a jóvenes, por lo que exhortó a reflexionar sobre este hecho. «Estamos metiendo a las cárceles a nuestros jóvenes. No se trata de una actitud que exculpe a nadie, se trata simplemente de la reflexión que tenemos que hacer en torno a qué está haciendo mal el Estado mexicano para que sus jóvenes estén dedicándose a la criminalidad», recalcó.

 

Apuntó que las autoridades hacen una ecuación equivocada al plantear que a mayor número de personas en la cárcel menor número de delitos afuera, cuando el problema es que la medición de los delitos está relacionada con las denuncias ante el Ministerio Público.

 

«Probablemente podría haber una relación que dijera que a mayor número de personas en prisión menor número de denuncias, pero eso no significa que en efecto se estén cometiendo menos delitos, y los datos que se tienen demuestra una realidad totalmente diferente», subrayó.

 

El Presidente de la CDHDF dijo que no es verdad la excusa de que la prisión preventiva se usa de manera privilegiada para personas peligrosas, categoría ya de suyo con complicaciones desde la perspectiva de los derechos humanos, porque nadie ha demostrado que sea posible medir lo que los criminólogos llamaban desde hace mucho tiempopeligrosidad.

 

Señaló que en el Distrito Federal la reforma de 2003 al Código Penal generó una gran cantidad de personas privadas de la libertad, tanto en prisión preventiva como después en condena.

 

«El sistema penal actual genera muchísimos más problemas de los que se supone que debería de resolver», reiteró el Presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, al comentar las publicaciones «¿Cuánto cuesta la prisión sin condena? Costos económicos y sociales de la prisión preventiva en México»; «Los mitos de la prisión preventiva en México»; «Estudio sobre prisión preventiva en Nuevo León»; y «Programas de medidas cautelares, expresiones para equilibrar la presunción de inocencia y seguridad ciudadana», del Proyecto de Presunción de Inocencia en México de Open Society Justice Initiative.

 

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