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99/2010 Foro «Hacia una Política de Salud Mental en el Distrito Federal», organizado por la ALDF.

Entrevista al Presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, en el Foro «Hacia una Política de Salud Mental en el Distrito Federal», organizado por la ALDF.
Transcripción 99/2010
11 de agosto de 2010

Pregunta (P): Doctor, ¿cómo debe ser la Ley de Salud para la gente con enfermedades mentales?

Doctor Luis González Placencia (LGP): Bueno, el primer tema es que tiene que ser una ley incluyente, tiene que ser una ley que no estigmatice, una ley que no patologice, sino que tenga en cuenta no solamente aquellas enfermedades que son clásicas, las grandes esquizofrenias, la psicosis, sino de manera particular los padecimientos que todas y todos tenemos todos los días de nuestra vida con motivo del estrés, y con motivo de las condiciones en las que habitamos en una ciudad como ésta. Entonces tiene que ser inclusiva, tiene que tener un enfoque preventivo de manera muy señalada, y absolutamente respetuosa de los derechos de las personas que tienen algún tipo de discapacidad psicosocial.

P: ¿Cuáles son los derechos que más comúnmente son violados en estas personas?

LGP: Pues desafortunadamente tenemos casos, por ejemplo, en los pacientes que están recluidos por alguna razón tanto en las prisiones como en los hospitales psiquiátricos; actitudes en las que los ignoran; situaciones en las que los violentan, los golpean, en fin; y hay otro tema que es un poco más sutil, pero que tiene que ver, por ejemplo, con el suministro de medicamentos son autorización de las personas, particularmente cuando las personas no pueden expresar su voluntad para tomarlos. Entonces todos esos aspectos generan violación a los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial.

P: Doctor, ¿y qué hay acerca del Centro de Reclusión para Personas con Enfermedades Mentales? ¿Qué tipo de quejas ustedes reciben, sabemos que también falta persona? ¿Qué es lo que se sabe?

LGP: Claro, ahí se mezclan tanto las quejas que son como las comunes en los centros penitenciarios, con estas otras actitudes, digamos, de violencia institucional frente a las personas que están recluidas por algún tipo de inimputabilidad. Nosotros pensamos que ahí es importante revisar este criterio de inimputabilidad porque hay una contradicción: si la persona es declarada inimputable entonces no debería de ser responsable, eso implicaría un tratamiento distinto al de la prisión; sin embargo, tradicionalmente se les ha visto como una especie de responsables distintos a quienes tienen responsabilidad penal, y se les somete a reglas distintas a las que tiene derecho cualquier persona que es acusada de cometer un delito. Eso los pone en desventaja.

P: ¿Aunque hayan cometido homicidios, doctor?

LGP: Sí aunque hayan cometido homicidios. O sea, si es posible argumentar que hay alguna circunstancia de inimputabilidad, por lo menos tendrían que tener los mismos derechos que tiene cualquier persona considerada imputable.

P: Doctor, ¿y ahí también se les estarían dando medicamentos sin su consentimiento?

LGP: Es posible, no tenemos quejas relacionadas con el tema, pero esa posibilidad existe desde luego. El que no tengamos quejas no significa que no pase.

P: Doctor, en otro tema, ayer se reunieron con vecinos afectados por la Supervía, ¿a qué solución llegaron?

LGP: Fue una primera reunión, estamos buscando que en el ámbito de la competencia de la Comisión podamos resolver el problema por la vía de la conciliación. Nosotros tenemos una queja formal de los vecinos, y ayer se plantearon algunas de las demandas del movimiento frente a las autoridades. Las autoridades están haciendo las consultas respectivas, entonces vamos a ver cómo se va dando este proceso.

P: ¿Pero qué tan conciliable puede ser porque evidentemente las posturas están marcadas y son irreversibles?

LGP: Sí, bueno, precisamente la certeza que cada parte tiene de que sus argumentos son más válidos es la que nos da el espacio para que esto se someta a la discusión. Entonces sí hay buena disposición de parte del Gobierno de la ciudad para que los argumentos se debatan. Existe la posibilidad de que haya avenencia. Digamos que hay un espacio que es el que hemos querido aprovechar, por una parte la disposición que presentó el Jefe de Gobierno la semana pasada, cuando dijo que estaba abierto a escuchar alternativas; y por otra parte, lo que han dicho los vecinos en el sentido de que su negativa no tiene que ver con una posición absoluta, sino más bien con la ausencia de información y con la presencia de otra serie de violaciones que ellos han planteado.

P: ¿Cómo se dio la reunión, doctor, fue en buenos términos o estuvo ríspida, hubo jaloneos?

LGP: No, se dio en buenos términos, como es natural. Estamos hablando de dos partes que están en tensión, pero la actitud tanto de los vecinos, que los vecinos fueron muy respetuosos, realmente con una posición muy moderada; de parte del Gobierno hubo la disposición para escuchar, y lo que esperamos es que este diálogo se reanude pronto.

P: ¿Pero cómo tomaron los vecinos esto de que el Gobierno no paró la obra mientras se lleva a cabo este diálogo?

LGP: Esto es uno de los irreductibles. El Gobierno de la ciudad ha planteado que tienen que seguir adelante, entre otras razones porque no está en sus manos, ese fue el argumento que se presentó. Los ciudadanos consideran que es muy importante que se dé una muestra de confianza por parte del Gobierno de la ciudad, y lo que ellos anotan como fundamental es que se detengan las obras. Quizás ese es el punto más complicado, y el Secretario de Gobierno se llevó el tema para plantearlo ante el Jefe de Gobierno y a su vez los vecinos para plantearlo en sus asambleas.

P: ¿Eso es lo que podría truncar el diálogo entonces, doctor?

LGP: Eventualmente sí, no hay que olvidar que el proceso está digamos encaminado en una queja que está investigando la Comisión. Entonces no son procesos incompatibles, pero aunque el diálogo se rompiera desde luego la investigación de la Comisión seguiría.

P: Doctor, ¿no es un doble discurso que por un lado estén ofreciendo un diálogo con ustedes de intermediario, y por otra la obras sigan en pie? ¿No es la ley del garrote , que por un lado ofrecen diálogo y por el otro les están dando?

LGP: Bueno, no hay que olvidar que este diálogo que se está dando es parte del proceso de conciliación que la Comisión lleva adelante como parte de la investigación de la queja. O sea, la Comisión no está en la posición de buena samaritana tratando de avenir a las partes. Es decir, nosotros tenemos nuestra investigación. Es facultad de la Comisión, en este caso ha sido más notorio, pero lo hacemos en todos los casos, primero tratar de encontrar mecanismos de solución que no nos lleven a consecuencias mayores, y eso es lo que estamos haciendo.

P: ¿Y siguen del lado de los vecinos?

LGP: Sí, naturalmente.

P: ¿Pero tal parece que nada más está ganando tiempo con esto de la mesa de diálogo, es un paliativo para los vecinos porque las obras avanza, y si bien, usted lo acaba de mencionar, su papel no es de intermediarios, pero es lo que están haciendo, es de defensores de los afectados?

LGP: Todas estas mesas forman parte de la evidencia que nosotros usamos para la investigación. Entonces, independientemente del conflicto eso es obligación nuestra hacerlo. Si el diálogo se rompiera nosotros seguiríamos por otras vías allegándonos de información. Digamos, una cosa no obsta para la otra, y hay plena conciencia en las partes de cómo está la situación afuera.

P: ¿Si llegan a un acuerdo qué va a pasar con las investigaciones que ustedes llevan?

LGP: Nosotros tenemos las facultades para declarar como resuelto durante el trámite el asunto, pero eso depende desde luego de que nuestros peticionarios y peticionarias estén de acuerdo.

P: ¿Cuándo espera que responda el Gobierno y saber primero si lo que están esperando es si el Gobierno acepta parar la obra o no?

LGP: Bueno, esperaríamos una respuesta el día de hoy.

P: ¿Y eso va en lo de si para la obra mientras se lleva a cabo el diálogo?

LGP: Ese fue el planteamiento que se llevó el Secretario de Gobierno y esperamos que haya una respuesta en ese sentido.

P: Doctor, ¿su opinión sobre la discusión de la Corte en torno a las adopciones, después de que validó a nivel nacional las bodas?

LGP: Bueno, creemos que el tema de la resolución de la Corte es un signo muy interesante de cómo ha avanzado el criterio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una perspectiva de derechos, claramente con una perspectiva de derechos. No nos sorprende la resolución, al contrario la saludamos, pensamos que era esperable que así fuera, y también esperábamos que en el tema de la adopción hubiera mayor discusión. No tengo claridad si ya hay una resolución, pero lo que creemos es que así como en los dos temas anteriores, en este tampoco hay ningún argumento jurídico que implique la imposibilidad de una pareja del mismo sexo de adoptar.

P: ¿Tendría entonces que prevalecer ese carácter jurídico y no la propuesta o mejor dicho la postura de que porque la sociedad todavía no está preparada para poder defender una adopción por pareja de homosexuales, pudiera aprobarse ese principio?

LGP: Son dos argumentos que no están contrapuestos. Tiene que prevalecer aquí el criterio jurídico, que es un criterio de derechos, que además está en función del interés superior de la infancia. Por otro lado, está el problema de la supuesta no preparación de la sociedad y ese hay que atacarlo de cualquier manera por otras vías, es decir, a través de la educación, del cambio cultural, pero eso no puede ser un obstáculo para que se impida el ejercicio de un derecho. Gracias.