Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 102/2010
Pregunta (P): Preguntarle sobre el uso de la fuerza en la ciudad de México, en donde ha habido opiniones, sobre todo por ejemplo ayer del Secretario de Seguridad Pública, Manuel Mondragón, que aseguraba que es necesario el uso de las armas no letales como el agua, la balas de goma y todo eso, ¿la Comisión qué posición puede tener al respecto?
Doctor Luis González Placencia (LGP): Bueno, en múltiples ocasiones nosotros nos hemos decantado por la necesidad de utilizar en primer lugar armas no letales y solamente en última instancia armas que puedan poner en riesgo la vida. Ahora, aquí el tema de fondo tiene que ver con la proporcionalidad. Es decir, si la agresión que se enfrenta puede ser combatida, digamos, sin uso de armas, eso es lo que siempre preferiremos. Si la agresión va incrementándose, primero está el uso de armas no letales y sólo en última instancia el uso de armas que pongan en riesgo la vida.
P: ¿Qué tan cierto es que no hay una normatividad para legitimar a las Fuerzas Armadas?
LGP: No, yo creo que hay muchísima. O sea, lo que sobra en este tema son normas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Me parece que el punto clave está en la capacitación de las policías y por supuesto también de las Fuerzas Armadas cuando hacen funciones de policía. Es ahí en donde no se ha logrado un equilibrio que les permita a ellos saber que utilizar la fuerza es una atribución que tienen, que no utilizarla en casos en los que deben utilizarla también es una violación a los derechos humanos, y que por lo tanto no se puede argumentar el no uso de la fuerza por temor a una observación o a una Recomendación de alguna Comisión de Derechos Humanos. Esa es una atribución que tienen y que deben de utilizarla.
P: Esta guerra de declaraciones entre Marcelo Ebrard y el Cardenal Juan Sandoval Iñiguez, ¿qué opina de ello?
LGP: Bueno, en principio diría que está muy bien, que más allá del debate que se ha dado mediático, se dé a través de un mecanismo jurídico como ya lo hizo el Gobierno de la ciudad. Coincidimos plenamente, aunque desde luego cualquier persona y por supuesto los jerarcas de la Iglesia Católica pueden expresar su opinión y su desacuerdo, no tenemos duda, esto tiene que hacerse en los límites del respeto por las demás personas. En este caso creo que la acusación que hace el Cardenal se excede. Él está haciendo una declaración que pone en duda la integridad del Máximo Tribunal de Justicia que tenemos en el país. A mí eso me parece muy grave porque es una de las instituciones que se ha ganado el respeto de la ciudadanía y plantearlo en los términos en los que él lo planteó, utilizando el término que utilizó, me parece absolutamente desafortunado. Entonces, la verdad es que saludamos la decisión del Gobierno de la ciudad de entablar una demanda y esperamos que esta prospere.
P: ¿Es un triunfo la decisión de la Corte?
LGP: Naturalmente que sí es un triunfo porque primero no daña a nadie. Esa es una cosa en la que la Iglesia Católica no ha reparado. Lo que estamos haciendo es ampliar derechos, primero para la gente del Distrito Federal. Gracias a la acción de constitucionalidad esos derechos ahora pueden ser reconocidos en todo el país, lo cual me parece un logro y un avance democrático muy importante; y enseguida el tema de las adopciones, que había generado también muchísima polémica. Yo creo que no deja duda la decisión de nueve a dos en la Corte de la certeza que hay, que había desde el principio en el legislador en el Distrito Federal, de que estábamos hablando de reformas perfectamente constitucionales.
P: ¿Se esperaba un enfrentamiento entre el Gobierno del Distrito Federal y la Iglesia Católica por estas iniciativas.?
LGP: Era esperable la reacción de la Iglesia Católica. Lo que no era esperable, y desde luego ni es aceptable, insisto, es la manera en la que especialmente el Cardenal Sandoval Iñiguez lo hizo, pero tampoco creo que debamos de sobredimensionar el tema en términos de los desacuerdos que puede haber en ese o en otros sectores más conservadores del país. Yo creo que más bien lo que hay que hacer es trabajar para que podamos construir sociedades que respeten la diferencia, que sean susceptibles de aceptar estos cambios como cambios democráticos, que no afrentan a nadie, y pasar la página y dejar que por la vía jurídica se resuelva el tema.
P: Doctor, sobre el tema que viene a tocar ahora, sobre el uso de la fuerza pública, ¿la Comisión de Derechos Humanos ha tenido quejas por el abuso y uso de la fuerza pública?
LGP: Desde luego uno de los principales problemas que tenemos desde la perspectiva de derechos humanos con la función policial tiene que ver con los excesos en el uso de la fuerza. Aunque existen normas a nivel nacional e internacional que son muy claras el problema aquí es que la capacitación que reciben los policías no les permite discernir en el momento cuándo están haciendo un uso agresivo de la fuerza. Tenemos desde luego casos en los que es evidente que se ha actuado abusivamente, desproporcionadamente, esos casos son muy claros, pero los que nos preocupan más son los casos límite. Casos en los que el policía tiene que decidir entre defender su propia vida o la de alguien más y poner en riesgo la vida de una persona que está siendo en ese momento considerada como delincuente. De eso se trata el Foro y esperemos que haya resultados interesantes.
P: Doctor, hoy el tema ha sido que el Ejército permanezca en las calles mientras no se gane la batalla frente contra la delincuencia, y que las policías municipales están completamente rebasadas, ¿qué opina de eso?
LGP: Entendemos claramente cuáles son las razones por las cuales el Ejército y la Marina eventualmente están haciendo estas funciones, lo que no aceptamos es que eso se realice en un régimen de excepción. No es posible que estemos aplicando un régimen para el Ejército y la Marina, que debería de usarse en situación de guerra, cuando éstas están realizando funciones de policía. En estos casos la Marina y el Ejército tendrían también que ajustar su comportamiento y las consecuencias de su comportamiento al régimen civil. Eso por supuesto implica una revisión del tema del fuero militar. Yo creo que la discusión tendríamos que darla en ese punto. Si el Gobierno Federal asume que es necesario utilizar al Ejército y a la Marina me parece que debe de abrir también la discusión en el sentido de cómo lidiar con las consecuencias de actos que son abusivos por parte del Ejército y la Marina desde la perspectiva civil.
P: ¿Entonces usted estaría a favor o en contra de la policía única?
LGP: Creo que ese es un debate que hay que dar todavía. Me parece que hay argumentos a través de los cuales se ha planteado que una policía única puede evitar actos de corrupción en otros niveles. Tenemos casos de policías municipales muy efectivas, tenemos casos de policías locales que funcionan también muy bien. No estoy tan seguro de que sea una solución eficiente; sin embargo, estamos abiertos a dialogar y a escuchar argumentos que permitan tomar una posición más ponderada.
P: ¿Cuántas quejas por el uso de la fuerza hay aquí en el Distrito Federal?
LGP: No tengo un dato ahorita preciso, se los puedo hacer llegar después, pero la mayor parte de las quejas que tenemos de policías respecto de ciudadanos tienen que ver con algún tipo de uso de fuerza.
P: Doctor, se supone que hay que normativizar el uso de la fuerza, ¿qué tanto funciona o no funciona?
LGP: Bueno, como decía, existe ese manual, existen varios instrumentos internacionales, aquí el tema es que no se aplica, ese es el verdadero problema. Gracias.
