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Boletín 238/2010 La Ley de Justicia para Adolescentes ha dejado mucho que desear

La Ley de Justicia para Adolescentes ha dejado mucho que desear 
Boletín 238/2010

19 de agosto de 2010

 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, sostuvo que a dos años de la implementación de la Ley de Justicia para Adolescentes, ésta ha dejado mucho que desear, debido a que ha producido una gran cantidad de internamientos de jóvenes, contrariamente a lo que el espíritu de la reforma constitucional planteaba.

 

Al participar en la inauguración del «Foro Internacional: La Justicia para Adolescentes y Medidas en Libertad», en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), aseguró que hoy en día la juventud vive en un contexto complicado, porque enfrenta un ambiente hostil y de altísima violencia.

 

«Tenemos noticias todos los días de la incorporación de jóvenes a la delincuencia organizada; sabemos de la situación de muchos de ellos que no tienen opciones para estudiar, para trabajar, y desafortunadamente es ahí donde se construye la clientela del sistema de justicia para adolescentes», indicó.

 

Ante este contexto, exhortó al Gobierno del Distrito Federal (GDF) a asumir los retos que le presenta el sistema de justicia para adolescentes para producir cambios que tengan efectos afuera de él, porque «se sigue atrapado en la paradoja de tratar de reinsertar a la juventud precisamente encerrándolos».

 

El Ombudsman capitalino afirmó que las autoridades aún no logran superar la visión asistencialista y tutelarista que impregnan las políticas públicas para la juventud en el país y en la capital.

 

Calificó como una incongruencia que haya avances democráticos en algunas áreas y se tengan sistemas penales del Siglo XIX.

 

«Tengo la firme convicción de que el avance que se logre en el tema de adolescentes seguramente se reflejará después en la justicia penal de adultos, que también es un desastre», comentó.

 

Por su parte, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, resaltó que su administración ha realizado inversiones y políticas dirigidas a las y los jóvenes sin precedentes.

 

«Tenemos más o menos 230 mil jóvenes de educación media superior con becas, lo que permitió que la tasa de deserción escolar en la ciudad bajara del 22% a un poco menos del 6%».

 

Detalló que sólo tres de cada 10 jóvenes del país alcanzan a estar incluidos en el sistema educativo, por lo que expresó que las políticas públicas del país deben ir hacia la inclusión de las y los jóvenes al sector educativo y no a inyectarle recursos a la seguridad pública.

 

A su vez, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, admitió que el encierro institucional es una acción que se ha utilizado de más en los casos justiciables. «Hemos abusado de esa medida radical y de extremo y no se pueden presentar resultados alentadores», aceptó.

 

Comentó que en todo el mundo la prisión está en crisis, por lo que se deben encontrar medios alternativos que den verdaderas respuestas del poder público ante la infracción penal.

 

Por lo anterior, se pronunció por impulsar y favorecer la reintegración social de las y los adolescentes, pues «la infracción penal de un joven no es sino una bofetada a la sociedad entera».

 

En su oportunidad, la Representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, Susana Sottoli, expresó la necesidad de promover la reintegración social y familiar de las y los adolescentes que resulten responsables de la comisión de un delito, fortaleciendo el respeto por los derechos humanos de los demás.

 

Apuntó que Latinoamérica atraviesa por momentos difíciles por los altos índices de violencia y criminalidad, que hacen propicia la tentación de recurrir a políticas represivas o de mano dura que lejos de contribuir a alcanzar soluciones refuerzan la criminalización y estigmatización que pesa sobre las y los adolescentes.

 

Por ello, dijo, es urgente impulsar iniciativas dirigidas a generar mejores condiciones de vida y oportunidades de desarrollo para adolescentes, mediante el diseño e implementación de políticas públicas integrales con enfoque de derechos.

 

En tanto, el Presidente de la Fundación Mexicana de Reintegración Social, REINTEGRA, AC, Carlos Pérez Verdía, llamó al Gobierno de la ciudad de México a reconvertir las unidades especializadas de mujeres y hombres, en especial la Comunidad para Adolescentes de San Fernando, en instituciones modelos.

 

Además, propuso impulsar la participación obligatoria de los padres de familia en las labores de prevención y rehabilitación de sus hijas e hijos en conflicto con la ley. «No sobra reafirmar que el éxito y fracaso futuro de la juventud está en la salud familiar, apoyémosla integralmente», subrayó.

 

Mientras tanto, el Vicepresidente de Américas Defensa de Niñas y Niños Internacional, Marcos Guillén, aseguró que en América Latina hay una tendencia hacia la criminalización de la juventud, la cual se refleja en el aumento de proyectos inclinados a bajar la edad penal y a disminuir sus garantías y derechos.

 

Advirtió que esta visión reducida afecta la posibilidad de mediano y largo plazo de conformar sociedades integradas y democráticas, en la que cada uno de los sectores se pueda pensar integrado entre el Estado y la sociedad civil.

 

En la inauguración del «Foro Internacional: La Justicia para Adolescentes y Medidas en Libertad» estuvieron presentes el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa; la Diputada local, Abril Jannette Trujillo Vázquez; y el Director General de la Fundación Mexicana de Reintegración Social, REINTEGRA, AC, Francisco Castellanos García.

 

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