Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Termina Santiago Corcuera mandatos en el Sistema de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
Boletin 213/2010
1 de agosto de 2010
Un manto de sospecha se levanta sobre autoridades locales y federal, sentenció el Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Santiago Corcuera Cabezut, al referirse a “los hechos que se venían sucediendo en el Centro de Readaptación Social (CERESO) en Gómez Palacio, Durango”.
El hasta ayer miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, conformado por cinco expertos, dijo que “La información que estamos teniendo recientemente en nuestro país levanta un manto terrible de sospecha sobre las autoridades estatales y federales”.
Al condenar los hechos que se conocieron recientemente en Gómez Palacio, agregó que: «El Estado negó su participación en los casos de desaparición forzada y luego, pues cómo que no, resulta que estaba involucrado, tolerando y a veces planeando estos operativos”.
Corcuera Cabezut dijo que por casos en los que se ha comprobado la participación directa o de colusión de agentes del Estado: “Para vergüenza nuestra, en los últimos informes del Grupo de Trabajo, en México se registró el aumento en el número de desapariciones forzadas”.
“Lo de Durango es algo verdaderamente escandaloso, porque muestra actividades patrocinadas, cuidadas y consentidas por autoridades; algo verdaderamente inaceptable en un país democrático. Es muestra del deterioro que, por desgracia, este país ha sufrido en los últimos cuatro años”.
De acuerdo con la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, emitida por Naciones Unidas en 1992, éstas deben entenderse como el arresto, detención o traslado de las personas en contra de su voluntad.
Asimismo, cuando las personas son privadas de su libertad por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel o por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.
En este contexto, advirtió, “Nos estamos dando cuenta de que hay absoluto contubernio y aquiescencia de las autoridades con los que realizan materialmente las desapariciones. Es verdaderamente alarmante que autoridades mexicanas se presten para la realización de estos crímenes”.
Dijo que el Grupo de Trabajo al que perteneció desde agosto de 2004 y hasta el 31 de julio de este año, tendría que visitar México en un corto plazo, así como presentar las respectivas recomendaciones para superar las desapariciones y ejecuciones que se han realizado con la aquiescencia del Estado
Adelantó que cualquier país que registre desapariciones forzadas o secuestros, ya sea a manos del Estado o de la delincuencia, debe contar con un plan de acción inmediata, tanto para la búsqueda como para el resarcimiento de las víctimas: “México tendría que tenerlo inmediatamente ya”.
Corcuera Cabezut concluyó sus actividades dentro del Sistema de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, a través del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, para el que fue electo por dos períodos consecutivos y en los últimos tres fungió como Presidente.
Su labor en el Grupo consistió en actuar como canal de comunicación entre los Estados, a través de sus respectivos gobiernos, y los familiares de las víctimas directas de desapariciones forzadas o involuntarias, con el fin de obtener información sobre su paradero.
Otra labor que compartió con el resto de los miembros del Grupo fue la vigilancia sobre el cumplimiento por parte de los Estados de la Declaración para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, que emitió Naciones Unidas en 1992.
Al respecto, el Consejero de la CDHDF llevó adelante misiones de observación y acopio de información en Colombia, Guatemala, Argentina, El Salvador, Honduras y Marruecos.
Dichas misiones, mencionó, son de las experiencias más desafiantes para un Relator: “En cada país hay que entrevistarse con las autoridades, pero también con las familias y seres queridos de las víctimas, que es una parte mucho más emotiva y estrujante, porque se nota el terrible sufrimiento de la desaparición forzada, que es una verdadera tortura. Uno se acerca con la esperanza de poder contribuir en algo”.
De acuerdo con su experiencia, ninguna región del mundo se salva de la práctica de la desaparición forzada: se observa en varias zonas de África, Asia, en Europa incluso y, por supuesto, en América Latina.
Al respecto, destacó que, aunque se tienen registradas desapariciones forzadas en los diversos países de Latinoamérica, en Colombia es donde se tiene ubicado el mayor número de este tipo de delitos, sobre todo en los últimos años.
Señaló que la actitud de los Estados es muy variable: “Hay gobiernos muy cínicos, oyen las recomendaciones y las ignoran; otros sí se preocupan y tratar de poner en marcha las recomendaciones. A los funcionarios de los gobiernos no les gusta que alguien investigue los actos que se les atribuyen, es muy vergonzoso, porque es de los peores crímenes que el Derecho Internacional contempla”.
Dijo también que el Grupo de Trabajo se pronunció ya sobre las “rendiciones extraordinarias” y las calificó como desapariciones forzadas, porque en los hechos es la práctica de levantar a una persona en un país, subirlo a un avión y llevarlo a un centro clandestino de detención en otro y llevarlo luego a Guantánamo, por ejemplo.
Sin embargo, explicó que la detención ilegal de las personas y luego la negación para informar de su paradero es una práctica que, junto con la tortura se favorecieron con el exmandatario norteamericano George Bush: “Desgraciadamente no hemos visto que las intenciones del Presidente Barack Obama se realicen con tanta contundencia”, aunque la comunidad internacional las recibió con mucho beneplácito.
“Vemos con esperanza una muy decente actitud de Obama, pero quisiéramos ver que esas intenciones se llevaran a la práctica de manera inmediata, como el cierre de su Base en Guantánamo, Cuba”, concluyó.
