Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Pregunta (P): Hoy se resuelve la cuestión de la controversia de la PGR en torno a los matrimonios entre personas del mismo sexo, sin embargo también horas antes se da entrada a los recursos que interpusieron Jalisco y Baja California, también en contra de esta Ley, ¿qué mensaje es éste, cuál sería su reflexión al respecto?
Doctor Luis González Placencia (LGP): Yo creo que era predecible una reacción de parte del Ministro Aguirre. La verdad es que jurídicamente no sé cómo es que opera este tema, pero creemos nosotros que no debería interferir el dictamen a que se llegue por la propuesta del Ministro Valls con esta reintroducción de los recursos presentados por los gobernadores de Jalisco y Baja California. Lo que esto sí en un momento dado plantea es la posibilidad de que haya un debate y de que haya argumentos en contrario a la propuesta del Ministro Valls. Esperamos sin embargo, que la solidez de la propuesta y los argumentos que se han presentado sean suficientes como para que la resolución sea confirmada, y para que se verifique la constitucionalidad de la Reforma al Código Civil.
P: ¿No pondría en riesgo un dictamen para ratificar lo que ya había dicho el Ministro Valls? ¿No lo pone en riesgo esta situación?
LGP: Lo que anuncia es que habría un debate. Me parece claro que probablemente algunos ministros estarían argumentando en contra de la propuesta del Ministro Valls, pero lo que esperamos es que ese debate se resuelva a favor de la propuesta del Ministro Valls.
P: ¿Alerta la posición de algunos grupos conservadores, de seguir intentando echar abajo, como el grupo Uno más una, que dice que no se puede modificar la institución del matrimonio por personas del mismo sexo?
LGP: Yo creo que ahí lo que es importante es que ellos entiendan que cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de la necesidad de abrir espacios para la inclusión, y que aun cuando desde el punto de vista ideológico, incluso yo diría desde el punto de vista de una mirada jurídica estrecha, se puedan convalidar argumentos como esos, lo cierto es que hacerlo implicaría cerrar el paso a la posibilidad de que personas que tienen una orientación distinta a la heterosexual puedan acceder al matrimonio. Nosotros creemos que la reforma al Código Civil, por el contrario es una reforma que amplía esas posibilidades, que iguala en condiciones a los y las ciudadanas del Distrito Federal, y que esos argumentos tienen un valor constitucional, no solamente legal, lo suficientemente sólido como para prevalecer sobre los que ellos plantean.
P: Sobre este Convenio, ¿cuéntenos un poquito cuánto tiempo va a ser este taller, en qué consiste esta capacitación?
LGP: Esperamos que sea permanente a lo largo de toda esta legislatura. Estamos iniciando con Iztapalapa, entre otras razones porque ahí es uno de los lugares donde nosotros tenemos una de nuestras instancias territoriales, y esperamos que dé muy buenos resultados. Se trata, como ustedes vieron, de capacitar directamente a las y los legisladores y a sus equipos. Una condición del Convenio es que ellos asistan a estas labores de capacitación, y esperamos que eso tenga un efecto en las distintas expresiones legislativas que se ven en la ciudad; y aún en aquellas otras que sin ser parte del quehacer legislativo conforman la opinión, la mentalidad de los propios legisladores para que ésta se oriente con una perspectiva de derechos humanos.
P: ¿Diría que actualmente estarían reprobados nuestros legisladores locales en esta materia?
LGP: No, me parece que, como ocurre en muchos ámbitos de la administración, las y los servidores públicos están habituados a hacer su trabajo desde la perspectiva de lo que aprenden a hacer cotidianamente. El problema es que en ocasiones esos haceres, que no han sido problematizados desde la perspectiva de derechos humanos, pues implican violaciones, como opiniones que se emiten, políticas públicas inclusive y hasta leyes que pueden ser violatorias de derechos fundamentales. Entonces lo que nos parece muy interesante es que haya habido una actitud de apertura, que los diputados y las diputadas digan: «Sí, bienvenida la capacitación», y ojalá que esto tenga ya frutos en materia de prevención a futuras violaciones.
P: Que su trabajo sea con visión en derechos humanos.
LGP: Así es.
P: Por último, doctor, yo quisiera preguntarle sobre el caso de tres jóvenes que fueron detenidas el sábado pasado durante la marcha del orgullo lésbico-gay. Estas chicas están acusadas de haber robados dos gafetes y un reloj a dos policías y por eso fueron consignadas y a punto de dictarles auto de formal prisión. Tengo entendido que ya recibieron ustedes una queja, ¿cómo va ésta?
LGP: Ya abrimos la queja, efectivamente, está en investigación actualmente.
P: ¿Pero qué le parece? ¿No le parece que esto es un abuso de autoridad por parte de la policía hacia tres jóvenes estudiantes?
LGP: Desde luego que si lo verificamos así pues sí, naturalmente. Estamos justamente abriendo la investigación para poder establecer qué fue lo que pasó.
P: Doctor, ayer la Corte también determinó que fue protesta social la razón por la cual las autoridades del Estado de México detuvieron a la gente de Atenco. ¿Esto es una señal de alarma?, y ¿qué se debería de hacer en el Distrito Federal, ya regular las marchas como ya se ha venido planteando en algunos foros?
LGP: No, yo creo que primero hay que tener mucha claridad en que estas resoluciones de la Corte, éstas y por ejemplo las anteriores sobre las dos indígenas que también fueron liberadas, son evidencias de cómo funciona nuestro sistema penal. Entonces la primera alerta que yo diría, sobre la cual hay que insistir, es sobre cómo el sistema penal como está hoy sirve para criminalizar la pobreza, ha sido útil para criminalizar a la pobreza y a los movimientos sociales. Por eso la urgencia de generar una reforma en ese ámbito. Creemos que la resolución de la Corte confirma una situación de justicia, por lo menos en una parte tiene que ver con la libertad de estas personas, pero todavía no logra completar el círculo de la justicia porque no se establecen procedimientos para los responsables. Ese es un costo, digamos, que están asumiendo las víctimas. Están siendo liberadas, pero el tiempo que pasaron dentro lo pasaron a costa de un abuso y no hay responsables de ese abuso.
P: ¿No hay que regular en el Distrito las marchas o esto para evitar estos abusos por parte de la ley y respetar los derechos de todos?, ¿no va por ahí?
LGP: Me parece que sí es necesario crear condiciones para que se puedan armonizar los derechos de quienes decidan manifestarse. Hay que tener en cuenta que las manifestaciones tienen un trasfondo social importante, y que atienden a un derecho Constitucional. Igualmente el derecho que tienen las personas al libre tránsito en la ciudad. Entonces nos parecen que con políticas públicas que prevean estas situaciones es posible minimizar los efectos en uno y otro caso, y lo que hemos hecho nosotros continuamente es llamar a la tolerancia de parte de quienes tenemos que sufrir estos plantones y marchas, como de quienes por la razón que sea decidimos manifestarnos en las calles.
