Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Urgen a dotar de derechos a grupos en situación de vulnerabilidad
Boletín 212/2010
31 de julio de 2010
La Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Mercedes Barquet Montané, aseveró que hay una violencia institucional contra minorías, marginados y grupos estigmatizados; “el uso del poder indiscriminado y muchas veces de una arbitrariedad inconmensurable, por ejemplo, contra personas privadas de su libertad o contra las y los jóvenes”, subrayó.
Lo anterior lo manifestó en el Foro “La constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo y la protección de las familias diversas”, organizado por la CDHDF; el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM); i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, AC; y la Sociedad Unida por el Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo.
Por ello, la investigadora y profesora del Colegio de México (Colmex) se pronunció por dotar de derechos, y proceder a su reconocimiento, a personas cuyas características las hacen objeto de marginación y estigmatización, a fin de alcanzar una ciudadanía incluyente.
En el Salón Digna Ochoa y Plácido de la CDHDF, apuntó que la adquisión de derechos, por tratarse de un tema sensible, se presenta paradójicamente rodeada de intolerancia, incomprensión y conservadurismo.
En su oportunidad, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Diputado David Razú Aznar, manifestó que no se puede someter a la voluntad de las mayorías el respeto de los derechos ciudadanos.
“Son muchas las leyes discriminatorias y violatorias de derechos humanos que han sido aprobadas con la legitimidad de las mayorías”, enfatizó.
Precisó que las reformas que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo no son una lucha por el matrimonio en sí, sino por el reconocimiento a la igualdad y a la dignidad de las personas.
Señaló que ninguna sociedad es verdaderamente libre mientras sus leyes no le garanticen a todas las personas la más mínima soberanía sobre sus conciencias y sobre sus cuerpos.
Por su parte, la investigadora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Mariclaire Acosta, opinó que un Estado verdaderamente democrático es aquel que se mantiene neutral frente a las visiones y las elecciones de las y los individuos que revelan las preferencias privadas.
“Las políticas públicas deben garantizar la igualdad de oportunidades, porque impedir el matrimonio entre personas del mismo sexo es una política pública que viola la igualdad de oportunidades de los individuos y es francamente discriminatoria”, asentó.
Además, expresó la necesidad de alcanzar un Estado fincado en la ciudadanía plena. “No se puede pretender que las mujeres somos ciudadanas autónomas con capacidad de elección entre diferentes ofertas políticas, pero que no somos autónomas para decidir qué hacemos con nuestro cuerpo”, dijo.
Mariclaire Acosta afirmó que un reto del Estado es impedir que la diversidad se convierta en desigualdad, y ampliar los derechos de todas y todos con el diseño de políticas públicas que aseguren la igualdad.
El Consultor General de la CDHDF, Fernando Coronado Franco, declaró que son tan fundamentales los derechos básicos de las personas como el medio procesal para hacerlos valer.
Aplaudió que en el país la sociedad esté avanzando en la presentación de litigios estratégicos con inteligencia, con capacidad creativa y con capacidad argumentativa, lo que plantea a nivel nacional formas inéditas de hacer justicia.
