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Boletín 200/2010 El principal agresor contra la libertad de expresión no es la delincuencia, sino el Estado

El principal agresor contra la libertad de expresión no es la delincuencia, sino el Estado
Boletín 200/2010

21 de julio de 2010

 

El Relator para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Gerardo Sauri Suárez, aseguró que en la actualidad no es la delincuencia organizada el principal agresor contra la libertad de expresión, sino el Estado; no sólo por actos de violencia física directa sino por complicidad para apoyar intereses de grupos particulares.

 

Al presentar las publicaciones «Las mordazas invisibles: nuevas y viejas barreras a la diversidad en la radiodifusión» e «Informe sobre diversidad y pluralismo en América Latina, 2009», abundó que el Estado está siendo cómplice de ello, y también el principal agresor del derecho a la libertad de expresión en países de América Latina.

 

«Esta violencia no necesariamente es física, se presenta en operativos o con el uso del marco jurídico para quitar concesiones a radios comunitarias, y tiene que ver con la forma en que el Estado está protegiendo intereses de grupos particulares», detalló.

 

Sauri Suárez señaló que a la CDHDF le preocupan los efectos perversos de esta violencia en contra de periodistas, porque «cada muerte es un atentado no sólo contra la vida, contra la dignidad de las personas, sino que cierra la ventana de oportunidades para comunicar puntos de vista».

 

Ante este contexto, apuntó que en países Latinoamericanos existe el temor de que la violencia que ocurre en México se convierta en una regla común en la región, «no sólo en términos de la presencia de grupos de delincuencia organizada, sino de las fórmulas de respuesta a esta violencia, que fomenta fenómenos como el militarismo y el paramilitarismo, historia todavía fundamental y dolorosa para los países de América Latina», finalizó.

 

Por su parte, el Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Raúl Trejo Delarbre, expuso que en el libro «Las mordazas. se reconoce el de los medios como un asunto ligado no únicamente a los derechos de la sociedad, sino a la gobernabilidad en las sociedades contemporáneas.

 

Agregó que desde hace varios años en los gobiernos de los países de la región se reconoce que a estas sociedades de masas, plurales y contradictorias que tenemos no se les puede gobernar si no es con el concurso de los medios de comunicación.

 

«El gran problema es que muchos de nuestros gobernantes han supuesto que para aprovechar a los medios tienen que acapararlos, aliarse con ellos o comprarlos, en México tenemos medios de comunicación que promueven candidatos políticos», aseveró.

 

«Nuestros gobernantes entienden que aprovechar a los medios es ocupar espacios en ellos y para hacerlo, dilapidan dinero público, en vez de reconocer que un uso racional y democrático de los medios, podría ampliar el acceso de sectores de la sociedad ahora rechazados en el acceso a los medios de comunicación».

 

Comentó que la iniciativa de nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y contenidos audiovisuales que fue procesada durante años por académicos y Sociedad Civil y que fue presentada por los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), quedó congelada en el Congreso de la Unión porque Acción Nacional le retiró su adhesión, «es una legislación que se ocupa de derechos de la sociedad, de regular a las telecomunicaciones, de la publicidad, es una propuesta integral».

 

A su vez, el Director de la Facultad de la Carrera de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, Damián Loreti, denunció que en diversos países de América Latina se está dando cada vez con mayor énfasis la penalización de las radiodifusoras no autorizadas, en un marco legal en el cual es imposible acceder a la titularidad de una licencia.

 

En este sentido, exhortó a los Estados Latinoamericanos a fortalecer las instancias de diversidad y pluralismo en la radiodifusión.

 

En su oportunidad, la Directora del Observatorio de Medios Fucatel, Chile, Manuela Gamucio, señaló que es difícil que la ciudadanía entienda y tenga la convicción clara de los derechos que tienen en materia de medios de comunicación, porque prevalecen criterios industriales y de las grandes audiencias.

 

Señaló que antes de la dictadura en Chile sí había pluralismo de medios de comunicación, mismos que la dictadura anuló, «y la vuelta a la democracia se realizó con la prensa en manos de dos grandes conglomerados, quienes recibían toda la publicidad del Estado, de manera que todos los intentos de prensa alternativa a éstos han ido fracasando».

 

La Directora del Programa de Legislaciones de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe (AMARC ALC), Aleida Calleja, explicó que «Las mordazas invisibles: nuevas y viejas barreras a la diversidad en la radiodifusión» es una investigación que abarca a 2008 sobre la normatividad y las políticas públicas en ocho países de América Latina, que analiza cómo es la entrega de las frecuencias de radiodifusión en los países de la región.

 

En tanto que el «El Informe 2009 sobre diversidad y pluralismo en América Latina», que año con año edita el Programa que ella dirige en AMARC ALC y que se entrega a las Relatorías de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de Naciones Unidas, refiere la situación general que existe en 12 países respecto a las barreras para garantizar la diversidad y la pluralidad y por tanto la libertad de expresión y el derecho a la información.

 

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