Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
El Estado debe garantizar que no se repitan agresiones de militares contra periodistas
Boletín 194/2010
15 de julio de 2010
Ante la agresión que sufrieron tres comunicadores en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por parte de elementos del Ejército Mexicano, cuando intentaban realizar su labor informativa, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reitera que el gobierno federal debe tomar medidas para evitar que servidores públicos impidan el ejercicio periodístico.
El 13 de julio pasado, Abisaíd Rubio y Ricardo Ramírez, reportero y camarógrafo de Televisión Azteca, respectivamente, fueron golpeados; en tanto que Antonio Neftalí Gómez, reportero de la estación Radio Voz de Nuevo Laredo, fue derribado por un soldado y golpeado en el suelo.
La agresión fue registrada en video y difundida por medios informativos, lo cual muestra el clima de inseguridad y amenaza en el que las y los periodistas desempeñan su trabajo. Por lo anterior, la CDHDF reitera que es obligación del Estado garantizar el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión, en general, y la libertad de prensa, en particular.
Si bien, a través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reprobó la agresión y se comprometió a investigar y sancionar a los responsables, los hechos ponen en el centro del debate la necesidad de revisar el Código de Justicia Militar, atendiendo las recomendaciones que han hecho al Estado Mexicano, tanto la Organización de Naciones Unidas (ONU) como los organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos.
A través de su Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, la CDHDF condena los hechos relatados y solicita a las autoridades correspondientes atender las observaciones que se han hecho sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por militares, y que han sido denunciadas por la Sociedad Civil.
Asimismo, pide poner especial énfasis a la implementación de políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de la libertad de expresión de todas las personas, pero particularmente de las y los periodistas, cuya labor informativa es fundamental para la consolidación de la democracia.
