Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Violencia de Estado en contra de derechos laborales en el Caso SME, coinciden defensores
Boletín 191/2010
12 de julio de 2010
El Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Manuel Fuentes Muñiz, advirtió sobre el riesgo que corre la vida de las y los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que mantienen una huelga de hambre en el Zócalo capitalino, desde hace 80 días.
Durante su intervención en el Foro La Suprema Corte de Justicia, Quebranto o Restauración del Estado de Derecho. Caso SME, convocado por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), dijo que ya se ha planteado un cambio de estrategia, ante el desinterés y falta de sensibilidad de los destinatarios de esa y otras manifestaciones, ante la suerte que las y los huelguistas puedan correr.
Fuentes Muñiz señaló también que la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) es un asunto grave en el ámbito laboral, por la ausencia de bases constitucionales y, en consecuencia, significa también el rompimiento del Estado de Derecho.
El también Presidente de la ANAD, agregó que la gravedad de asunto apunta hacia el Congreso de la Unión, que dijo, abdicó a su derecho de plantear una controversia constitucional, además de que con su resolución sobre el caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tampoco analizó la afectación de derechos y legitimó la extinción de LyFC.
Sobre el asunto que, en parte la SCJN resolvió que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) deberá dirimir, a través de la figura de «procedimiento del patrón sustituto», lamentó que precisamente uno de los problemas más graves que vive la justicia laboral es que ese organismo está supeditado al Poder Ejecutivo.
Al respecto, subrayó que las declaraciones anticipadas sobre la resolución de la JFCA son un acto delicado y grave.
En tanto, el Coordinador del Consejo Nacional de la ANAD, Oscar Alzaga Sánchez, coincidió en señalar que la resistencia no es un problema sólo de las y los integrantes del SME, sino de toda la Nación, ya que ese sindicato es uno de los baluartes de la defensa de los derechos y conquistas laborales en México.
En un recuento de lo que calificó como agravios al sindicalismo mexicano, recordó la participación solidaria del SME en las luchas de los trabajadores mineros, los ferrocarrileros y del magisterio democrático y advirtió sobre los intentos para privatizar la seguridad social, como sucede ya con la subrogación de guarderías, como lo ha hecho el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Por su parte, la abogada del Bufet Jurídico Tierra y Libertad, Bárbara Zamora , dijo que no hace falta ser especialista en algo, sino sólo leer el Artículo 89 de la Constitución Mexicana para darse cuenta que el Decreto de Extinción de LyFC es inconstitucional, ilegal y arbitraria.
Lamentó que en México las leyes no estén pensadas para hacer justicia, sino sólo para perpetuar en el poder de quienes lo detentan, valiéndose incluso de la utilización de los medios que, como en el caso del SME, días antes del Decreto dieron a conocer como «privilegios» los logros sindicales de las y los trabajadores.
El fundador del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), Carlos Rodríguez Rivera, dijo que el caso del SME debe verse a la luz de los derechos laborales como derechos humanos, por lo que calificó la extinción de LyFC como violencia laboral de Estado.
En lo que llamó una decisión que avala el quebranto del Estado a la sentencia de la SCJN sobre el caso, dijo que ésta carece de toda legitimidad y niega el derecho a la verdad de las y los ciudadanos, ya que omite dar cuenta sobre todas las aristas y falsos argumentos de que se vale el Ejecutivo Federal para decretar la extinción.
Para el Secretario de Conflictos del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa (SNRP), Rogaciano Méndez González, a las y los trabajadores electricistas queda la solidaridad del resto de los gremios que, como las y los periodistas, dan cuenta de la violación de derechos.
Se refirió al caso SME como un proceso de trastocamiento de derechos, ante la ilegitimidad de un gobierno incapaz omiso y cómplice por parte de los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo.
El Consejero Fuentes Muñiz dijo que la Mesa 1 «Soberanía nacional y energía eléctrica» tuvo como propósito el análisis de los escenarios que presenta la resolución de la SCJN, basado en las 53 cuartillas de la versión estenográfica de la sesión del pasado 5 de julio.
Las Mesas 2 y 3, trataron los temas «Impacto social y político del rompimiento del Estado de derecho» y «Deterioro de la vida económica y sindical», respectivamente.
Por la tarde, la ANAD realizará la presentación de su Centro Especializado de Asesoría Jurídica Alternativa, del Centro de Estudios Jurídicos para el Cambio Social y del Centro de Promoción Cultural y Comunicación Jurídica Alternativa, en las instalaciones de la CDHDF, en el Salón Digna Ochoa y Plácido, ubicado en Avenida Universidad 1449, colonia Florida, Pueblo de Axotla.
