Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
La CDHDF condena el asesinato de periodista en Michoacán y exige al Estado implementar políticas públicas para garantizar libertad de expresión
Boletín 183/2010
7 de julio de 2010
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), a través de su Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, condena el asesinato del periodista Hugo Alfredo Olivera Cartas, corresponsal del diario La Voz de Michoacán y editor del periódico El Día, cuyo cuerpo fue hallado sin vida y con signos de tortura la madrugada de este 6 de julio en el poblado de Apatzingan, Michoacán.
De acuerdo con información publicada por el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet), Olivera Cartas -quien también era propietario de la agencia de noticias policiales ADN- había interpuesto desde el pasado 18 de de febrero una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán (CEDHM), por los golpes y amenazas con armas largas que recibió por elementos de la Policía Federal, mientras realizaba una investigación periodística relacionada con el narcotráfico en la zona. Dicha queja fue turnada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Cabe mencionar que Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) denunciaron que las oficinas de El Día de Michoacán en la ciudad de Apatzingan, fueron allanadas también la madrugada del 6 de julio y fueron sustraídos solamente discos duros de las computadoras, una unidad central de procesamiento (CPU) y un disco duro portátil. Este último hecho obliga a considerar que el homicidio pueda haber sido motivado por la información que Olivera Cartas manejaba y difundía.
Ante los lamentables hechos, la CDHDF se une a las voces que desde la sociedad civil y el gremio periodístico exigen a las autoridades competentes se inicie una investigación pronta y expedita, en la que se que consideren los elementos citados anteriormente como indicios de que la vida de este comunicador estaba en riesgo por el ejercicio de su labor periodística.
Es lamentable que, a pesar de las denuncias previas, el Estado mexicano no haya brindado las medidas cautelares que por derecho correspondían al periodista y así, evitar este trágico desenlace. Esto es una clara muestra de que es urgente implementar una política pública integral para proteger a las y los periodistas que ven amenazada su integridad física y su propia vida por ejercer su profesión y mantener informada a la sociedad en su conjunto.
Es por ello que la CDHDF considera que, si bien es importante que la Procuraduría General de la República (PGR) haya ampliado el espectro de atención y las facultades de la antigua Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas y se anuncie ahora la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos en contra de la Libertad de Expresión, sus acciones deben ser acompañadas por otras que atiendan a la prevención, la capacitación, la protección y la procuración de justicia; es decir, el Estado debe construir una política pública integral enfocada a garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión como parte fundamental de la consolidación democrática.
