78/2010 Inauguración del Foro La Ciudad a Debate.

Pregunta (P): Sobre el dictamen del Ministro Valls, que al parecer ya da como legales las uniones gays, pero habrá que ver la discusión también.

Doctor Luis González Placencia (LGP): La verdad es que celebramos que así sea. Esperemos que el fallo de la Corte sea favorable en torno al dictamen, y eso confirma efectivamente lo que hizo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) iba en el sentido de lo que manda la Constitución; y lo que esperaríamos es que este procedimiento que hicimos acá en el Distrito Federal se extendiera a otras entidades de la República para que se garanticen los derechos plenos de las personas que no son heterosexuales.

P: ¿Por qué podría esperarse de la Corte, pues ya hemos visto cómo han fallado en otros casos y…?

LGP: Yo tengo certeza de que en este caso los argumentos a favor del dictamen del Ministro Valls son contundentes. Entonces creemos que no habrá espacio para que haya interpretaciones en contrario. La verdad es que creo que en este caso podemos esperar que el fallo sea correcto.

P: ¿Hay condiciones para que en otros estados de la República, una vez que este fallo presumiblemente favorable salga, también se legisle de esta forma?

LGP: Bueno, esperaríamos que las hubiera. En realidad cada uno de los estados tiene sus propias realidades. Yo creo que la ley tiene que responder en alguna medida a las realidades de cada uno de los estados. Sin embargo, lo que es relevante acá es que de convalidarse la posición del Ministro Valls lo que quedaría claro es que no hay ningún viso de inconstitucionalidad y quedaría abierta la puerta para que las legislaturas locales pudieran legislar en el sentido en que lo hizo la Asamblea del Distrito Federal.

P: ¿Es decir, que esa es la parte relevante, que se abre la posibilidad?

LGP: Así es. Ya de acuerdo con los niveles de discusión que se den y de aceptación que se dé en los estados, esa puerta queda abierta y por lo pronto no funciona ya como un candado.

P: Oiga, doctor, ¿es la última instancia, vamos si la Suprema Corte dice que sí ya los grupos conservadores no pueden hacer más?

LGP: Bueno, desafortunadamente lo que vimos en el caso de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) abre un camino también por el lado de las legislaturas. Ojalá que en este caso se respete la decisión de la Corte, la que sea, tiene que ser plenamente respetada y acatada, de modo tal que no se le de vuelta por la vía legislativa.

P: ¿Es decir que en los estados podría haber este revés para esto, que no se abra, que queda como está tal cual?

LGP: Eventualmente podría ocurrir; sin embargo, me parece que el argumento que pueda dar la Corte a favor de la constitucionalidad de estas uniones pueda funcionar como un mecanismo que deje con toda claridad establecido que estas uniones son perfectamente constitucionales, y que en todo caso una reforma en contrario sería la que tendría que ser calificada como inconstitucional.

P: ¿Han venido con ustedes la comunidad gay, porque ellos mencionaban que a razón de la aprobación de esta ley se ha incrementado la discriminación y los ataques contra ellos? ¿Hay algún avance de ustedes en su investigación?

LGP: No tenemos quejas, digamos, no se han disparado las quejas. Hay que tomar en cuenta que la Comisión se hace cargo de situaciones en las que es el Gobierno de la ciudad el que viola los derechos, y en este caso no tenemos noticia de ello. Cuando se da entre particulares hay otras instancias. Habría que ver en esas otras instancias si es que se han incrementado o no las quejas.

P: Sobre el caso Casitas del Sur, ¿ya hay posibilidades de localizar a los niños que están desaparecidos?

LGP: Bueno, lo que sabemos es que el Procurador hizo un llamado a las familias para que en todo caso devuelvan a los niños. No tenemos noticia de que haya habido recuperaciones todavía. Lo que sabemos es lo que se ha difundido en la prensa sobre la aprehensión de esta persona, y por otro lado lo que informé ayer en términos de que hemos estado reuniéndonos tanto con el DIF como con la Procuraduría y el IASIS (Instituto de Asistencia e Integración Social) para ya darle contenido a la solución de la Recomendación respectiva.

P: Doctor, ¿ya saben para cuándo va a salir o si va a haber Recomendación sobre el caso de prostitución en las cárceles?

LGP: Estamos trabajando en la resolución. Estamos 24 horas al día metidos en eso porque queremos ya darla a conocer. Entonces en los próximos días tendremos ya resultados.

P: ¿En las investigaciones que hicieron encontraron más casos de estos tres que se habían denunciado?

LGP: Esa información no te la puedo dar a conocer ahora porque primero no la sé; segundo, en caso de que haya sido así tendríamos que guardar la confidencialidad. Es un tema muy complejo porque las internas desde luego no quieren que se conozcan sus nombres, no quieren que se sepa quiénes o a quiénes están denunciando, y tienen razón por el contexto en el que viven. Entonces uno de los temas que nos está ahora ocupando es como dar el tratamiento en la resolución que emitamos a la necesidad de salvaguardar la identidad de las denunciantes.

P: Todo parece indicar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no va a dar marcha atrás a la ley de matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿cuál sería la postura de la Comisión?

LGP: Lo cierto es que estamos confiados en que así sea. Creemos que la ponencia que se elaboró por parte del Ministro Valls es sólida, jurídicamente sólida, con una perspectiva que está alineada con los derechos humanos. Así que pensamos que es difícil que haya un dictamen en contrario.

P: ¿Esto nos podría llevar a la posibilidad de que no solamente el Distrito Federal, sino otras entidades de la República se sumen a esta iniciativa, doctor?

LGP: Sí, desde luego. Por lo pronto dejaría claro que no hay ningún viso de inconstitucionalidad, por lo tanto tendrían los estados la posibilidad de legislar en este sentido sin ningún problema. Y por otro lado complicaría cualquier pretensión de que por la vía tratar de revertir el fallo de la Corte, porque entonces ya cualquier disposición que se plantee en ese sentido es la que sería inconstitucional.

P: Por otro lado, ustedes tenían una investigación abierta por quejas que presentaron empleados del Bar-Bar en la cuestión de Salvador Cabañas, ¿qué pasó con esa investigación?

LGP: Sigue, está viéndose en un contexto más amplio que tiene que ver en general con el tema del arraigo, con las razones por la cual se decreta el arraigo, entonces esa investigación se sigue elaborando, y también ya muy pronto tendremos resultados.

P: Estas declaraciones que hizo El Contador, la persona que detuvo la Policía Federal, señala que estos trabajadores, por lo menos los de seguridad, les permitieron la salida del antro. ¿Esto cambiaría en algo la investigación que lleva a cabo la Comisión o es independiente?

LGP: No, es totalmente independiente. En todo caso es información relevante para el Procurador.

P: Doctor, ¿el fin de este Foro La Ciudad a Debate?

LGP: El tema de los derechos políticos de las y los habitantes de la ciudad de México es uno de los temas prioritarios para la Comisión. A veces ese tema no puede ser suficientemente discutido ni tan visible como quisiéramos porque hay otros que abarcan la atención, pero ahora que hubo la iniciativa de parte de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, de hacer la discusión, nos pareció que el foro de la Comisión podría ser un contexto interesante porque pensamos que no se puede tomar ninguna decisión sobre el futuro político de la ciudad de México sin que haya una consulta y una comunicación con quienes habitamos y transitamos por esta ciudad. Pensamos que es importante que se den condiciones para que el crecimiento democrático de la ciudad pueda seguir hacia adelante, de manera tal que se nos considere como mayores de edad políticamente hablando. No pensamos que pueda seguirse planteando una relación paternal del Gobierno federal ni hacia la ciudad, ni en general con los estados. En el sentido más claro del Federalismo, esta ciudad tendría derecho a ser considerada como una entidad con todos los derechos y con todas las obligaciones que tiene cualquier otro estado de la República.

P: Sé que es del ámbito federal, ¿pero qué opinión le merece lo de la guardería ABC y que han echado abajo el proyecto que tenía la Corte?

LGP: Yo creo que hay que tener cuidado a la hora de hacer una valoración tanto de lo que el proyecto mismo dice en sus contenidos, como de la expectativa que generó. Yo creo que el proyecto se aventuró a intentar encontrar una línea que trazara una responsabilidad desde quienes son los titulares de las instituciones, hasta quienes fueron los autores materiales. Eso es novedoso en términos jurídicos en este país. Desafortunadamente la expectativa que generó fue en términos de una responsabilidad penal, y digamos eso alimenta el imaginario social en términos de un castigo para los titulares que pueda ser representado por la cárcel. Y a mí me parece que hay que ser muy cautos en ese sentido porque una cosa es la responsabilidad penal, que la tienen de manera directa quienes son autores materiales inmediatos de los hechos, y la otra son las responsabilidades éticas y políticas que le caben a los servidores públicos que son titulares de las entidades. En otros países eso ni siquiera se discute. Cuando un titular se asume como responsable de hechos cometidos por subalternos, particularmente cuando se trata de hechos que ponen en riesgo la vida, ellos mismo renuncian. O sea, ni siquiera es necesario pedirles que lo hagan. Entonces lo que es importante acá es construir condiciones para que se asuman las responsabilidades éticas y las responsabilidades políticas, y para que ese debate se distinga del debate penal, que tiene otras vías.

P: Es muy parecido a lo que pasó en el New´s Divine, ¿usted diría que en el caso del ex Procurador, del ex Secretario de Seguridad Pública, y del ex Delegado de GAM, es responsabilidad ética, moral y política?

LGP: De hecho eso fue lo que en el informe que se presentó en su momento se planteó. Nosotros desde luego en ningún caso perseguimos responsabilidades penales, pero es la Procuraduría y el sistema de justicia penal en su conjunto los que determinan esas responsabilidades. Acá en la ciudad de México hay que recordar que sí se iniciaron averiguaciones previas contra los dos funcionarios. No prosperaron porque, como comento, es difícil construir la responsabilidad penal hasta esos niveles. Sin embargo, se asumió la responsabilidad política en ese momento, y ambos funcionarios dejaron el cargo.

P: ¿Así deberían de actuar los funcionarios en este tipo de casos?

LGP: En mi opinión es que sí. Sin entrar en el debate de si uno es directamente responsable de lo que hacen sus subalternos, lo cierto es que hay ciertos casos, sobre todo cuando se pone en peligro la vida y la integridad y en este caso en particular con mayor razón la de niños, hay una responsabilidad política que asumir, y me parece que eso que nuestras abuelas llamaban valor civil tiene que ver con la necesidad de asumir esa responsabilidad sin que haya nadie que se las tenga que exigir.

P: Y ante los reclamos de justicia y después de esta sentencia de la Corte sobre el caso ABC, ¿ve positivo que desde el Congreso se esté impulsando un juicio político contra el ex titular del IMSS, basado en el dictamen del Ministro Arturo Zaldívar?

LGP: Creo que es muy importante tratar de no politizar este tipo de asunto. O sea, sin duda hay un matiz político, es inevitable, pero yo al menos no soy partidario de alimentar el debate en ese sentido. Yo, como he dicho, creo que en todo caso tenemos como sociedad que construir condiciones para que haya responsabilidades políticas y éticas que los funcionarios asuman por sí mismos, y que en este caso tengan consecuencias de esa misma naturaleza, políticas y éticas.

P: ¿Entonces lo ve como meramente un asunto político por parte del PRI?

LGP: Creo que en el contexto en el que estamos de elecciones cualquier acción tiene inevitablemente esa lectura. Entonces hay que tener cuidado de no hacer eco de estas situaciones.

P: Doctor, a propósito de elecciones, permítame preguntarle en qué clave está leyendo los audioescándalos, que se están “encuerando” los políticos entre ellos. ¿A los ciudadanos adónde nos dejan?

LGP: Igual, ¿no? Creo que aquí es responsabilidad de los partidos políticos, de los políticos en general no crear condiciones que enrarezcan el ambiente electoral, ya de por sí bastante complicado. Entonces pensamos que situaciones como las que se han dado últimamente con respecto a candidato, incluidas las muertes de algunos candidatos, es extremadamente necesario que en el contexto político de una elección esos eventos se reduzcan al máximo, porque lo único que generan es incertidumbre, enrarecen el ambiente político, y lo que crean es incerteza sobre la limpieza y sobre la naturaleza que debería de tener el proceso electoral.

P: ¿Es mucho el cinismo de los gobernantes que se escuchan en las grabaciones y no pasa nada?

LGP: Desafortunadamente eso da cuenta de los niveles de gobernantes que tenemos. Ojalá que en otro sentido eso también tenga un impacto en la clase política, que me parece que está muy urgida de tener líderes que sean capaces efectivamente de ser ejemplo para la nación, y no como estamos viendo ahora, protagonistas de escándalos de esta naturaleza.

P: ¿Hasta donde podría llevarnos esta degradación?

LGP: A la desconfianza con la clase política, a incrementar el abismo que hay ya entre la ciudadanía y sus políticos, a la desconfianza en las instituciones. Yo creo que todos estos temas finalmente afectan a las instituciones y todo eso va en detrimento de las y los ciudadanos.

P: Doctor, ¿qué opina de las declaraciones del alcalde de Guadalajara que decía que él no quería una ciudad de sidosos? ¿Cómo le parecen estas declaraciones?

LGP: Bueno, yo creo que nadie quiere una ciudad en la que haya enfermos de cualquier naturaleza. Pero lo que es preocupante es el tono discriminatorio que puede estar contenido en esas declaraciones. En ese sentido son desafortunadas. Yo creo que el tema aquí es que precisamente para evitar, si el temor es el temor al Sida, que la enfermedad se propague hay que tener una actitud de apertura, una política de sexualidad que se haga cargo de que la sexualidad se ejerce y se ejerce de múltiples maneras, y al Estado lo que le toca no es impedir que la sexualidad se ejerza, sino, dado que se ejerce, crear las condiciones para que se pueda llevar adelante con seguridad, con protección y evitando que los espacios con motivo de enfermedades sexuales se propaguen.

P: ¿La Comisión de Derechos Humanos estatal debería iniciar una queja en contra del alcalde, o qué es lo que se podría hacer?

LGP: No conozco la normativa precisa de la Comisión estatal, pero sí creemos que es importante que al menos se plantee la necesidad de que se aclaren estas declaraciones, y se le dé un sentido a la intervención del gobierno en los términos en los que un Estado democrático interviene, que es como he dicho, no deteniendo la conducta de las personas, no condenando la conducta de las personas, sino en todo caso garantizando que el ejercicio de la sexualidad se dé en condiciones de seguridad y sanitaria.

P: ¿Una disculpa pública, por ejemplo?

LGP: Tendría que evaluarlo la Comisión local, la verdad es que ahí desconozco cuál es la normativa de ellos.

P: ¿Pero como funcionario?

LGP: Por lo pronto me parece que sí sería muy bienvenido que hubiera una aclaración.

P: Oiga, insistiendo, hubo violación de garantías individuales en lo del ABC, ¿entonces no le parece vía idónea el juicio político para que haya justicia en este caso?

LGP: Me parece que si estuvieran las condiciones para que los propios servidores públicos o los jefes de los servidores públicos pudieran hacer válida esa responsabilidad política que he comentado, el juicio político no sería necesario. Desafortunadamente el tema se plantea precisamente porque no hay condiciones que satisfagan la expectativa que la gente tiene por la impunidad que se genera en casos como estos. Entonces la presión social a final de cuentas termina siendo favorable a la politización de estos casos. Gracias.