martes , 31 enero 2023

77/2010 Presentación del Servicio de Interpretación Simultánea a Distancia para Personas con Discapacidad Auditiva.

Entrevista al Doctor Luis González Placencia, en la presentación del Servicio de Interpretación Simultánea a Distancia para Personas con Discapacidad Auditiva.
Transcripción 77/2010
23 de junio de 2010

Pregunta (P): Para que se reforme esa Ley General que está vigente aquí en México, en el Distrito Federal particularmente, para que pueda haber una reforma, estaba planteando algún Diputado que va a existir la reforma.

Luis González Placencia (LGP): Hay una iniciativa de ley que está ahora por subir al Pleno en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF); pidieron nuestra participación, nosotros ya formulamos una serie de observaciones que se añaden a otras observaciones que hizo prácticamente el último día de su gestión Emilio Álvarez Icaza, y que tienen que ver de modo central con la necesidad de que haya una perspectiva de derechos en esta ley, que se abandone la visión todavía asistencial que hay. Nosotros tenemos la esperanza de que la ley, tal como está, no se vote. La posición de la Comisión es que esperamos un poco, replantear la ley, escuchar a las organizaciones que tienen cosas que decir sobre la ley para, en su caso, aprobarla. Sabemos que es necesario que exista esta ley, pero también creemos que es mucho mejor esperar un poco y tener una ley que sea sólida, que sea, desde la perspectiva de derechos humanos, una ley congruente, y no una ley que vamos a tener que reformar en poco tiempo.

P: ¿Ustedes tiene algún acercamiento con asociaciones que trabajan con personas con discapacidad, aquí en la ciudad?, hay una preparación de un informe sombra al del informe que va a presentar el Gobierno federal en octubre, por la obligación de la Convención, ¿tiene alguna información sobre eso?

LGP: Sí, sí, desde luego, lo hemos a estado trabajando, nosotros tenemos un departamento aquí de Programas Transversales y un Programa Especial para Personas con Discapacidad; en ambos casos están trabajando conjuntamente con una red de organizaciones que son las que están preparando el informe sombra . Y por otro lado también hemos dado información cuando nos lo han solicitado así las instancias gubernamentales para el informe del país. Entonces, sí hay una actividad continua con las organizaciones de personas con discapacidad.

P: En tu visión, ¿cómo se ha avanzado a partir de la firma de la Convención, a la fecha, en los derechos de las personas con discapacidad, en general, la inclusión, y en derechos laborales, jurídicos?

LGP: Yo creo que hay más sensibilidad, no tengo duda, se han considerado algunos avances en materia de accesibilidad. Esta Comisión emitió un par de Recomendaciones sobre el tema, tanto a la Asamblea Legislativa como al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF). Creo que en ese sentido hay diferencia, todavía falta más, hay algunos programas aislados de inclusión al mercado laboral de personas con discapacidad, pero esos programas tienen que institucionalizarse, tiene que estandarizarse, y todavía eso no lo vemos con claridad. Y bueno, pues hay una serie de obstáculos, como este que hoy estamos nosotros solventando, que desafortunadamente impiden que las personas sordas puedan tener acceso en igualdad de condiciones a todos los servicios que el Gobierno de la ciudad tiene para todas las personas.

P: Doctor, precisamente preguntarle sobre eso: entendemos que es como lo que faltaba para que fuera totalmente accesible esta sede de la Comisión, pero ¿de dónde toman la idea? Y, en general, si nos pudiera concretar ¿en qué consiste este servicio?

LGP: Claro. Bueno, la idea la tomamos de la propia comunidad; es decir, uno de los planteamientos centrales de la Comisión es que lo que nosotros hacemos lo hacemos es escuchando a las comunidades que son las directamente afectadas, entonces, ellos son los que nos hacen saber que existen estos mecanismos en otros países, concretamente en los Estados Unidos. Nosotros nos dimos a la tarea de buscar varios proveedores; finalmente se tomó de la decisión por este proveedor, porque era el que más nos convenía, en términos de servicios y de costos; y por eso lo contratamos. Ahora, el servicio es muy sencillo, en realidad consiste en un control remoto que se establece con una empresa especializada que maneja la Lengua de Señas Mexicana (LSM) y la Lengua de Señas Americana (LSA) y que además también tiene capacidad para traducir al español y al inglés. Cuando la persona se presenta en la Comisión es conducida al lugar en donde está el aparato colocado, ahora está en la Unidad de Quejas, es móvil, lo podemos mover a distintos lugares; ahí se establece el control remoto. La persona, a través de la Lengua de Señas se comunica con una cámara de Internet, común y corriente, a esta unidad remota en Tijuana, Baja California, allá se recibe la señal, se traduce y, por el altavoz del propio aparato, la persona aquí en México escucha en español lo que está diciendo la persona en Lengua de Señas; la persona aquí le contesta en español y quien escucha allá en Tijuana traduce a la Lengua de Señas, de manera tal que se establece la comunicación en tiempo real con intermedio de este intérprete. Funciona tal cual, como si estuviéramos haciendo una traducción a otro idioma. Lo que sucede es que el desarrollo de estos sistemas todavía no es lo suficientemente extendido, entonces eso nos obliga a tener que hacer este control remoto a Tijuana, pero esperaríamos que en un tiempo breve sistemas como estos se desarrollen, se extiendan en la República mexicana, de modo tal que también los costos se abaraten.

P: ¿La mujer que vimos estaba en Tijuana?

LGP: En Tijuana, la mujer que vimos estaba en Tijuana, así es.

P: ¿Cómo se le denomina a este aparato?

LGP: Ah, esa es una gran pregunta., pues «Aparato» (tecnología iN Person ).

P: ¿Cuántas quejas reciben de personas sordas?

LGP: Recibimos muy pocas; de hecho, el año pasado recibimos sólo una, pero eso no da cuenta de la demanda real, lo que pasa es que es un obstáculo con el que ellos desafortunadamente se han habituado a vivir, entonces, saben que no se pueden acercar a las instituciones, porque no tiene manera, a menos que lleven o no un intérprete consigo, de ser escuchados. Entonces, lo que pensamos es que una vez que se haga público este servicio, haya un mayor número de personas sordas que se acerquen a la Comisión.

P: ¿Este servicio podría funcionar en un momento dado para personas sordo-ciegas?

LGP: Podría funcionar, sí, por supuesto, tendríamos que ver la manera de hacerlo, pero hoy contamos con la posibilidad de traducir al braille textos. Entonces, por ejemplo, el texto que se les ofrece al principio, a la llegada, lo vamos a tener disponible en braille también. Y vamos a ver cuál es el mecanismo que también podríamos a través del cual podríamos eventualmente cubrir también esa necesidad.

P: Doctor, en otro tema: ¿preguntarle si tiene alguna esperanza de que haya justicia en el caso «Casitas del Sur», ahora que se capturó a uno de los directivos de la institución?

LGP: Bueno, creo que fue una muy buena noticia, esperemos que ahora el proceso efectivamente surta efecto y bueno, pues eso representa un avance importante, porque es uno de los pendientes que más difíciles se veía de cumplir. Entonces, ojalá que eso ayude a que este tema se vaya resolviendo de la mejor manera.

P: ¿Cuántos niños todavía están desaparecidos?, ¿cuántas personas han presentado quejas en la Comisión por ello?

LGP: Bueno, pues las quejas que se presentaron en su momento, que como ustedes saben tuvieron que ver con una apertura de oficio, si no me equivoco, que fue la que dio lugar a la Recomendación, finalmente. Todavía hay un número importante de niños desaparecidos; el dato que yo tengo es de 13 niños que no han sido recuperados, no sé si ha habido algún avance en ese sentido, pero afortunadamente aún cuando es buena noticia la captura de la persona, pues habría sido mejor noticia que aparecieran los niños.

P: ¿No son once los niños desaparecidos?

LGP: Once, probablemente, es que no lo recuerdo.

P: ¿Y los avances de la Recomendación?

LGP: Bueno, hay avances importantes, hemos tenido una serie de reuniones con la Procuraduría, con el DIF, con el IASIS, porque la Recomendación tiene un alto grado de complejidad, sobre todo porque de lo que se trata es de generar una política pública distinta en materia de atención a niños que son víctimas, o bien víctimas directas de delitos o bien que resultan víctimas indirectas porque los papás, por alguna razón, no pueden hacerse cargo de ellos. Nos preocupaba que hubiera una lectura asistencial nuevamente de la Recomendación, así que hemos tenido una serie de reuniones, la semana pasada fue la más reciente, porque queremos construir conjuntamente una política pública que vaya, por un aparte, haciendo cada vez menos necesario el Albergue de la Procuraduría, o sea, la pretensión de la Comisión es que el Albergue desaparezca y que más bien sea el DIF y el IASIS los que se hagan cargo de los niños que están en esta situación.

P: Hay una propuesta de la Diputada Barrales para que haya una sola instancia que atienda toda esta situación de los infantes.

LGP: Sí, nosotros pensamos que es importante que haya una entidad coordinadora. En algún momento se habló, por ejemplo, del Instituto de Infancia. Uno de los argumentos que se han planteado es que no hay presupuesto suficiente. Pensamos que si hay una política pública de coordinación que le otorgue por ejemplo al DIF, en este caso, el control sobre esa misma política y sobre lo que tienen que hacer las diversas instituciones, eso puede ayudar a solventar situaciones como las que se dieron con el caso Casitas. Como ustedes saben el tema no es lineal, implica por ejemplo tener una respuesta inmediata para aquellos niños que se encuentran en situación de riesgo. Tener también un mecanismo ágil para entregarlos a los familiares. Hoy por hoy se hacen una serie de exámenes que en opinión de esta Comisión no ayudan; al contrario, estorban a satisfacer la necesidad de que los niños sean entregados rápidamente. Y por otro lado, tener mecanismos también para que cuando no hay familiares puedan ser dados en adopción de manera rápida y con los controles ex post que son necesarios para verificar que los niños están bien. Si esas condiciones se cumplen, y creemos nosotros que debe ser el DIF quien debe llevar la mano en estos procesos, seguramente evitaremos que en el futuro se den situaciones como la que dio lugar a la Recomendación.

P: Hubo un alejamiento por parte de los familiares de los niños desaparecidos con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, como en el caso New´s Divine, ¿no han intentado reestablecer este contacto?

LGP: Hay continuamente por parte de la Dirección Ejecutiva de Seguimiento acercamiento con las víctimas. En el caso Casitas, si no me equivoco, nunca hubo un acercamiento tan grande por la situación misma de los padres de los niños que se extraviaron. Sin embargo, sí es un tema que está pendiente para nosotros que implica la búsqueda continua de relación con la familia, pero hoy por hoy lo que nos parece más importante es lo que está en nuestras manos, que es generar esa política pública, que las circunstancias cambien para que se evite la repetición de estos hechos.

P: Tengo entendido que el día de ayer se reunió con el Magistrado Presidente del Tribunal, no sé si nos puede decir de qué trató la reunión, qué fue lo que le dijo y si se comprometió de alguna manera a acelerar estas sentencias.

LGP: Yo creo que el Tribunal hizo una lectura del comunicado que hicimos nosotros la otra ocasión, en el sentido de que estábamos interfiriendo en la actividad jurisdiccional. La reunión de ayer aclaramos que no es así. No ha sido intención nunca de esta Comisión interferir en lo que no nos toca interferir. Sí dejamos claro que el tema como está genera una percepción de impunidad; o sea, claramente por la tardanza que ha habido en los juicios pues hay esa sensación de impunidad, y mientras más se tarde pues más crecerá esa sensación. Sabemos que eso depende de la acción de las partes, y que en este caso la defensa está produciendo estos efectos dilatorios. Y lo que a mí me interesaba más era en todo caso centrarme en los hechos que fueron denunciados por la familia, en el sentido del maltrato. Eso creemos que sí es un tema en el que se debe de intervenir de inmediato. Ahí el Presidente del Tribunal ofreció toda la ayuda, toda la disposición para que podamos resolver ese tema, y para que estemos en condiciones entonces de que las familias no sean víctimas nuevamente de maltrato, ni por parte del personal del juzgado ni tampoco por parte de los abogados de la defensa, que es un poco los temas que se estaban dando. El Magistrado señaló la idea de que nos reuniéramos su Consejo y el nuestro. Hay una diferencia en nuestros Consejos porque el Consejo de esta Comisión es un Consejo ciudadano. Nosotros tenemos que hacerle el planteamiento. Seguramente lo haremos en la siguiente sesión del Consejo, y desde luego el Consejo puede o no aceptar la invitación. Es decir, yo no puedo ni tengo atribuciones para pedirle a mi Consejo que vaya a reunirse con el Consejo del Tribunal. Eso quedará a decisión del Consejo de la propia Comisión, si ellos consideran que hay que debatir lo haremos seguramente, y si no se lo comunicaremos al Magistrado.

P: ¿Pero hubo un compromiso, doctor, de su parte para acelerar todo esto de las sentencias, y mejorar el trato hacia los familiares, porque a parte él decía que no se iba a subir el ring con usted por las declaraciones y todo esto?

LGP: En eso coincidimos, pensamos que no ayuda en nada hacer un debate mediático, o hacer un proceso de descalificaciones mutuas a través de los medios. Lo que es importante aquí es que se creen las condiciones para que las cosas se resuelvan. Desde luego a ellos les tocará explicar en su caso cuál es el sentido de las sentencias cuando estas se emitan, y las razones por las cuales se emiten en el momento en el que se emitan. Digamos, eso ya les corresponde a ellos hacerlo. El compromiso fue en términos de colaborar conjuntamente para que no se dé nuevamente una situación en la que las familias sean víctimas de abuso o de burlas, ni por parte del personal del juzgado, ni tampoco por parte de los abogados de los procesados.

P: Sin embargo, el Presidente del Tribunal tiene la percepción de que la Comisión de Derechos Humanos ha interferido en los asuntos del Tribunal. ¿Qué pasa allí, ellos no comprenden lo que es el trabajo de derechos humanos, o ustedes qué interpretación le dan?

LGP: No, yo creo que efectivamente ahí ha habido un malentendido. Cuando nosotros instamos al Tribunal a que se resuelvan lo antes posible los procesos lo hacemos desde luego con un sentido político con perspectiva de derechos humanos. O sea, nuestro interés es finalmente que se haga todo lo que sea necesario hacer para que se llegue rápidamente a las sentencias. Nosotros no podemos decir ni exigir que esas sentencias sean condenatorias o sean absolutorias. Eso sí sería meternos con la actividad jurisdiccional. Tampoco podemos apresurar los tiempos procesales. Sabemos claramente que eso no depende los juzgadores, sino de las partes; y hemos hecho llamados en muchas ocasiones acerca de la necesidad de que se reforme el sistema de justicia penal para promover un modelo en el que esta dilación no sea posible, por ejemplo, a través de los juicios adversariales estas cosas no pasan porque se desahogan las pruebas en una sola sesión, cuando mucho en dos o tres, pero no se dan condiciones para que se recurra, como se ha hecho ahora, a otras posibilidades legales como el amparo o como las segundas instancias, que a final de cuentas lo que generan es dilación. Entonces pensamos que era necesario que hubiera esa declaración. Nosotros no nos estamos metiendo en el tema jurisdiccional, lo que estamos haciendo es simplemente hacer un llamado para que se sensibilicen las autoridades de la ciudad, de modo tal que se dé cumplimiento total a la Recomendación.

P: ¿Entonces no es inconstitucional, como dijo el Consejero Manuel Fuentes, el que se hayan tardado dos años en que haya sentencias en este caso, doctor?

LGP: La Constitución efectivamente dice que la justicia debe ser expedita, pero ya en el desarrollo procesal plantea una serie de derechos procesales también para la defensa que es necesario salvaguardar. Lo que importa aquí en todo caso es que ya en su momento el juzgado pueda dar cuenta de cuáles son estos momentos procesales por los que se está pasando, y cuáles son las razones que han implicado que no se pueda todavía llegar a la fase de sentencia.

P: Por otro lado la Procuraduría dice que no se han suspendido ni las fisioterapias, ni las terapias psicológicas a los afectados. Usted nos había comentado que había quejas de los familiares en el sentido contrario.

LGP: Sí, efectivamente en la reunión que tuvimos ese fue el sentir de algunos de los familiares. Nosotros atendemos desde luego lo que nos dicen los familiares. Ya entramos en pláticas con la Subprocuraduría de Víctimas y lo haremos muy pronto con el DIF también para ver si es verdad que esto está ocurriendo, o en todo caso para que se dé satisfacción a las víctimas. Es decir, existe la posibilidad real y objetiva de que no se hayan suspendido, pero si las personas perciben que hay un abandono pues algo está pasando, y eso es lo que tenemos que resolver.

P: Por último, afuera hay unos panistas, está el PAN del DF y algunos padres de familia que vienen a protestar por el transporte escolar. ¿Cuántas quejas han recibido por esta situación?

LGP: Tenemos una investigación abierta por el tema, la está llevando la Tercera Visitaduría. Todavía está en proceso de documentación. Vamos a anexar estas quejas se recibieron esta mañana a esa investigación. Probablemente yo me reúna en un ratito más con los Diputados y platiquemos un poco de cuál es el estado en el que va la queja.

P: ¿Cuál es su punto, qué es lo que usted piensa en cuanto éste.?

LGP: Bueno, nos importa escuchar los dos argumentos que se han presentado. Básicamente el que tiene que ver con la necesidad de generar condiciones medio ambientales en la ciudad, y el de promover medios colectivos de transporte. Creemos que una parte del argumento es correcta. La otra tiene que ver con las molestias que eso ha ocasionado a las familias, y particularmente el reclamo de los padres de familia en el sentido de que esta disposición les quita tiempo de convivencia con sus hijas e hijos, que normalmente los padres llevan a los niños en las mañanas a la escuela y es el momento que tienen para convivir. Entonces nosotros haremos una valoración técnica, estricta, en términos de derechos humanos y la resolución irá por ese lado.

P: ¿Cuándo se pronunciaría?

LGP: No lo sé, todavía no lo sé porque no sé en qué estado está la investigación, pero seguramente las quejas que están presentándose ahora apresurarán los trabajos de investigación. Gracias.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *