Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 73/2010
Pregunta (P): La Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que tienen detectadas unas 100 cárceles donde hay autogobierno en todo el país. ¿Las cárceles del Distrito Federal, usted consideraría que también están en este ámbito?
Doctor Luis González Placencia (LGP): Yo creo que hay que reconocer que sí hay un problema, por lo pronto de ausencia de gobierno de las autoridades mismas de los centros penitenciarios. Eso lo que supone es que debe de haber otros mecanismos de gobierno que son ajenos al oficial. Entonces aunque no haya grupos que estén evidentemente reconocidos como líderes en las instituciones penitenciarias, lo cierto es que ese es un fenómeno que se da en todas las prisiones, y aquí por los actos de los que hemos sido testigos en los últimos años podemos decir que sin duda hay un fenómeno de autogobierno también acá.
P: La Comisión Nacional de Derechos Humanos indicaba que esto se produce por la falta de capacitación al personal de custodia, entre otros puntos, ¿cómo cree que estamos aquí en el Distrito Federal?
LGP: Bueno, yo creo que se produce por una serie de factores. El tema de la capacitación es importante, pero las prisiones tienen que ser gobernables, y eso empieza con el número de personas que están dentro de ellas. Si tenemos cárceles sobrepobladas lo que va a ocurrir es que se van a generar vacíos de autoridad que van a ser cubiertos por los propios grupos de personas internas. Entonces la sobrepoblación es uno de los principales factores, en mí opinión. La posibilidad que se da también de que aparezcan otros fenómenos relacionados con mercados ilegales adentro de las instituciones penitenciarias crea también grupos de interés y grupos de gobierno. Entonces hay una serie de situaciones que son inherentes al encierro que son las que generan estos fenómenos.
P: Doctor, sin embargo, las autoridades penitenciarias han insistido en que no hay un autogobierno.
LGP: Yo creo que hay que entender que probablemente explícitamente no está, pero es clarísimo que donde hay ausencia de autoridad, inmediatamente emerge algún otro tipo de autoridad que se queda desde dentro de las propias instituciones penitenciarias. Yo creo que eso es un planteamiento de inicio que es necesario para poder avanzar en la solución de los problemas penitenciarios, porque si eso se niega entonces se niega también todas las causas que dan origen a los homicidios dentro de las cárceles, a los mercados ilegales y a los fenómenos que todos conocemos allá dentro.
P: En ese sentido, también preguntarle, ¿cómo va la Recomendación por el caso de la presunta prostitución de internas?
LGP: Bueno, terminamos la investigación ya, estamos redactando la resolución, ya es un tema ahí de la Segunda Visitadora, que está trabajando día y noche para tenerla en estos días, y seguramente muy pronto ya ustedes conocerán el resultado.
P: ¿Es una Recomendación?
LGP: Es una resolución que se está emitiendo, no quisiera yo adelantar todavía cuál es el resultado. Lo que les puedo decir es que ya se está redactando.
P: Y por otra parte, también preguntarle, ¿cuál es la importancia de contar con una ley para la población indígena?
LGP: Bueno, total, porque ahora ese es uno de los sectores más desprotegidos y donde más trabajo ha costado una defensa integral de sus derechos humanos. Hay, como ustedes saben, problemas complicados en la administración de justicia, no contamos con intérpretes a la hora en la que las personas indígenas enfrentan juicios; hay una incapacidad para poder apreciar el tipo de cosas que les interesa a las poblaciones y comunidades indígenas con su perspectiva. Un ejemplo que puedo poner es el de la Recomendación de juego de pelota que emitimos el año pasado, en donde ahí en donde las autoridad veía un pedazo vacío, un estacionamiento, las comunidades indígenas veían una cancha de juego prehispánico. Entonces es importante, por lo tanto, que esta ley asuma la responsabilidad de ser ejemplar, de ser una de las leyes que históricamente pueda efectivamente integrar las perspectivas indígenas y que sirva como un mecanismo eficiente de protección a los derechos de estos sectores.
P: Doctor, ayer el Subprocurador de Averiguaciones Previas negó que existiera una disculpa privada por el caso del cura en lo del homicidio del francés. Ustedes ya la investigaban, de hecho parecía que.
LGP: Está el caso en la Contraloría. Lo que sabemos es que hubo un intento de conciliación, más que una disculpa, que eso es parte de los procedimientos a los que la Comisión está obligada. Sin embargo, siguen en investigación los casos de los dos compañeros que se vieron involucrados en el tema.
P: Pero a lo que voy es que el Subprocurador negaba que personal de la Procuraduría y de la Comisión estuvieran siendo investigados por este caso. Él niega rotundamente que eso haya existido.
LGP: No sé en el caso de la Procuraduría, en el caso de la Comisión como yo lo comenté públicamente sí hay una investigación en la Contraloría, estamos investigando qué fue lo que paso. Lo que sé hasta ahora es que se dio en el contexto de un acto conciliatorio, no necesariamente en una solicitud de disculpa pública, lo que está bajo investigación es que si hubo o no hubo algún intercambio de ofrecimientos o de desistimiento para que el proceso cesara, eso sabemos no es posible, pero justamente ese es el tema central de la queja de la peticionaria con quien además ya hemos tenido varios acercamientos.
P: ¿En su investigación tienen personal de la Procuraduría relacionado con los trabajadores de la Comisión?
LGP: La Contralora está haciendo todas las entrevistas necesarias, no sé si ha entrevistado, ese es un proceso que lleva a cabo la Contraloría Interna (de la CDHDF), ella tendrá que citar a funcionarios de la Procuraduría eventualmente o explicar porque sí lo hizo o porque no lo hizo, ya es su resolución.
P: Hablando de disculpas públicas, ustedes solicitaron que la Marina las diera por los vecinos que supuestamente detuvo porque tenían explosivos. ¿Ustedes han tenido alguna comunicación, yo sé que son autoridades federales?
LGP: Desafortunadamente no tenemos competencia para hacerlo de manera formal, sin embargo por tratarse de ciudadanos del Distrito Federal y por el hecho de que el hecho ocurrió en el Distrito Federal nos pareció importante hacer una alerta. Primero para que los operativos que se realicen, o que eventualmente se llegaran a realizar por parte de la Marina, el Ejército o cualquier otra autoridad federal se ciñan a los procedimientos que están legalmente establecidos para ello, yo creo que no podemos aceptar de ninguna manera, aunque el fin sea el más noble, que se lleven a cabo operativos que no tengan un respaldo en la ley. Por otra parte, con mayor gravedad si lo que ocurre es que al final de cuentas es que se trató de una equivocación. A nosotros nos parece que la autoridad debe de asumir la responsabilidad política que implica violar los derechos de una persona, tomárselo muy en serio, tan en serio como se toma la lucha contra el narcotráfico hay que tomarse la defensa de los derechos de los ciudadanos. Si en este caso los vulneraron por error con más razón es necesario que por lo menos haya una explicación y que por lo menos se disculpen con las personas que fueron agraviadas.
P: En otro tema, ¿usted qué piensa de los antecedentes nominales, de estas personas son sometidas a un proceso y resultan inocentes, sin embargo se quedan como un antecédente todos sus datos?
LGP: Cuando una persona es juzgada y es castigada, recibe su castigo, el tema debe quedar castigado porque si no hay una violación al principio jurídico. implica juzgar dos veces a la persona por el mismo delito. Si la persona es absuelta con mayor razón porque no debe de quedar record de que fue sujeta a proceso porque con frecuencia eso implica estigmatización, eso implica dificultades para encontrar trabajo o para insertarse nuevamente en la sociedad. En casos en los que una persona es procesada y es absuelta. mejor dicho quien está a cargo de asumir la responsabilidad que todo eso implicó es el Estado, mínimamente lo que debe de garantizar el Estado es que no haya ningún vestigio que dé lugar a actos discriminatorios o a estigmatización de la persona que fue absuelta.
P: ¿Cómo poder resolver esta parte de que finalmente se quedan con estos antecedentes?
LGP: Aquí lo importante son los efectos y si hubiera casos en los que alguna persona pensara que es afectada porque se difundieron esos antecedentes, ese es un tema con el que nosotros podemos ayudar, podemos abrir la investigación correspondiente y también es importante que se sepa que en ninguna solicitud de empleo, ningún caso que tenga que ver con el acceso a un derecho puede estar mediado por la solicitud de antecedentes o por la consideración de sus antecedentes aunque sean nominales.
