Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Desastre y cinismo de los partidos políticos en elecciones estatales: Clara Jusidman
Boletín 163/2010
22 de junio de 2010
La imaginación de la clase política interesada en preservar el poder, y los recursos que lo acompañan, supera los desarrollos normativos e institucionales que buscan acotar sus abusos en un país en el que predominan las desigualdades, la pobreza y los enormes déficits de ciudadanía, señaló la Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Clara Jusidman Rapoport.
Dijo que «Ante la poca transparencia y la formulación cupular de la reforma electoral de 2007, el movimiento cívico-democrático planteaba ya como una de las asignaturas pendientes para tener elecciones confiables y creíbles, la del uso de recursos públicos y privados para la compra y coacción de votos».
«No imaginábamos el desastre y el cinismo que estamos presenciando en las elecciones en curso por parte de los gobiernos estatales de todos los partidos. Lo que ocurre supera todo lo que podríamos haber previsto», lamentó la también Presidenta Fundadora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (INCIDE Social, A.C.).
Durante la presentación del manual para la utilización del Estándar mínimo para la protección de programas sociales. Una herramienta diagnóstica, dijo que «En un panorama tan oscuro y desalentador como el del país, donde es cada vez más evidente el desmantelamiento intencionado del Estado y la captura de las instituciones por los poderes fácticos, esta herramienta busca empoderar a los ciudadanos y avanzar en la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos».
El manual sobre el Estándar mínimo…, señaló Clara Jusidman, tiene como antecedentes los trabajos desarrollados por el Consejo para la Protección de los Programas Sociales del uso electoral, una iniciativa del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social y del Programa Oportunidades, creado en 2005.
Ya entonces, recordó, junto con el investigador Enrique Valencia Lomelí y los autores del manual de Estándar mínimo . «Concluimos que la parte más oscura para la inducción del voto se encontraba en los niveles estatales y locales», por lo que coincidieron en la necesidad de desarrollar una herramienta que permitiera evidenciar la discrecionalidad del manejo de los recursos destinados a programas sociales por parte de los gobiernos estatales y municipales.
Para la reforma electoral de 2007, agregó, insistimos en la necesidad de acotar el uso de los programas sociales y de los recursos públicos que reciben los partidos políticos: «Estaba claro que, al eliminarse el gasto en la compra de tiempos en los medios de comunicación, un posible destino de los enormes recursos que siguen recibiendo se dirija a la compra directa de votos en las campañas en tierra».
A su vez, el Consejero Electoral del Instituto Federal Electoral (IFE), Alfredo Figueroa Fernández, destacó que este Manual es una herramienta ágil, sencilla, que puede documentar de buena forma aquellos acontecimientos que están ocurriendo en los estados y los municipios.
Aseveró que el uso de recursos públicos y privados representa para la autoridad electoral y para la vida democrática en México, uno de los desafíos mayores, «es preocupante el hecho de que en la vida pública de las instituciones esté presente dinero privado que no es fiscalizado bajo las reglas que tendría el dinero público».
Puso como ejemplo que diariamente en la televisión mexicana se advierte que de modo soterrado aparecen personajes que gobiernan en estados de la República y que tienen una aspiración política, «y la pregunta es si eso se estará pagando con recursos públicos o privados, lo que en ambos casos es inquietante».
Consideró preocupante que luego de documentar un uso clientelar de recursos públicos, no haya responsabilidades de los servidores públicos, «porque si bien se modificó el Artículo 134 de la Constitución que establece que esos recursos deberán ser empleados con imparcialidad, en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales se señalan qué cosas pueden ser sancionables, pero a los legisladores se les olvidó poner las sanciones».
ESTÁNDAR MÍNIMO.
Estándar mínimo para la protección de programas sociales. Una herramienta diagnósticafue presentado por sus autores, el Secretario Técnico del Gabinete de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Alfonso Celestino Pérez; y por el Coordinador del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos de INCIDE Social, Héctor Nájera Catalán.
De acuerdo con Clara Jusidman, la herramienta se inscribe en el marco de las mejores prácticas del movimiento ciudadano para utilizar el avance y los conocimientos técnicos para evaluar el nivel de protección de los programas sociales de propósitos electorales.
«Permite también construir un mapa de ruta para la exigibilidad ciudadana, ya que al aplicar la herramienta se detecta la ausencia o debilidad en los procesos normativos institucionales y ciudadanos».
Se dirige también, dijo, a los legisladores interesados en cerrar pinzas normativas en materia de procesos electorales, así como a los Institutos Electorales, para que en sus actividades de educación cívica fortalezcan la información y las capacidades ciudadanas para el ejercicio de sus derechos.
El instrumento está integrado por un manual de referencia que orienta paso a paso el uso de la herramienta y de sitios para consultar bibliografía sobre el tema y archivos complementarios: www.incidesocial.org, www.observatoriopoliticasocial.org, www.comiteconciudadano.org.
De acuerdo con los autores, las características del instrumento posibilitan la comparación de diferentes aspectos normativos u operativos, de transparencia y acceso a la información, fiscalización, contraloría social, educación cívica y participación, de los programas sociales, para conocimiento tanto de funcionarios públicos como ciudadanos.
Para la Directora Ejecutiva INCIDE Social, Nancy Pérez García, «Uno de los principales retos de la política social mexicana es mejorar las condiciones institucionales en las que operan los distintos programas sociales».
En ese contexto, dijo, Estándar mínimo. permite identificar si las normas y los mecanismos operativos son suficientes para inhibir o minimizar el uso proselitista de los programas sociales: «Además, permite detectar el grado en el que los beneficiarios de los programas sociales están capacitados para hacer valer sus derechos».
