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Boletín 156/2010 Foro Reforma Penal para el Distrito Federal en Materia de Derechos Humanos

Foro Reforma Penal para el Distrito Federal en Materia de Derechos Humanos
Boletín 156/2010

15 de junio de 2010

 

Durante el Foro «Reforma Penal para el Distrito Federal en Materia de Derechos Humanos», organizado por las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Seguridad Pública y de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, se pronunció por establecer las condiciones necesarias en las que el delito no encuentre oportunidades para su desarrollo.

 

Consideró que con el incremento de penas y el endurecimiento del sistema penal no se puede combatir el delito, pues éste no sólo no se reduce, sino que cambia de sede: deja de cometerse en las calles para realizarse desde los reclusorios.

 

«Incluso se recrea dentro de las instituciones penitenciarias, lo que genera problemas de dimensiones mayores», sentenció el Ombudsman capitalino.

 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) expresó la necesidad de diseñar una política criminal que no se enfoque sólo en el delito, sino en la satisfacción de los derechos fundamentales de las personas.

 

«Una democracia moderna debe enfrentar el reto de elaborar una política criminal integral que no vea sólo el problema del delito, sino la necesidad de satisfacer los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)», sostuvo.

 

En el Salón Benito Juárez de la ALDF, recordó que la CDHDF envió a la ALDF en 2009 la «Propuesta General de Reforma s al Código Penal para el Distrito Federal y la Ley Penitenciaria del Distrito Federal», la cual, dijo, tiene dos pilares: asegurar los derechos procesales de las víctimas y los imputados e instaurar una justicia restaurativa.

 

«Ésa es la función de un sistema penal democrático. Reducir el delito forma parte de una estrategia mucho más amplia», indicó.

 

El Presidente de la CDHDF detalló que asegurar las garantías procesales y la justicia restaurativa implica el reto de modificar de forma radical la manera de hacer las cosas. «Lo cierto, es que tenemos un sistema penal que está en crisis, que tenemos que modificar, y esta iniciativa, la Propuesta General de la CDHDF, se propone como un elemento para generar esa discusión», concluyó.

 

Por su parte, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, Diputado David Razú Aznar, criticó el uso indiscriminado de la pena privativa de la libertad, la cual puede evitarse con la generación de alternativas de sanción.

 

Manifestó que en la actualidad la prisión preventiva ha generado condiciones de hacinamiento en las cárceles capitalinas, por lo que planteó la instauración de penas restaurativas, de resarcimiento de daños y la disminución en la duración de las sanciones.

 

«Nuestra propuesta es recuperar esa vocación de readaptación social, y dentro de ello está la posibilidad de reducir en general y poner un tope máximo a la duración de las penas», finalizó.

 

A su vez, el Subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Juan José García Ochoa, aceptó que la readaptación en los reclusorios capitalinos se vuelve cada día más difícil, en donde el 55% de las personas recluidas su estadía en promedio es de seis meses y la mitad del total de internas e internos aún esperan ser sentenciados.

 

Apuntó que en las cárceles de la ciudad hay entre 3 mil y 4 mil primodelincuentes que cometieron delitos menores y que pudieran ser susceptibles de un programa de atención en externación; sin embargo, dijo, eso requerirá de un gasto adicional.

 

En el foro «Reforma Penal para el Distrito Federal en Materia de Derechos Humanos» participaron también la Subprocuradora de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Dylcia Samantha García Espinosa de los Monteros; la investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC, Jacqueline L´Hoist; el Secretario de la Comisión de Seguridad Pública de la ALDF, Diputado Norberto Ascencio Solís Cruz; y el Director de la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC, (CIDE), Javier Angulo.