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Boletín 155/2010 Confuso operativo de la Marina, pone en riesgo situación de derechos humanos de la ciudadanía del Distrito Federal

Confuso operativo de la Marina, pone en riesgo situación de derechos humanos de la ciudadanía del Distrito Federal
Boletín 155/2010

14 de junio de 2010

 

La ejecución de un confuso operativo por parte de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR), el pasado 9 de junio en la colonia Roma Norte del Distrito Federal, pasó por alto el respeto a los derechos humanos de ciudadanos que fueron detenidos, esposados e incomunicados sin mandamiento judicial alguno.

 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) expresa su enérgico rechazo a este tipo de operativos en los que se violentaron los derechos humanos de cuatro ciudadanos a quienes se les expuso públicamente como presuntos delincuentes, sin serlo, se les maltrató, y que tras ser liberados por no hallárseles delito alguno, ninguna autoridad federal se hizo responsable.

 

No sólo la forma y la manera de incursionar en el Distrito Federal para detener a presuntos delincuentes, sino que el operativo evidenció serias contradicciones en los mandos de seguridad pública del Gobierno Federal.

 

La SEMAR difundió ampliamente el «éxito» de su operativo en la capital mexicana, donde habría decomisado 20 kilogramos de explosivo C-4, «como resultado del intercambio de datos con agencias de información de los Estados Unidos de América y del trabajo de inteligencia naval».

 

Sin embargo, al día siguiente, la Subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales Ibáñez, sostuvo que de acuerdo con un dictamen, se trataba de glicerina, ácido nítrico y parafina (materiales para elaboración de cremas), y que no correspondía a ningún tipo de material explosivo.

 

De acuerdo con fuentes periodísticas, voceros de la Agencia Antinarcóticos Estadounidense (DEA), desmintieron haber proporcionado la información a la Armada de México o que hayan sido consultados por el gobierno mexicano para llevar a cabo el operativo.

 

En sí, la gravedad del asunto lo reviste la contradicción, la desinformación y la tergiversación de los hechos entre instancias federales que se supone debieran velar por la seguridad de las y los gobernados. Pero situaciones de esta naturaleza donde nadie asume la responsabilidad de este «operativo», ni hay sanciones para quienes cometieron abusos contra las cuatro personas detenidas, nos coloca en un estado de indefensión.

 

La CDHDF exige al Gobierno Federal y las instancias federales involucradas una explicación y la disculpa hacia las personas que fueron detenidas y maltratadas sin haber cometido delito alguno.

 

Alerta también en la necesidad de no permitir ninguna transgresión a los derechos humanos. Valoramos el esfuerzo federal en contra de la delincuencia organizada, pero ello no debe traducirse de manera alguna en la violación a los derechos humanos de las y los mexicanos.

 

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