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Boletín 142/2010 La figura del arraigo disminuye los derechos ciudadanos

La figura del arraigo disminuye los derechos ciudadanos
Boletín de prensa 142/2010

31 de mayo de 2010

 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se pronunció por eliminar la figura del arraigo porque mantiene en la indefinición la situación legal de las personas, y porque no se puede combatir el delito y obligar a las y los ciudadanos a ceder en sus derechos.

 

Durante las mesas de trabajo «Derecho al Acceso a la Justicia y al Debido Proceso», organizadas por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la Primera Visitadora de la CDHDF, Yessenia Mercedes Peláez Ferrusca, señaló la necesidad de acotar el uso del arraigo y de la prisión preventiva como forma de realizar investigaciones judiciales a costa de la libertad ciudadana.

 

En el Salón Benito Juárez de la ALDF, la Primera Visitadora de la CDHDF exhortó a establecer el principio de presunción de inocencia de manera taxativa dentro del Código de Procedimientos Penales, y disminuir la privación de la libertad.

 

«Se debería de eliminar la posibilidad de la figura del arraigo porque lo único que hace es mantener en estado de indefinición la situación legal del sujeto, y no es una detención ni la prisión preventiva», reiteró.

 

Yessenia Mercedes Peláez Ferrusca precisó que el arraigo en lugar de resolver las investigaciones y la persecución penal para reducir la impunidad, disminuye las garantías ciudadanas.

 

«Es muy importante establecer la relación entre principio de presunción de inocencia y la necesidad de prohibir las detenciones para realizar investigaciones», subrayó.

 

Reconoció que excepcionalmente se puede realizar un proceso con la persona detenida en prisión. «Y digo excepcionalmente porque habrá casos en los que la gravedad del delito o las circunstancias del delincuente puede llevar a la necesidad de mantener a la persona recluida, pero eso debe de ser la excepción y no la regla, una regla que mantiene abarrotados los centros de detención y los reclusorios capitalinos», explicó.

 

Indicó que una herramienta más para limitar la figura de la prisión preventiva es ampliar las posibilidades de libertad bajo palabra.

 

A su vez, la Segunda Visitadora de esta Comisión, Rosalinda Salinas Durán , especificó que la presunción de inocencia es una garantía constitucional de toda persona sujeta a proceso.

 

Abundó que frente a la ineficacia de las instituciones del país, se combate el delito obligando a las personas a ceder en sus garantías.

 

«Se justifica la prisión preventiva con el riesgo de que las personas se sustraigan de la justicia, con conservar las pruebas, con la presentación oportuna del presunto responsable ante el juzgador y para que no exista mayor impunidad», comentó.

 

Sin embargo, sentenció que con el arraigo se recluye a las personas ligadas a la comisión de un delito, cuando se podrían eficientar las instituciones para que los mandamientos judiciales se cumplan en tiempo y forma.

 

Apuntó que la única política de seguridad pública posible y aceptada es aquella que pone en el centro el respeto irrestricto de los derechos humanos.

 

Rosalinda Salinas Durán pidió también considerar la situación de hacinamiento de los centros de reclusión, pues en las cárceles varoniles hay un 60% de personas sujetas a procesos que padecen la sobrepoblación, la falta de agua, de instalaciones eléctricas y sanitarias y una alimentación inadecuada.

 

«Se les está colocando en una situación de tratos crueles, inhumanos y degradantes cuando la personas ni siquiera ha sido determinada como culpable de cometer un delito», finalizó.

 

En la mesas de trabajo «Derecho al Acceso a la Justicia y al Debido Proceso» también participaron el representante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC, Silvano Cantú; la integrante del Centro de Derechos Humano Fray Francisco de Vitoria, AC, Victoria Beltrán; el funcionario del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Felipe Zermeño Núñez; la Jueza 5 Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Jannet Monroy Pérez; el integrante de ELIGE, AC, Abraham Rojas; y el Director de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), AC, Andrea Davide Ulisse.

 

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