Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
CDHDF condena enérgicamente espiral de violencia en contra de comunidades indígenas en Oaxaca
Boletín de prensa 133/2010
23 de mayo de 2010
En las últimas semanas han sido asesinadas cuatro personas en San Juan Copala, Oaxaca, por grupos armados ante la aparente negligencia de la autoridad municipal y del Estado, generando una espiral de violencia que afecta directamente a los integrantes de esa comunidad, a quienes solidariamente se han sumado a apoyarlos, y a defensores y defensoras de derechos humanos.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) considera que los ataques y las muertes registradas deben llevarnos a exigir desde cualquier punto del país, la pronta investigación y el castigo a quienes resulten responsables de esos asesinatos.
El 27 de abril pasado, grupos armados atacaron a los integrantes de una caravana de observación civil internacional que se dirigía a San Juan Copala, sede de la organización Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente. Varias personas resultaron heridas y producto de los impactos de bala fallecieron la activista Beatriz Alberta Cariño y el observador de derechos humanos de origen finlandés, Ysyry Jaakkola.
Lejos de motivar la acción gubernamental para investigar y castigar los hechos, el 20 de mayo pasado, nuevamente grupos armados atacaron y asesinaron a Timoteo Alejandro Ramírez, líder triqui de la comunidad de Yosoyuxi y uno los precursores del municipio autónomo de San Juan Copala, así como a su esposa Cleriberta Castro.
La CDHDF exige la inmediata intervención de las autoridades de Oaxaca ante el constante y sistemático hostigamiento de que son víctimas las comunidades indígenas en la entidad. Su omisión ha provocado la escalada de violencia, la falta de alimentos y servicios básicos como agua y luz en región.
Luego de las amenazas públicas en contra de la nueva caravana que saldrá el próximo 7 de junio del Distrito Federal y llegará al día siguiente a San Juan Copala, la CDHDF pide al gobierno de Oaxaca garantizar la seguridad y el libre tránsito, a todos los participantes en la movilización ciudadana.
Por ello, las autoridades estatales deben asumir su responsabilidad de Estado para investigar sin dilación todos crímenes ocurridos, detener y castigar a los agresores, así como la brindar garantía de no repetición de hechos violentos en contra de la población indígena.
