Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Asiste Ombudsman capitalino a Congreso sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, en Guatemala
Boletín 114/2010
6 de mayo de 2010
En el V Congreso Latinoamericano y I Congreso Centroamericano “Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos” que se realiza en la ciudad de Guatemala, el Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, destacó que a tres años de haberse despenalizado la interrupción del embarazo en la ciudad de México, la medida, “da cuenta de una experiencia exitosa en materia de política pública para proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.
En su participación, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) indicó que además se ha dado cuenta de un fuerte impacto en la capacidad instalada de los centros de atención médica para encargarse de estos casos, porque se amplió la cobertura de los servicios de salud en general.
En la Mesa Redonda: El Papel de la Procuradurías de Derechos Humanos en la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. La Experiencia Mexicana, González Placencia dijo que en México, “la lucha por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos ha dado muestras claras de una participación ciudadana comprometida, de un movimiento feminista fortalecido y de una agenda pública que se asume políticamente activa”.
Refirió que en el Distrito Federal, la despenalización de la interrupción del embarazo antes de la semana 12, fue el resultado de un proceso reivindicativo de ciudadanas, ciudadanos e instituciones que, incluso, tuvo su corolario en la determinación que realizó el máximo órgano jurisdiccional del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto de la constitucionalidad de la norma.
Expuso que otro ejemplo reciente fue el pronunciamiento público de la CDHDF, así como la promoción de foros de discusión, a raíz de la controversia suscitada por las reformas al Código Civil de la ciudad de México que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo y su derecho a adoptar.
Abundó que tales reformas aprobadas el 21 de diciembre de 2009, dieron lugar a que la Procuraduría General de la República (PGR) promoviera una acción de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal judicial del país.
En este caso, apuntó, la CDHDF se pronunció sobre El valor del Estado Laico en el México actual, que enfatiza la necesidad de garantizar igualdad de derechos ante los diferentes modos de vida que eligen las personas, “con el convencimiento de que los derechos humanos son la mejor herramienta jurídica que tenemos para armonizar sociedades complejas, donde hay formas de moral, ideologías y elecciones de vida distintas”.
Asimismo, añadió, se convocó al Foro Derechos, Ciudadanía y Diversidad Sexual y se firmó un Convenio de Colaboración entre el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y la Asamblea Legislativa local para la defensa de la acción de inconstitucionalidad sobre el tema de matrimonios entre personas del mismo sexo.
Por otra parte, hizo mención del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal publicado en 2009, el cual responde a resultados y recomendaciones del Diagnóstico elaborado un año antes, producto del trabajo coordinado entre organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial locales y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que participó como observadora permanente.
Destacó que en ese Programa se fijaron 13 estrategias y 99 líneas de acción en materia de derechos sexuales y reproductivos, las cuales ocupan cinco temas: Disponibilidad y accesibilidad a la información y a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, métodos anticonceptivos y planificación de la reproducción, maternidad sin riesgos y reducción de la morbilidad materna, educación sexual integral, laica y científica y exigibilidad de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos.
Comentó que hay asignaturas pendientes en materia de derechos reproductivos que empiezan a discutirse en el ámbito legislativo, tales como la maternidad subrogada, la donación de óvulos, los bancos de esperma, el resguardo y uso de embriones sobrantes fecundados in-vitro, la privacidad de los datos genéticos, el consentimiento informado para el uso de información genética, los derechos sobre los resultados de las investigaciones realizadas con información genética personal, y la protección a los pacientes vulnerables que están involucrados en procesos de investigación en materia reproductiva.
Finalmente consideró que como Organismo Defensor de Derechos Humanos, “debemos jugar una función mucho más proactiva en el litigio internacional, de tal forma que podamos contar con garantías que trasciendan la voluntad de nuestros gobiernos, y permita hermanarnos como latinoamericanos en la lucha por el ejercicio pleno de los derechos humanos”.
