Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Las instituciones deben ofrecer condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión: CDHDF
Boletín 113/2010
3 de mayo de 2010
En el Foro Libertad de expresión desde la ciudad de México, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, señaló que toca a las instituciones poner las condiciones para que la libertad de expresión pueda ejercerse de manera plena, sin presiones desde la perspectiva laboral y con certeza de que la integridad personal de las y los reporteros está totalmente resguardada.
Destacó que en el Día Mundial de la Libertad de Prensa se reflexione sobre la situación por la que están pasando todas y todos quienes se dedican a esta actividad, “aunque en el Distrito Federal no ocurre lo que en otras entidades, aquí es en donde habitan y transitan reporteras y reporteros vinculados con medios nacionales y que se ven envueltos en problemáticas complejas”, dijo.
González Placencia indicó que es necesario generar una estrategia que de manera integral le permita a la propia CDHDF y a los órganos de Gobierno de la ciudad, funcionar como una Red que ayude a detectar de manera temprana cuando un reportero o una reportera se encuentren en riesgo, actuar de inmediato y efectivamente protegerlo. Además de crear condiciones para que logren reintegrarse a su actividad laboral.
El Ombudsman capitalino expuso que la transparencia en las instituciones es fundamental para tratar de abatir círculos viciosos, “porque las y los reporteros juegan un rol fundamental como contrapeso a lo que se conoce como verdad oficial, es con lo que cuenta la sociedad para contrastar lo que las instituciones plantean en términos de lo que a su perspectiva ocurre”.
Abundó que las instituciones deben trasparentar la información, la toma de decisiones que se lleva a cabo a su interior, como un mecanismo que permita ir abatiendo las malas prácticas que se derivan de un uso abusivo, ya sea del poder público en unos casos y en otros casos, del poder con el que cuentan los medios de comunicación.
“En esa lógica se pueden construir relaciones virtuosas que finalmente tengan con objetivo, resguardar el Derecho a la Libertad de Expresión, sin cortapisas, sin amenazas; por otra parte un acceso por la vía de los relatos que hacen las y los compañeros de la prensa, desde la sociedad civil, de lo que pasa en las instituciones públicas”.
De acuerdo con el Subsecretario de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Juan José García Ochoa, para el blindaje social de la libertad de expresión, se encaminarán esfuerzos para el mayor empoderamiento de las y los comunicadores, así como para la capacitación de las autoridades involucradas, con el fin de contar con una sociedad capaz de exigir y defender este derecho, de acuerdo con el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Entre los instrumentos concretos de acción, para la mejor actuación y transparencia de los procesos, así como exigibilidad, García Ochoa mencionó la creación de una Red de Acción para la Garantía y Promoción de la Libertad de Expresión.
“Es necesario fortalecer acciones conjuntas, porque en el escenario nacional la ciudad de México no está fuera de la dinámica del incremento de la violencia, cada vez más fácil para las autoridades y las organizaciones criminales, en contra de los comunicadores”, dijo.
Agregó que, a más tardar, el próximo 12 de mayo habrá de publicarse el Protocolo de Investigación de casos que lleguen a la Agencia Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de las y los Periodistas en el Ejercicio de esta Actividad, que deberá evolucionar a ser una Fiscalía Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
En tanto, la Diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Maricela Contreras Julián, dijo que “Por desgracia, en nuestro país se amenaza, persigue y asesina a las y los periodistas y la mayoría de estas vejaciones quedan en la impunidad: en lo que va del año, 11 han sido asesinados, en el ejercicio de su labor”.
Lamentó que no haya indicios de que las agresiones puedan disminuir, ante la falta de una política nacional de protección, aunque anunció que, junto con la CDHDF, el Gobierno capitalino, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y especialistas, se estudia la instalación de una “Casa Refugio para Periodistas”, con presupuesto que deberá aprobar la ALDF, a través de su Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, dentro del Programa de Protección a Periodistas.
Mencionó que la Asamblea Legislativa ya solicitó al Gobierno capitalino que declare al 2010 como el Año de la Ciudad Garante para la Libertad de Expresión.
A su vez, la reportera de la revista Contralínea, Ana Lilia Pérez Mendoza, reveló que desde diciembre de 2000 a la fecha, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) arribó al Poder Ejecutivo federal, 64 periodistas han sido asesinados y de 10 más se desconoce su paradero.
Agregó que 60% de éstos homicidios y de las desapariciones forzadas se han cometido durante los últimos tres años y medio, y ni una sola persona ha sido consignada por las agresiones a los representantes de la prensa.
Dijo que de acuerdo con el Informe 2009 del Centro de Periodismo y Ética Pública, 60% de los atentados contra periodistas es cometido por personas adscritas a una institución gubernamental.
De los 64 periodistas asesinados en el país, reportó que 11 se dieron en Tamaulipas; nueve en Guerrero; nueve en Chihuahua; nueve en Michoacán; ocho en Veracruz; cuatro en Durango; cuatro en Oaxaca; tres en Sinaloa; dos en Sonora; dos en Tabasco; uno en Chiapas, uno en Quintana Roo y uno en Nuevo León.
En tanto, la representante del Centro de Periodismo y Ética Pública y de Periodistas de a Pie, AC, Elia Baltazar, alertó que el mapa de agresiones a periodistas se amplía cada vez más en el país, al igual que crece su silencio.
“Zonas enteras donde la prensa ha decidido renunciar a su labor, a falta de condiciones para llevar adelante su labor y a costa del sacrificio de un derecho indispensable del sacrificio de un derecho indispensable en los tiempos que corren: el derecho a la información”, subrayó.
Indicó que las y los comunicadores de los estados en donde la violencia ha generado silencio requieren hoy más que nunca el respaldo del gremio periodístico. “Y no sólo como garantía de seguridad, sino para asegurarle al país y a los ciudadanos una prensa responsable, profesional y comprometida”, concluyó.
