Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Comunicado 2/2010
18 de abril de 2010
A la opinión pública
El pasado 8 de abril, el Senado de la República aprobó un dictamen con proyecto de decreto que modifica el Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos Humanos. La minuta correspondiente fue enviada a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.
Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y su Consejo (CDHDF) es destacable la labor de todas las personas y organizaciones que hicieron posible la aprobación de este dictamen. De igual forma, hacemos un exhorto a la Cámara de Diputados y, subsecuentemente, a las legislaturas locales a concluir el proceso de reforma constitucional para hacer vigentes estas modificaciones. La situación del país así lo demanda.
Las modificaciones aprobadas establecen como principios constitucionales la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los Derechos Humanos, es decir, todos los derechos para todas y todos. Clarifican la jerarquía de los tratados en esta materia; refuerzan las garantías y los mecanismos de protección de los Derechos Humanos, así como las facultades de los organismos locales y nacional de protección de Derechos Humanos.
Establecen, además, la obligación del Estado de reparar las violaciones a los Derechos Humanos en su sentido más amplio y, determinan los derechos que no pueden restringirse, ni suspenderse, acotando la facultad del Ejecutivo al control de la Cámara de Senadores y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es por ello que para la CDHDF y su Consejo es necesario que los órganos legislativos del país continúen con la evolución de nuestro régimen político y jurídico para avanzar hacia un Estado Democrático de Derecho, mediante la incorporación constitucional de los principios ético-políticos que exigen los estándares internacionales en derechos humanos, como el principio pro-persona, para que se aplique la norma que más favorezca los derechos de las personas; los derechos sexuales y reproductivos; y la aplicación de la justicia civil para la investigación y sanción de violaciones de los Derechos Humanos en que intervengan las Fuerzas Armadas.
Si bien la reforma en curso es valiosa en lo que concierne al fortalecimiento de la cultura de los Derechos Humanos en México, la CDHDF y su Consejo externamos nuestra preocupación con respecto al contenido y alcance de las propuestas de modificación a la Ley de Seguridad Nacional, que están siendo analizadas por el Senado de la República, particularmente en lo que se refiere a otorgar al Ejército, funciones distintas a su naturaleza, y que buscan legalizar su participación en tareas de Seguridad Pública. Aunado a que se pretende incrementar sus funciones en la investigación y persecución de los delitos, situaciones que ponen en grave riesgo la preeminencia del poder civil sobre el poder militar y que pueden generar un contexto fértil para posibles violaciones a los derechos humanos.
Ante el incremento de violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas por militares, aunado a su investigación y enjuiciamiento en el fuero militar, es necesario refrendar la imperiosa necesidad de que este tipo de ilícitos sean investigados y sancionados –con independencia e imparcialidad– por parte de la jurisdicción civil, a fin de evitar espacios considerables de impunidad.
Respetuosamente, la CDHDF y su Consejo hacemos un llamado al Congreso de la Unión para que en el marco de sus facultades analice cuidadosamente estas iniciativas y evite la aprobación de disposiciones normativas que pongan en grave riesgo los derechos humanos en nuestro país. Y reiteramos la posición de esta Comisión en la búsqueda de los más altos estándares de respeto a los Derechos Humanos de todas y todos en nuestro país.
Respetuosamente, la CDHDF y su Consejo hacemos un llamado al Congreso de la Unión para que en el marco de sus facultades analice cuidadosamente estas iniciativas y evite la aprobación de disposiciones normativas que pongan en grave riesgo los derechos humanos en nuestro país. Y reiteramos la posición de esta Comisión en la búsqueda de los más altos estándares de respeto a los Derechos Humanos de todas y todos en nuestro país.
