Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Pregunta (P):¿En algún momento ya han recibido alguna solicitud sobre el caso Paulette, de la revisión del caso. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que iba a estar muy atenta, en el Distrito Federal se ha recibido algo?
Doctor Luis González Placencia (LGP): No, porque como son hechos ocurridos en el Estado de México, en realidad son competencia, en todo caso de la Comisión local o bien de la Comisión Nacional.
P:Desde su punto de vista ¿no se han visto algunas inconsistencias en el caso, en la investigación, en el arraigo?
LGP: Yo creo que lo que hemos visto, lo que deja claro es que ha habido una serie de problemas con la investigación, que hoy por hoy lo que comprometen es la verdad sobre los hechos. Como he dicho en otros momentos, es importante que se tome en consideración que este es un ejemplo más en los que una investigación que no está conducida de acuerdo con los estándares del debido proceso, no nos deja tener certeza sobre lo ocurrido, y de la necesidad por lo tanto de que se reforman los procesos penales para dar certeza, justamente para que las investigaciones se conduzcan de manera adecuada de manera transparente y con las formalidades del debido proceso que me parece que son la base de una investigación correcta.
P: Ayer los propios diputados del Estado de México ya pedían la renuncia del Procurador Bazbaz por estas inconsistencias en la investigación, a su punto de vista ¿cree que sí debe de renunciar o abrirse, solicitar ayuda?
LGP: Ahora la investigación está en curso, lo que sabemos por los medios es que incluso se ha solicitado ayuda del FBI, que hay otras instancias colaborando. Me parece que hay que dejar que la investigación concluya para obtener resultados y, en todo caso, ya es competencia del Gobernador del Estado de México, decidir sobre la suerte de su Procurador.
P: ¿No se ha presentado alguna queja o acercamiento de los vecinos por la construcción de esta supervía, que se van a expropiar varias viviendas y ya hay manifestaciones?
LGP: Tenemos una queja, que está ahora en investigación. Acabamos de abrirla, entonces estamos ahora justamente investigando.
P: ¿Cuál es la motivación de esta queja?
LGP: Básicamente la inconformidad por la construcción de la Supervía. Estamos recabando la información, y ya daremos a conocer los resultados en su momento.
P:Se habla de más de cien casas o negocios expropiados, ¿esperan ustedes recibir más quejas?
LGP: Hasta ahora sólo hemos recibido esa queja, y por supuesto estamos abiertos, como siempre, a recibir las quejas de la ciudadanía, a investigarlas y a dar nuestro punto de vista, hasta ahora no ha habido más, por supuesto que puede haberlas, pero por lo pronto tenemos una solamente.
P: En el Congreso aprobaron ya modificaciones al tema de Derechos Humanos, ¿cómo ve la Comisión?, ¿alcanza para la Comisión local o sólo para la Nacional?
LGP: Como es una Reforma al Artículo 102 Constitucional, tendrá efectos en todas las comisiones locales. Creemos que es una Reforma que tiene aspectos muy positivos, se aprobó ahora en la Cámara de Senadores, todavía faltaría que se aprobara en la Cámara de Diputados y luego todo el proceso de aprobación en los congresos locales. Ojalá que se apruebe porque tiene elementos de avanzada, la incorporación del concepto de Derechos Humanos a la Constitución. Impacta en varios artículos de la misma Constitución, incorporando una visión de derechos humanos. Dándole un rango a los tratados internacionales, similar al que tiene la propia Constitución. Entonces hay avances muy importantes. Quizá lo único que habría que discutir con más detalle es la asignación de las facultades de investigación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque en mi opinión esas facultades las tiene ya y habría que ver si esta propuesta, no las limita a unas hipótesis concretas. Pero por lo demás es una reforma que debe ser bienvenida desde la perspectiva de los derechos humanos.
P: Esa había sido justamente una de las luchas de los Organismos de Derechos Humanos, el poder tener más facultades, que las Recomendaciones no sólo fueran como llamados a misaque nadie atiende.
LGP: Sí, pero de lo que se trata en esta reforma es de otorgarle unas facultades a la Comisión Nacional de investigación que tenía la Corte, en mi opinión, esas facultades ya las tiene la Comisión Nacional, y lo que habría que cuidar es que no se redujeran a las hipótesis que daban esa facultad a la Corte, entonces sí habría una restricción, por lo demás, la propia reforma sí señala, por ejemplo, mecanismos para obligar a las autoridades a aceptar a las Recomendaciones, en ese sentido nos parece que hay un avance importante.
P: Sobre el tema de la ampliación de los horarios a los bares, ahora existe la propuesta de algunos diputados de cobrar impuesto a los trasnochadores, ¿cuál sería su opinión?
LGP: Yo he sostenido que el problema tiene que verse desde una perspectiva multilateral. Hay diversos derechos que están siendo impactados, por supuesto que es una preocupación el derecho a la vida y a la salud, pero hay que atender la problemática también, desde la perspectiva de la importancia que tiene un entorno seguro, independientemente de la hora en la que estemos, las medidas de seguridad dentro de los establecimientos mercantiles. Me parece que en todo caso lo que hay que tener es una visión integral de la problemática y soluciones que también sean integrales.
P: ¿Sería viable esta propuesta de los diputados?
LGP: Hay que ver, también dije en la reunión en la que me hicieron el favor de invitarme, que era muy importante hacer una valoración prospectiva de las medidas que se planteen, hacer una evaluación de cual podría ser el resultado para evitar que sea contraproducente, eso hay que valorarlo, hay que evaluarlo y técnicamente determinarlo.
P: inaudible..
LGP: Más personas involucradas en la dinámica de la prisión. Para empezar todas las cercanas, familiares cercanos. Se observa también un incremento importante en el número de personas presas que son familiares, lo que da cuenta del papel que estaría jugando la familia en la dinámica delictiva, hay evidencia de que familias enteras participan de eventos delictivos, y si eso lo consideramos como un factor de relevancia dentro de las instituciones penitenciarias, tendríamos que estar pensando si la cárcel sigue teniendo un valor intimidante a la hora de plantearse como un castigo para el delito, porque finalmente, tú terminas acostumbrándote a que tu hermano, tu tío, tu abuela, tu madre, están en prisión, y que no la pasan tan mal, finalmente eso no tiene un impacto directo en la dinámica del delito. Entonces la cárcel pierde su sentido y lo que tenemos es un lugar en donde se continúa cometiendo delitos.
P: Comentó incluso que las corporaciones policiacas se están enfocando más a detener a ciertos sectores de la sociedad y no precisamente a los de cuello blanco, ¿qué opina..?
LGP: Históricamente ha sido así. Por la manera en la que se ha perseguido el delito de robo en la ciudad de México, la población que está, digamos, más al alcance del sistema penal, es la que tiene menos recursos. Digamos que el delito de robo, particularmente los robos menores no son cometidos por personas que pertenecen a sectores más acomodados, y eso sí ha tenido como consecuencia que haya una visibilización mayor de los delitos relacionados con la pobreza y una atención menos contundente contra otro tipo de delincuencia que tiene alcances mayores.
P: Usted comentó que hay una revisión de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, en concreto ¿a qué se basa esta revisión?
LGP: Justamente, lo que buscamos es armonizar con la propuesta de Reforma Constitucional, que se está discutiendo ahora en el Senado y que pasará a la Cámara de Diputados, para darle más facultades a la Comisión, para afianzar las que tiene, para buscar la manera que los servidores públicos no cuestionen la autoridad moral de la Comisión, para que se comprenda que la Comisión es un Órgano de Estado y las resoluciones de la Comisión tienen ese carácter también, por lo tanto no pueden ser regateadas, no deben ser regateadas ni puestas en condicionamiento, un poco esa es la idea de esta revisión
P: Está en revisión en dónde, ¿en la Asamblea Legislativa?
LGP: No, estamos haciendo acá el proyecto para proponerlo a la Asamblea Legislativa.
P: Y los diputados hasta ahorita ¿no tienen ningún proyecto?, tengo entendido que la diputada Alavez tenía…
LGP: Había, hay alguna propuesta de modificación a algún artículo de la Ley, pero lo que les vamos a proponer es una reforma integral.
P: En este caso, doctor, ¿se debería de recurrir a la facultad de la Asamblea Legislativa para citar a funcionarios en caso de que no quieran aceptar Recomendaciones?
LGP: Sí, ahora existe esa posibilitad lo que sucede es que de ahí no se sigue ninguna consecuencia. Entonces, queremos precisamente platicar con los diputados, yo ya he platicado con algunos, sobre la necesidad de generar consecuencias para los servidores públicos que no aceptan las Recomendaciones o que no las cumplen.
P: Por otro lado, este asunto del Renaut, se termina mañana el plazo y se van a cancelar muchas líneas telefónicas, ¿estaría de alguna manera violando el gobierno, al cancelar líneas telefónicas que compraron con su dinero? Se les quitaría el servicio, que finalmente en la Constitución está marcado que tiene uno acceso a los medios de comunicación.
LGP: En principio no hay una obstaculización digamos, total del derecho a la comunicación, porque ese se puede cubrir por otras vías. Me parece que como medida para tener un control más estricto de cómo se utilizan los teléfonos, pues esta disposición sí implica una corresponsabilidad de quienes somos usuarios de la telefonía de paga, para colaborar en la limitación de problemas que tienen también un efecto social importante, básicamente las extorsiones telefónicas. Creemos que no basta con eso, podría irse todavía más allá, y desde luego hay pláticas, estamos seguros de que hay pláticas con el sector de la industria telefónica para llegar a acuerdos en los casos en los que las personas no cumplan con esta disposición legal. Hoy por hoy, hay que decirlo claramente, es una disposición normativa que sí obliga, tanto a las telefónicas como a los usuarios a cumplir con la misma, y no hubo ninguna objeción por los canales legales a través de los cuales se puede hacer este tipo de objeciones. De momento, lo que yo diría es que sí los usuarios estamos obligados a registrar nuestras líneas telefónicas y hacerlo en los plazos debidos.
P: ¿No ha habido quejas por ese asunto?
LGP: No, en la Comisión de Derechos Humanos del DF no, porque es un tema federal, que involucraría en todo caso a la Comisión Nacional.
P: ¿No se investiga a la ciudadanía por una incapacidad de las autoridades para impedir este tipo de comunicaciones de los criminales?
LGP: Yo creo que se trata más bien de un tema de corresponsabilidad, hay un problema que nos afecta a todas y todos, es una medida entre otras muchas que se han tomado. Nosotros hemos apoyado las medidas que no son de carácter punitivo, es decir, no todo se resuelve con cárcel, no todo se resuelve con el Ejército, no todo se resuelve con la policía, hay que buscar medidas que sean creativas y que tengan una afectación mínima en los derechos de la ciudadanía, en este caso, me parece que no hay mayor afectación, lo que tenemos que hacer es enviar un mensaje telefónico para registrar la línea. No me parece que eso implique una molestia mayor, y hay una justificación que en este caso sí se plantea de relevancia. No me parece tampoco que haya una obstaculización al derecho a comunicarnos, porque podemos hacerlo por la vía que nosotros deseemos, y si queremos hacerlo por la vía de la telefonía móvil de paga, basta con hacer un registro. No creo que haya ahí mayor problema.
P: ¿Estaría de acuerdo con la prórroga?
LGP: Creo que sí habría que tener en cuenta que se han denunciado, se ha hecho del conocimiento público que hay algunos problemas técnicos para hacer los registros, entonces, en atención a eso, podría ocurrir que se prorrogara el plazo; sin embargo tampoco podemos estar en una situación en la que hay una prórroga, y otra prórroga y otra prórroga, entonces tediendo en consideración la necesidad de que se ponga un plazo específico y las posibilidades técnicas de hacerlo, pues ya será cuestión de que el Congreso valore si se prorroga o no se prorroga esta fecha.
P: ¿La duda no existe en cuanto al uso del padrón de todos los usuarios que se registren
LGP: No, yo creo que es uno más entre los mecanismos que tenemos de registro, es un registro que no es exhaustivo, implica simplemente vincular la línea telefónica al nombre de una persona, a un usuario para seguimiento posterior en caso necesario. Quizá sí la Comisión Nacional tendría que estar atenta al uso que se le va a dar a ese Registro, pero de entrada no me parece que haya mayor complicación.
