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Entrevista al Presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, en el Taller Latinoamericano: el modelo de incidencia política basada en datos desde el enfoque de derechos de la infancia.

Transcripción 54/2010
28 de abril de 2010

Pregunta (P): ¿Cómo van con lo de la Federación de Ombudsman para mandar la carta allá a Arizona?

Doctor Luis González Placencia (LGP): Bueno, la Comisión Nacional ayer hizo un planteamiento en el que hizo un llamado general para sumar las voces. Vamos, por supuesto, a colaborar con eso. Tenemos ya lista nuestra contribución, es una carta en la que le pedimos a la gobernadora que revise la posibilidad de que la ley no se ponga en marcha. Sabemos que todavía no entra en vigor, que está en este período todavía de vacatio legis, pero hacemos consideraciones sobre el alto contenido discriminatorio que tiene, sobre el retroceso que implica en términos incluso de la constitución norteamericana y, bueno, pues esperamos que este llamado surta efecto. Esperamos que se involucre también la Federación de Ombudsman en este tema y, como he dicho en otros momentos, creo que aquí conviene cerrar filas, que todas las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones que defienden migrantes, por supuesto todos los niveles de gobierno, reaccionen, porque hoy por hoy ya empieza a haber violaciones a los derechos de personas, se pone en riesgo no sólo a quienes están allá en calidad de indocumentados, sino, por la naturaleza propia de la ley, incluso a personas que estén legalmente, a quienes se va a molestar injustificadamente solamente por su apariencia.

P: ¿Cuándo creen que podría estar ya lista esta carta?

LGP: Bueno, esa carta salió hoy y la haremos pública, desde luego. La vamos a enviar a la Comisión Nacional, la vamos a hacer pública, la vamos a enviar a la Embajada también y a la propia Gobernadora.

P:¿La redacción es de ustedes, entonces?

LGP: Sí, desde luego. En este caso, esta es una iniciativa nuestra. Vamos a sumarnos con la Comisión Nacional, pero vamos a hacer llegar también esta carta por iniciativa nuestra a la Embajada y a la Gobernadora.

P: Por otra parte, sabemos que los priístas iban a presentar hoy una propuesta a la Asamblea Legislativa para que se reduzcan en delitos graves la preliberación, ¿usted qué piensa?

LGP: Bueno, ayer se presentó una iniciativa penitenciaria que surge de la que nosotros hicimos llegar a la Asamblea Legislativa en 2008. Ayer mismo, comentábamos durante la presentación que es necesario revisar el régimen de beneficios de libertad, que sigue siendo todavía, sigue teniendo un esquema político premial, con el que la Comisión no está totalmente de acuerdo. Sabemos que eso hay que hacerlo gradualmente, pero en todo caso lo que se requiere es una revisión de fondo de la pertinencia de los beneficios de libertad. Ahora, con la creación de los jueces de ejecución, si es que esta reforma se aprueba, el régimen tendrá que cambiar necesariamente, porque hoy eso corresponde a la autoridad penitenciaria; en un momento posterior, tendría que ser un juez el que decidiera y entonces hay que ver si eso es concurrente con otros mecanismos de revisión de la duración de la sentencia, que son los que deben privar en un régimen jurisdiccionalizado de ejecución.

P: Hasta ahorita, ¿ustedes cómo ven que trabaja la Dirección de Ejecución y Sanciones Penales? ¿Hay quejas?

LGP: Bueno, desafortunadamente… No tenemos quejas por el tema de beneficios, pero lo que vemos es que claramente estos beneficios no se están otorgando porque hay un nivel muy elevado de sobrepoblación. Se los están otorgando de manera muy a cuentagotas. Sabemos que hay una propuesta. Yo platiqué con el Secretario Ávila sobre el tema y estamos justamente en el proceso de una colaboración conjunta para hacer una revisión, primero del programa que ellos tienen para preliberar a un número importante de personas que están internas ahora, y también para ver la posibilidad de involucrar al Tribunal Superior de Justicia y a Organizaciones de la Sociedad Civil para que creemos mecanismos alternos a la privación de libertad.

P:¿O sea que ya lo están platicando?

LGP: Ya, ya lo estamos platicando, yo tuve una reunión hace una semana con el Secretario Ávila, y de esa reunión se generaron diversos compromisos, entonces estamos ahora en eso justamente.

P:¿En qué sentido serían estas libertades?

LGP: Ellos tienen ya el Programa, lo van a hacer del conocimiento nuestro, no lo conozco todavía, entiendo que hay una serie de requisitos que tienen que ver con que sean primodelincuentes, que sean personas que no hayan cometidos delitos graves. Creo que puede ayudar eso en un primer momento a despresurizar un poco, pero, nosotros hemos insistido mucho en que no basta con eso, hay que hacer un esquema de trabajo integral que implique estas preliberaciones, que implique la posibilidad de que se evite que lleguen a prisión personas que están siendo procesadas por delitos que no son graves, como el caso de muchos robos, y además de otras acciones que hay que hacer conjuntamente. En ese sentido, también ayer se presentó la iniciativa de Reforma al Código Penal y Procesal Penal, que también la Comisión hizo llegar a la Asamblea en 2008. Si logramos que estas iniciativas se aprueben de manera integral y además tener una acción digamos, ya inmediata en términos de política pública dentro de la institución penitenciaria, seguramente que vamos a poder encontrar soluciones al tema de la sobrepoblación.

P:¿Este mismo año?

LGP: Ojalá pueda ser este mismo año, eso ahora está en manos de la Asamblea, las iniciativas ya fueron presentadas, y lo que se puede hacer en materia de política pública creo que sí podemos tener resultados relativamente pronto.

P: Incluso el Gobierno del Distrito Federal tiene brazaletes electrónicos que, hasta donde sabemos, ya no son utilizados, o son muy poco utilizados.

LGP: Bueno, hay que activar esa posibilidad. Hoy se dan, por ejemplo, esos brazaletes hoy se dan a personas que están a punto de salir. Hay que buscar la manera de que se den con procesados, a personas antes de que sean sentenciadas para que puedan entrar al programa de brazaletes para que puedan llevar adelante su proceso en libertad. Esa es parte de la revisión que vamos a hacer. Vamos, digamos, a hacer un catálogo de los recursos que hay, con los que se cuenta hoy, con la ley tal como está, para tratar de coadyuvar desde la Comisión a la solución del problema.

P:¿Y por supuesto estos brazaletes podrían ser para las personas que cometieron delitos menores?

LGP: Así es, hoy en la mañana en la Comisión se realizó una reunión con miembros de la CDI, de la Sederec, de la Asamblea misma, en estas mesas de trabajo sobre el tema de los derechos de las personas indígenas y de la necesidad de que ellos también colaboren en la hechura de leyes que les toca a ellos, y uno de los temas que platicábamos en la mañana tiene que ver con el número de personas indígenas que llegan al Ministerio Público, por ejemplo, y como no hablan bien el español son sujetos a proceso. Eventualmente son liberadas después de pasar un tiempo en prisión porque no se les comprueba nada, pero hay casos también seguramente de personas que son sentenciadas porque no se pudieron defender; entonces, no tenemos mecanismos que nos permitan todavía identificar o visibilizar el tamaño del problema. El número de quejas que tuvimos el año pasado es muy bajo, fueron siete si no me equivoco, pero eso no está dando cuenta de la magnitud del tema. Entonces vamos a buscar que en el seno de estas mesas de trabajo podamos platicar con el Procurador para que haya algún mecanismo que nos permita identificar casos en los que personas indígenas que no hablan español puedan ser defendidas inmediatamente y puestas en libertad antes de entrar. Esos serían casos, por ejemplo, en los que podría operar una liberación antes de ser sujetos a proceso.

P: Doctor, en otro tema, otro homicidio más por parte de la policía capitalina, con respecto al joven en la Gustavo A. Madero, ¿qué puede decir ante esto?

LGP: Bueno, abrimos la queja de oficio, la abrimos desde el día de ayer, desde el lunes. Ya entramos en comunicación con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, nos han ofrecido todo el apoyo y vamos a esperar a que la investigación se lleve adelante y ya les daremos información.

P: El año pasado Recomendación tras Recordación sobre este tipo de temas, ejecuciones arbitrarias, violación al derecho a la vida y todo sigue igual.

LGP: Bueno, ojalá que en este caso podamos contar con toda la información para establecer si se trató de un abuso, nosotros estamos presumiendo un abuso de autoridad, pero tenemos que saber bien qué fue lo que pasó. Hay que reconstruir los hechos y una vez que tengamos las hipótesis las daremos a conocer.

P:¿Ya tuvieron contacto con la persona que fue traslada al Reclusorio Norte? Ayer platicaba con la familia y me decía que él era una persona ajena al conflicto que iba llegando en ese momento, y que un policía lo señaló y dijo: él también. Otro policía agarró un fierro y dijeron: él lo traía.

LGP: No, no hemos tenido todavía contacto con ella. Es parte de la estrategia de investigación, primero por procedimiento tenemos que solicitar la información de la Secretaría de Seguridad Pública y a partir de ahí se van dando ya los siguientes pasos a la investigación. Muchas gracias.