Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Pregunta (P): Inaudible
Luis González Placencia (LGP): Tal vez se refiere al Informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si es eso…
P: De la local
LGP: Si se refiere al nuestro no hay equivocación, desde luego ahí están lo datos. Hay nueve personas que perdieron la vida el año pasado sólo por hechos violentos, un número mayor que perdió la vida incluso por situaciones que tienen que ver con desatención médica, está la evidencia de casi 100% de sobrepoblación en las instituciones penitenciarias del Distrito Federal y unas condiciones precarias. Todo eso está documentado en el Informe (Anual 2009), está documentado en las Recomendaciones que emitimos el año pasado y en la que emitimos ya a principio de este año en la que se da cuenta de la persistencia de situaciones en las que hay riñas entre presos, hay malo tratos, tortura por parte de los custodios. Entonces yo ahí lo que diría es que hay que remitirse a las cifras.
P:¿La calificación es reprobatoria sin duda?
LGP: Son sin duda, por lo pronto en cuanto a estas situaciones que la Comisión ha conocido y de las que nosotros nos hemos pronunciado, no podríamos decir que las situación de las cárceles es buena, para nada.
P:¿En los últimos dos años se ha avanzado en algo positivo en el sistema penitenciario del Distrito Federal?
LGP: Yo creo que ha habido una intención de generar una mejor capacitación, pero el problema aquí es que mientras no veamos resultados concretos en la disminución del número de quejas, en la disminución del número de Recomendaciones y de situaciones en las que personas pierdan la vida, pues difícilmente podemos hablar de avances.
P:¿Eso no ha sucedió?
LGP: A mi parece que es difícil poderlo afirmar. Seguramente que la disposición de las autoridades penitenciarias ha sido la de abatir esos problemas pero la realidad nos dice otra cosa.
P:¿No es un doble discurso, el que por un lado se niegue a reconocer los puntos generales que ustedes les marcan en su Informe y que por otro lado estén firmando acuerdos para capacitación de custodios y en la propia Comisión de Derechos Humanos?
LGP: Yo creo que no, va en el sentido de buscar las condiciones para mejorar la situación penitenciaria, pero lo que es importante es que sí haya un reconocimiento de que las cosas no están bien. A nosotros nos parece que un punto de partida necesario para poder avanzar es el de reconocer cuál es la situación real de las prisiones en la ciudad y a partir de eso plantear lo que sea necesario para coadyuvar a mejorarla.
P: Atribuye la sobrepoblación en los centros penitenciarios en más del 100% a la sobrepoblación… a la densidad poblacional en la ciudad de México, ¿es cierto esto?
LGP: Habría que ver cuáles son las razones que le llevan a hacer ese cálculo.
P: Porque hay muchos habitantes.
LGP: Me parece que tiene que ver más bien con que el sistema de justicia de esta ciudad está pensado para encerrar personas. Eso hay que decirlo claramente. Por eso, mientras no se modifique la política criminal de la ciudad vamos a seguir teniendo gente en la cárcel. El problema de enviar a personas a la cárcel en esas condiciones ya implica hacerlo con plena conciencia de que la integridad de las personas está en riesgo.
P:¿La solución son más penales?
LGP: No, definitivamente no. Pensamos que es importante generar condiciones para que haya una despresurización lo más pronto posible de las cárceles, pero eso será una respuesta contingente, de corto plazo.
P: Pero lo que se ha visto sobre el caso y no se ha visto nada concreto ya que se siente sobre un hecho real de que se vayan a despresurizar, ha habido planteamientos importantes por parte de la Comisión, sin embargo no hay nada tangible.
LGP: Hasta el momento lo que tenemos es simplemente el anuncio de que hay un programa que se está instrumentando, pero no sabemos todavía de que se haya puesto en práctica. Por otro lado hay que decir que esa no es la solución. Entonces hay que revisar los mecanismos a través de los cuales estamos llevando gente a prisión y si eso es efectivo o no, las razones por las cuáles estamos llevando gente a prisión. Más bien lo que hay que modificar es eso.
P: Dice que hay voluntad de las autoridades para cambiar la situación pero el resultado no se ve en los hechos, ¿es falta de capacidad para llevar a cabo esto?
LGP: Sería complicado evaluar eso. Lo que te puedo decir es que independientemente de la capacidad de las autoridades, los hechos nos muestran es que las decisiones que se han tomado no son las correctas, los mecanismos, las metodologías, los programas no están siendo los adecuados para abatir la situación.
P: Es que funcionarios van y vienen y las cosas siguen igual, peor aún, no hay una rendición de cuentas.
LGP: Sí porque los problemas son estructurales, de ahí la necesidad de que las soluciones sean estructurales porque si no lo que tendremos es un desfile como lo hemos tenido, de personas al frente de las instituciones que no han logrado cambiar de fondo nada.
P: Pero vemos el Informe de la Comisión local, de la Comisión Nacional, pero no vemos del sistema penitenciario. En realidad la actual funcionaria, la actual titular no ha mostrado ni siquiera en qué condiciones están los 10 centros de reclusión.
LGP: Ahí sería importante hacer una petición de transparencia y rendición de cuentas. Yo no sé si ella rinda informes, ante quién. En todo caso al Gobierno de la ciudad sí le toca rendir un informe acerca de cómo están las prisiones hoy en día y las razones por las que están así.
P:¿Es necesario que haya más transparencia?
LGP: Sí es necesario. Es necesario que se sepa claramente por ejemplo, cuál es el número de personas que llegan, porqué tipos de delitos. Eso lo hemos sabido por investigaciones que se han hecho en instituciones académicas.
P: Pero no por información oficial.
LGP: Los primeros que deberían de dar esa información serían las autoridades.
P:¿La Subsecretaría ha tenido acercamiento con usted después de su Informe, se ha interesado en ver que es uno de los focos rojos que usted marcó?
LGP: Es el primero que tenemos hoy después del Informe.
P: Tal parece que la dinámica de las instituciones de gobierno es aceptar las Recomendaciones, firmar convenios, capacitar, pero tangiblemente no se ve nada. Tal parece que ya la figura de la Comisión nada más es un protocolo para las instituciones, para la Secretaría de Gobierno. ¿Qué está pasando, cómo se va modificar la Comisión para hacer…?
LGP: Es un problema grave efectivamente, ya lo he señalado en otros momentos, tenemos que evitar llegar a un punto en el que las Recomendaciones no tengan efecto o bien que se negocien, como desafortunadamente ocurre a la hora de la aceptación, que no acepten parcialmente o que nos pongan condiciones sobre modalidades de aceptación de Recomendaciones.
P:¿Cómo se ha comportado el sistema penitenciario en ese aspecto?
LGP: La último Recomendación la aceptaron en su totalidad, hay una reserva con respecto al primer punto que está relacionado con reconocer la responsabilidad directa sobre los hechos que son materia de la Recomendación. Estamos solicitándole al Secretario de Gobierno que reconsidere esa respuesta porque es importante que las Recomendaciones de la Comisión sean aceptadas integralmente.
P:¿No habría que recurrir a los legisladores?
LGP: Ahora estamos justamente en una dinámica en la que estamos revisando la Ley de la Comisión, pensamos que es importante fortalecer los mecanismos con los que contamos. No estamos en la lógica de que las Recomendaciones sean obligatorias porque eso tiene otras implicaciones. Sí la de producir efectos en las autoridades que no acepten las Recomendaciones o que las aceptan parcialmente.
P:¿Qué opinión le merece la declaración de la CNC de hoy que se está por rebasarse los 26 millones de personas en extrema pobreza?
LGP: Ese es un dato que hay que tomar en consideración especialmente si consideramos que la pobreza es uno de los principales factores de producción de inseguridad y delincuencia. Eso tendría que implicar un replanteamiento en las estrategias que hay en materia de seguridad pública para atender más, desde una perspectiva social, los problemas del país.
P: El Procurador capitalino dice que ningún convenio internacional está por encima de la Carta Magna y que no va a aceptar el planteamiento que hace la ONU con respecto a la figura del arraigo hasta que no haya un decreto oficial. ¿No sé si ustedes ya entraron en contacto con él, han platicado, le han planteado este asunto para modificar la figura del arraigo?
LGP: Como saben, tenemos una queja que está relacionada con el tema y que está bajo investigación. Ahí es donde vamos a plantear nuestra posición, la conocen todos, de no aceptación de la figura del arraigo. Ahora, entiendo que el Procurador se refiere a lo que se llama Soft Law, a todos estos tratados internacionales que no forman parte de la legislación positiva mexicana, porque los otros son absolutamente obligatorios. Desde luego que todos los que han sido firmados por el Senado mexicano son de observancia obligatoria.
P:¿No perjudicaría eliminar la figura del arraigo en las investigaciones? ¿Lleva una implicación de perjudicar o ampliar precisamente las investigaciones en personas que corresponden a ciertos delitos?
LGP: Desde el punto de vista de los derechos humanos no. Tampoco podemos llegar al caso en el que tengamos que obviar la protección de derechos humanos con miras a asegurar la captura de personas. Es el mismo caso que tenemos con la prisión preventiva, lo podemos aplicar acá. En todo caso habría que pensar en situaciones excepcionales, pero no se puede usar el arraigo para todos los casos, ni tampoco de una manera laxa.
P:¿Se ha hecho un abuso de la figura del arraigo?
LGP: En la opinión de la Comisión sí hay un abuso en la figura del arraigo.
P: En el caso de la niña Paulette arraigaron a sus papás sin que hubiera verdaderamente un motivo y el mismo Procurador así lo mencionó. ¿Cuál es su opinión en este caso?
LGP: En ese caso volvemos a ver que las deficiencias del proceso implican una serie de desvaríos y de hipótesis erradas que hoy por hoy lo que tenemos seguro es que no podemos saber qué paso, y seguramente será muy difícil establecer con certeza qué paso en ese caso. Entonces el arraigo no ayudó en nada en esa situación, por ejemplo. Lo que hacía falta era certidumbre a la hora de asegurar el lugar de los hechos, hacía falta certidumbre a la hora de mencionar si había sido homicidio o no había sido homicidio, hizo falta certeza a la hora de plantear a los presuntos responsables. Todo eso de lo que da cuenta es de la ineficiencia del sistema penal como lo tenemos.
